Para la mayoría de los mexicanos, el inicio de enero de 2026 representa el retorno a la rutina, los propósitos de año nuevo y la planeación del ciclo escolar. Sin embargo, para miles de familias en estados como Zacatecas, Chiapas, Michoacán y Guerrero, el concepto de “hogar” se ha convertido en un recuerdo doloroso o en una casa de seguridad compartida con desconocidos. No cruzaron una frontera internacional, no tienen un pasaporte sellado, pero son extranjeros en su propia tierra. Son los desplazados internos, la herida que sangra en silencio bajo la superficie de las estadísticas oficiales.
El desplazamiento forzado interno (DFI) es, quizás, el fenómeno social más desgarrador de la década. A diferencia de la migración económica, donde existe un proyecto de vida y una decisión —aunque difícil—, el desplazamiento es una huida desesperada. Es el resultado de un Estado que, en regiones específicas, ha cedido el control del territorio a manos criminales, dejando a la población civil en el fuego cruzado o bajo el yugo de la extorsión total.
Las cifras del olvido: Un balance al inicio de 2026
Según los monitoreos más recientes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y reportes actualizados al cierre de 2025 por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), México suma ya más de 386,000 personas en situación de desplazamiento forzado acumulado. Solo en el último año, eventos masivos en la zona fronteriza de Chiapas y en la Sierra de Guerrero añadieron miles de nombres a esta lista.
Lo alarmante de 2026 no es solo el número, sino la “cronicidad” del fenómeno. El 60% de los desplazados lleva más de tres años fuera de sus comunidades de origen. Esto significa que niños que cursaban la primaria hoy son adolescentes que han perdido su arraigo, sus tradiciones y su estabilidad educativa. Como señala la Dra. Elena Azaola, experta en antropología social, “el desplazamiento destruye el capital social; cuando una familia huye, se rompe la transmisión de valores y el tejido de confianza que sostiene a una nación”.
El drama humano: “Empacar la vida en una bolsa de basura”
Detrás de la gráfica de barras hay rostros. Está el caso de “Rosa” (nombre cambiado por seguridad), una mujer de 35 años que hace apenas tres meses tuvo que abandonar su huerta de limones en Michoacán. “No nos fuimos porque quisiéramos probar suerte en la ciudad. Nos fuimos porque nos dieron 24 horas para entregar las llaves de la casa o entregar a mi hijo mayor para ‘la leva’ (reclutamiento forzado). Salimos con lo puesto y una bolsa con documentos”, narra desde un comedor comunitario en Guadalajara.
Este testimonio refleja la violación sistemática al derecho humano fundamental de la libertad de residencia y el derecho a la paz. Para las generaciones jóvenes, los Millennials y Centennials que hoy consumen información de manera inmediata, es vital entender que el desplazamiento no es solo un problema de “gente de campo”; es un ataque directo a la dignidad humana que desestabiliza las ciudades receptoras y profundiza la desigualdad económica.
Desde la perspectiva humanista, el desplazamiento forzado es un pecado social que clama justicia. El Papa Francisco fue enfático en que “los desplazados internos son una presencia a menudo invisible, que la crisis mundial actual ha exasperado”. En México, el principio de Solidaridad nos obliga a no mirar hacia otro lado.
El Bien Común se ve gravemente vulnerado cuando el Estado incumple su función primaria: garantizar la seguridad de sus ciudadanos en sus propios hogares. La DSI resalta que la propiedad privada tiene una función social y que el despojo violento de tierras es una afrenta a la justicia distributiva. En este sentido, los valores de los mexicanos —la hospitalidad y la caridad— se han visto puestos a prueba. Si bien muchas parroquias se han convertido en los únicos refugios reales para estas familias, la caridad no puede sustituir a la justicia.
La ausencia de un marco legal: El vacío del Estado
Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en este 2026 es la falta de una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno. Aunque la Cámara de Diputados ha tenido minutas pendientes por años, la voluntad política parece diluirse en la burocracia. Sin una ley, los desplazados no existen legalmente: no tienen acceso a programas de vivienda específicos, sus hijos enfrentan trabas para inscribirse en escuelas nuevas por falta de documentos originales, y sus tierras, en muchos casos, son ocupadas legalmente por los mismos victimarios.
El respeto a la legalidad en México exige que se reconozca oficialmente la magnitud del problema. No se puede solucionar lo que no se nombra. El gobierno federal y los gobiernos estatales deben dejar de tratar el desplazamiento como un “problema de migración” y entenderlo como una crisis de derechos humanos y seguridad nacional.
Propuestas para la reconstrucción y el retorno
Para que 2026 no sea otro año de destierros, es necesario pasar de la asistencia a la solución estructural. Yo Influyo propone tres ejes de acción ciudadana y política:
* Reconocimiento y Censo Real: Es urgente un padrón nacional de personas desplazadas que permita identificar sus necesidades de salud mental, empleo y educación, respetando siempre su anonimato frente a sus perseguidores.
* Protocolos de Retorno Seguro: El retorno no puede ser voluntarista. Exige la recuperación efectiva del territorio por parte de las fuerzas del orden y la desarticulación de las estructuras criminales que originaron la huida.
* Protección de la Propiedad: Implementar mecanismos legales que impidan la venta forzada o el despojo de propiedades de personas desplazadas, asegurando que su patrimonio les espere cuando sea seguro volver.
La identidad mexicana está profundamente ligada a la tierra, al barrio y a la comunidad. Cuando un mexicano es obligado a huir, una parte de México muere con ese abandono. Como sociedad civil, nuestra labor es dar voz a quienes han sido silenciados por el miedo.
Alzar la voz por los desplazados es defender nuestra propia libertad. Si hoy permitimos que una familia sea expulsada de su hogar en Chiapas o Zacatecas sin consecuencia alguna, mañana el derecho de cualquier mexicano a vivir en paz será papel mojado. La herida es invisible porque no queremos verla, pero el dolor es real y la exigencia de justicia es impostergable.
México no estará completo hasta que cada uno de sus hijos pueda dormir bajo su propio techo, sin miedo y en libertad.
Fuentes y Referencias:
* Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Informe Anual de Desplazamiento Forzado Interno 2025.
* Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Global Report on Internal Displacement (GRID) 2025.
* Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. “Acoger a Cristo en los refugiados y en las personas desplazadas forzosamente”.
* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 11 (Libertad de tránsito y residencia).
* Observatorio de Desplazamiento Interno en México (ODIM).
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