El 3 de junio de 2019, funcionarios del condado de Los Ángeles detuvieron a Naasón Merarí Joaquín García, considerado por sus feligreses como el “Apóstol” de la iglesia La Luz del Mundo, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Durante los siguientes tres años, su caso atravesó pasillos judiciales, declaraciones conmovedoras, objeciones al mecanismo de justicia y una sentencia que, para muchas de sus presuntas víctimas, quedó lejos de la verdadera reparación.
En junio de 2022, Joaquín García firmó un acuerdo de culpabilidad (plea deal) que redujo los cargos en su contra de los 23 originales a tan solo tres delitos por abuso sexual infantil. Aquel pacto le mereció una condena de 16 años y 8 meses de prisión en California. Esta historia, sin embargo, no concluye con la sentencia: las voces de las Jane Does, las críticas al mecanismo legal y las repercusiones institucionales evidencian conflictos éticos, legales y humanos cuyo impacto trasciende fronteras.
A continuación exploraremos los ejes clave del caso: los cargos iniciales y funcionamiento del modus operandi; los testimonios que rompieron el silencio; el pacto judicial y sus implicaciones; y finalmente, reflexiones sobre justicia, dignidad humana y lecciones para México desde la Doctrina Social de la Iglesia.
Cargos originales, modus operandi y colaboradores
Los cargos originales: 26 acusaciones
Cuando la Fiscalía de California presentó cargos en 2019 y 2020, la acusación contenía hasta 26 delitos cometidos entre 2015 y 2018, que incluían violación, agresión forzada, tráfico sexual, producción de pornografía infantil y abuso sistemático de menores bajo la tutela espiritual de la iglesia. El documento oficial de justicia de EE. UU. indica que Joaquín García y sus colaboradores “abusaron del poder, doctrina y estructura de la iglesia” para forzar actos sexuales con niñas, adolescentes y mujeres.
Entre los cargos más graves estaban:
- Dos cargos por cópula oral forzada con menores de edad.
- Un cargo de acto lascivo con un niño de 15 años.
- Acusaciones de crimen organizado, tráfico sexual y participación en una red sistemática de explotación.
El modus operandi: fe, soborno espiritual y coacción
Lo que distingue este caso no es solo la gravedad de los delitos, sino la dinámica religiosa con que se ejecutaron. En la demanda presentada por las Jane Does, se alega que desde niñas se les inculcó que Joaquín era una figura “literal de Dios en la tierra”, que sus pedidos eran órdenes divinas, y que desobedecerlos implicaba consecuencias eternas como “maldición”, infertilidad o ruina personal.
Uno de los documentos de prensa recuerda que se ordenaba a colaboradoras (como Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel) adoctrinar a las víctimas, “por cualquier medio necesario”, para reforzar el mensaje de autoridad espiritual. En algunos casos, se describe que estas colaboradoras escortaban a menores a moteles donde se tomaron fotografías desnudas y se generaba presión para que otras jóvenes participaran en actos sexuales colectivos. Se les decía que vestir lencería, leer pasajes bíblicos u obedecer órdenes específicas, incluso sexuales, representaba una forma de “bendecir” su fe.
El poder simbólico de la iglesia, combinado con mensajes de condena espiritual, funcionaba como un mecanismo coercitivo poderosísimo: una víctima relató, durante la audiencia de sentencia, que había sido tratada como “sacrificio” y que “adoraba a mi agresor” bajo la presión doctrinal.
Colaboradoras y su rol central
Las colaboradoras juegan un papel fundamental en delinear la red de complicidades. En el pleito legal civil subsecuente, se identificó que Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel ayudaron a “adiestrar” a las víctimas, acercarlas a Joaquín y supervisar el secreto y control. La esposa del líder, Alma Zamora, también fue señalada de conocimiento de los hechos y operaciones clandestinas.
Según el fiscal estadounidense, los acusados usaron recursos de la iglesia para ocultar evidencia, destruir material incriminatorio y financiar operaciones encubiertas. En caso de condena federal adicional, se les atribuye conformar un “enterprise” criminal que operó durante décadas.
Las víctimas, en documentos públicos y durante la audiencia de sentencia, ofrecieron relatos desgarradores. Una de ellas, conocida como Jane Doe 1, declaró:
“Siento que este plea deal permite que él escape las verdaderas consecuencias de sus acciones… él destruyó nuestras vidas.” “Me dijeron que era un privilegio recibir su bendición… luego fue una pesadilla.”
Durante la sentencia, el juez Ronald Coen dijo a las víctimas: “Ustedes han sido escuchadas. El mundo las ha oído”. También calificó públicamente a Joaquín como un “depredador sexual”. Algunos abogados que representan casos civiles objecionaron el acuerdo diciendo que se omitió transparencia y que el público nunca escuchó ciertos testimonios ni el alcance total de los daños.
El día de la audiencia, las víctimas lloraron, pidieron rectificación pública y reclamaron que no fueron consultadas en el arreglo de cargos. En contraste, muchos fieles realizaron vigilias y rezos afuera de la corte, declarando que Joaquín era inocente o víctima de persecución política.
Las reacciones institucionales también fueron contundentes. El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió un comunicado afirmando que la sentencia representaba “un paso crítico hacia la justicia” y que, aunque no borraría el daño, marcaba un precedente: que “los abusadores —no importa quiénes sean— serán responsabilizados”.
Implicaciones del plea deal, condena y destino carcelario
El acuerdo: reducción de cargos y negociación estratégica
El pacto de culpabilidad definido pocos días antes del inicio del juicio fue determinante. Joaquín García aceptó declararse culpable de solamente tres cargos —dos por cópula oral con menores y uno por acto lascivo— mientras que 16 cargos adicionales, incluidos violación y tráfico sexual, fueron retirados.
Para algunas víctimas y abogados, el acuerdo fue “peligroso” porque evitó un juicio público pleno donde habrían sido expuestas todas las pruebas, declaraciones y la magnitud del daño. Según la abogada Heather Brown: “Nunca en mi carrera vi un plea deal más riesgoso… no hubo juicio y la comunidad no escuchó la verdad completa”.
Los defensores del acuerdo señalan que ello aseguró una condena sustancial sin la incertidumbre del veredicto del jurado y evitó un proceso prolongado que podría haber implicado apelaciones o absoluciones parciales.
La sentencia: 16 años, 8 meses y registro vitalicio
El 8 de junio de 2022, el juez Ronald Coen impuso a Joaquín García la pena máxima acordada: 16 años y 8 meses de prisión, además de la obligación de inscribirse como delincuente sexual de por vida. El fiscal Bonta consideró la sentencia como un “mensaje claro” sobre responsabilidad.
Sus colaboradoras también enfrentaron consecuencias: Susana Medina Oaxaca se comprometió con un año de libertad condicional más terapia; Alondra Ocampo, con múltiples cargos de contacto sexual con menores, debía recibir pena posterior.
Tras la condena, Joaquín fue enviado al sistema penitenciario estatal. Se realizaron evaluaciones para determinar su ubicación adecuada entre cárceles de alta, media o mínima seguridad.
Elegibilidad para libertad condicional y consecuencias adicionales
Según fuentes, Joaquín García podría volverse elegible para libertad condicional en etapas posteriores, aunque con las restricciones del registro de delincuentes sexuales y la supervisión postpenal. También se prevé que permanezca registrado como delincuente sexual ante autoridades policiales.
Pero su situación legal no concluye con esta condena estatal: en 2023, fue acusado por producir y poseer pornografía infantil federalmente, y en septiembre de 2025 enfrentó nuevas acusaciones federales en Nueva York por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual e intercambio de material pornográfico con menores. En ese proceso federal reciente, Joaquín se declaró “no culpable”.
Las autoridades federales alegan que Joaquín y otros implicados operaron una red de explotación sistemática que cruzó fronteras y generaciones.
El caso de Naasón Joaquín representa un ejemplo paradigmático de cómo estructuras de poder religioso pueden encubrir delitos aberrantes bajo la apariencia de fe. Las mujeres que desde niñas recibieron adoctrinamiento, aislamiento y amenazas espirituales fueron sometidas a abusos sistemáticos, y cuando alzaron la voz, el sistema legal respondió con un plea deal que para muchas quedó corto.
¿Justicia plena o justicia limitada?
Los acuerdos de culpabilidad, como instrumentos legales, tienen sentido práctico: agilizan casos, garantizan condenas seguras y reducen costos procesales. Sin embargo, en este caso, su aplicación dejó sin archivo público una parte importante de la verdad. Las Jane Does reclamaron no haber sido consultadas, no haber visto determinados documentos ni tener acceso a juicio pleno. Ellas pedían “una vida por cada una”: un reclamo de justicia simbólica profundamente humano.
El juez Coen intentó reconocer el dolor: manifestó que “sus manos estaban atadas” por el acuerdo, pero aseguró que el mundo escuchó a las víctimas. Aun así, no fue suficiente para quienes buscaban una reparación moral, pública y completa.
Lecciones desde México con valores humanistas
- Dignidad humana por encima del poder: la fe no puede legitimar crímenes. La dignidad de cada persona está por encima de cualquier cargo religioso.
- Transparencia y verdad pública: los procesos judiciales que afectan a comunidades deben ser públicos, porque la confianza social se construye con luz, no con pactos ocultos.
- Protección de los vulnerables: hay que fortalecer mecanismos legales e institucionales que escuchen y protejan a víctimas dentro de contextos religiosos, donde el silencio puede estar impuesto.
- Responsabilidad institucional: no solo el agresor debe rendir cuentas, sino las estructuras que permitieron o encubrieron la violencia.
- Educación en conciencia crítica: las comunidades, especialmente jóvenes, necesitan herramientas para cuestionar autoridades que reclamen obediencia absoluta.
Hoy, Joaquín García cumple su condena en California, mientras enfrenta nuevos procesos federales que podrían llevarlo a cadena perpetua si se le encuentra culpable en EE. UU. Pero las Jane Does ya lograron algo fundamental: romper el silencio, transformar un juicio en símbolo y reclamar que la justicia se incline hacia quienes fueron víctimas.
Este caso debe leerse no solo como un escándalo eclesial o legal, sino como advertencia para México: ninguna estructura —ni religiosa, política o social— está por encima del imperio de la ley ni del respeto a la dignidad. Y cuando la fe se convierte en máscara de abuso, corresponde a todos actuar con coraje.
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