México es una nación unida por una historia común, una lengua compartida y una identidad nacional que trasciende fronteras. Sin embargo, bajo esta unidad oficial se esconde una realidad de profundas desigualdades que dividen al país en múltiples fragmentos. Estas disparidades no son producto de la casualidad, sino de procesos históricos, políticas públicas inadecuadas y estructuras económicas que han favorecido a unos pocos en detrimento de muchos.
Las raíces de la desigualdad en México se remontan a la época virreinal, cuando se estableció un sistema económico y social que favorecía a una élite privilegiada, mientras que la mayoría de la población, especialmente los pueblos indígenas, fue sometida a condiciones de explotación y marginación. Este patrón de concentración de riqueza y poder se perpetuó durante el México independiente, donde las políticas de desarrollo se concentraron en el centro y norte del país, dejando al sur y sureste en un estado de rezago persistente.
Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero mantienen los índices más altos de marginación. Por ejemplo, el Índice de Rezago Social 2020 del Coneval señala que en Chiapas el 76 por ciento de la población está en algún grado de rezago social, en Oaxaca 68 por ciento y en Guerrero 65 por ciento, mientras que en ciudades como Monterrey o Ciudad de México, el índice de desarrollo humano es significativamente más alto, con acceso casi universal a educación, empleo, servicios de salud e infraestructura urbana.
Las políticas públicas implementadas a nivel federal no han logrado revertir estas disparidades, y la falta de inversión en estas regiones ha perpetuado un ciclo de pobreza y exclusión.
Entre los grupos más afectados por la desigualdad se encuentran los pueblos indígenas, quienes enfrentan barreras lingüísticas, culturales y económicas que limitan su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Además, las mujeres indígenas y los niños menores de cinco años son particularmente vulnerables a la pobreza extrema. La discriminación estructural, la falta de políticas inclusivas y la ausencia de infraestructura adecuada contribuyen a su situación de desventaja.
Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) 2022, la población indígena asciende a 12.1 millones de personas, lo que representa el 10.2 por ciento de la población total del país. De ellos, el 71.2 por ciento vive en situación de pobreza y el 23 por ciento en pobreza extrema, cifras muy superiores al promedio nacional, que se ubica en 43.9 por ciento de pobreza y 7.4 por ciento de pobreza extrema. Estas cifras muestran que el rezago social está concentrado en grupos históricamente marginados.
Otras caras de la desigualdad
México ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la pobreza por ingresos descendió del 49.9 por ciento en 2018 al 35.4 por ciento en 2024, lo que representa una disminución de 15.8 millones de personas en situación de pobreza.
Sin embargo, persisten profundas desigualdades que afectan principalmente a grupos vulnerables y a las mujeres. En 2024, el 29.6 por ciento de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza, con 5.3 por ciento en pobreza extrema, y aunque la pobreza ha disminuido en términos absolutos, aún existen sectores altamente vulnerables. Por ejemplo, el 30.1 por ciento de las mujeres están en pobreza, frente al 28.9 por ciento de los hombres.
Además, el 48.2 por ciento de la población carece de seguridad social y el 34 por ciento no tiene acceso a servicios de salud adecuados, de acuerdo a datos de la organización México Cómo Vamos.
En el ámbito laboral, las mujeres en México enfrentan una significativa desigualdad ya que en promedio, las mujeres ganan seis mil 360 pesos al mes, mientras que los hombres perciben nueve mil 762 pesos, lo que representa una brecha salarial del 35 por ciento.
Esta disparidad se debe a diversos factores, incluyendo la concentración de mujeres en sectores de menor remuneración y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Acciones efectivas para el cambio
Para avanzar hacia una nación más justa y equitativa, es fundamental adoptar un enfoque de desarrollo regional que reconozca las particularidades de cada zona y promueva la inclusión. Esto implica:
- Inversión en infraestructura básica: Mejorar el acceso a servicios de salud, educación, agua potable y electricidad en las regiones más rezagadas.
- Políticas públicas inclusivas: Diseñar programas que consideren las necesidades específicas de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.
- Descentralización del poder: Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para que puedan implementar políticas adaptadas a sus contextos.
- Fomento a la economía local: Apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que generen empleo y riqueza en las comunidades.
- Educación intercultural: Promover sistemas educativos que respeten y valoren las lenguas y culturas indígenas.
México es una nación rica en diversidad, pero esta riqueza no se distribuye equitativamente. Con más de 12 millones de indígenas en situación de pobreza y extrema pobreza, y regiones como el sur y sureste rezagadas frente a los polos de desarrollo urbano-industrial del norte y centro, la desigualdad sigue siendo un desafío estructural. La cohesión nacional dependerá de políticas que combinen inversión, inclusión y descentralización, para que ser mexicano signifique tener las mismas oportunidades, sin importar el lugar de nacimiento o la lengua materna.
Te puede interesar: Innovación del IPN revoluciona cardiología
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
