“Ya no nos piden cuota mensual. Nos llaman cada semana. Si no pagas, sabes que alguien puede salir herido”. La voz de Laura, dueña de una papelería en Ecatepec, Estado de México, tiembla al recordar los últimos meses. Su historia no es aislada. Según el más reciente Monitor de Seguridad de Coparmex, la extorsión en México ha alcanzado su nivel más alto en una década.
La confederación patronal lanzó una severa advertencia el 28 de julio, amplificada por más de 181 notas y entrevistas en medios de comunicación en todo el país: la inseguridad, y en particular la extorsión, está minando la confianza para invertir, emprender y crecer en México. “La confianza para invertir depende de que se respete la legalidad y se combata la impunidad con determinación”, fue el mensaje clave que resonó desde los micrófonos de ADN40 hasta las páginas digitales de más de 70 medios.
Una espiral creciente: cifras y contexto
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de 2025 se han registrado más de 5,200 carpetas de investigación por extorsión, un aumento superior al 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero el problema va más allá de lo denunciado: el propio INEGI, en su Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE), ha estimado que 9 de cada 10 casos de extorsión no se denuncian, ya sea por miedo o por desconfianza en las autoridades.
Esta tendencia se ha recrudecido especialmente en estados como Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Michoacán, donde empresarios y comerciantes enfrentan una doble presión: pagar cuotas al crimen organizado o atenerse a represalias. En muchos casos, los mismos agentes estatales o municipales están coludidos, lo que perpetúa un sistema de impunidad estructural.
Coparmex: un grito por el Estado de Derecho
La ofensiva mediática de Coparmex no se queda en la denuncia: busca presionar para que el tema de la seguridad empresarial escale en la agenda pública y política. La rueda de prensa fue replicada en al menos 98 medios de 20 ciudades y respaldada por voces influyentes como Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del Río, Sergio Sarmiento y Maricarmen Cortés. En ella se reiteró la exigencia de tres puntos clave:
- Garantías mínimas de seguridad para emprendedores y empresarios.
- Estrategias efectivas de contención del delito de extorsión.
- Combate frontal a la impunidad mediante el fortalecimiento de fiscalías y jueces.
“Es inadmisible que en pleno 2025, abrir un negocio en México sea una sentencia de riesgo”, declaró el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, en entrevista con Imagen Radio. “Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay futuro”.
Emprender en la sombra: testimonios desde el abismo
Carlos, joven restaurantero en Puebla, decidió cerrar su local luego de recibir amenazas directas a su familia. “El mensaje llegó con fotos de mis hijos saliendo de la escuela. El crimen no solo quiere tu dinero, quiere tu paz”. Como él, miles de emprendedores han reducido operaciones, migrado al extranjero o decidido trabajar en la informalidad para evadir el radar del crimen.
Según cifras del INEGI, más de 2.5 millones de microempresas desaparecieron entre 2020 y 2024. Aunque la pandemia fue un detonante inicial, la inseguridad ha sido un factor clave para que muchas de ellas no hayan reabierto jamás.
La extorsión no se limita a sectores tradicionalmente vulnerables. Empresas de logística, salud, educación y hasta comercio electrónico han reportado amenazas, cobros por “derecho de piso” y secuestros exprés a personal directivo. Las víctimas oscilan desde emprendedores jóvenes hasta corporativos establecidos.
La respuesta del Estado: insuficiente y desarticulada
Aunque el gobierno federal ha promovido narrativas de reducción de violencia, los datos lo desmienten. Si bien algunos delitos como el robo a casa habitación han descendido, la extorsión y el cobro de piso —formas más organizadas y estructuradas de crimen— se han expandido. La Estrategia Nacional de Seguridad 2019–2024 fue diseñada sin enfoque específico en protección empresarial ni articulación con cámaras comerciales.
El economista Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, ha advertido que la inseguridad tiene un impacto más corrosivo en la economía que la inflación o la devaluación, porque paraliza la toma de decisiones. Por su parte, la ONU ha señalado en informes recientes que América Latina pierde el 3.5% de su PIB por el costo de la violencia, siendo México uno de los casos más graves.
La cultura de la legalidad como escudo
Ante este panorama, el llamado de Coparmex a respetar el Estado de Derecho exige que toda economía esté al servicio del ser humano, no al revés. Un entorno donde la violencia prevalece es incompatible con la dignidad de la persona y con el desarrollo integral.
El respeto a la ley justa, el fortalecimiento de la autoridad legítima y la promoción del bien común son condiciones indispensables para una economía que promueva la vida y la justicia.
Por eso, más allá de los discursos, se requiere una transformación ética del aparato público y un compromiso ciudadano por construir comunidades que no toleren la extorsión ni la impunidad.
¿Qué sigue? De la denuncia a la acción colectiva
Coparmex ha anunciado que este reporte es solo el inicio de una serie de acciones para visibilizar el costo humano y económico de la inseguridad. Además del monitoreo mensual, buscará alianzas con gobiernos estatales, ONGs y universidades para fortalecer las rutas de denuncia, capacitar a empresarios en protocolos de protección y generar políticas públicas eficaces.
Laura, la dueña de la papelería en Ecatepec, concluye con una frase que interpela: “No queremos dádivas ni subsidios. Solo queremos trabajar sin miedo”. Su exigencia es legítima. Y su historia, como la de miles, es el espejo de un país que aún tiene mucho que corregir si quiere que la esperanza y la legalidad vuelvan a ser el terreno fértil para los sueños mexicanos.
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