En medio de un periodo extraordinario de sesiones que pasará a la historia por su rapidez y el volumen de reformas aprobadas, el Congreso mexicano dio luz verde a la Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sustituye al marco regulatorio vigente desde 2014. Con 269 votos a favor y 217 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el 28 de junio de 2025 esta iniciativa que —según sus impulsores— busca democratizar los medios de comunicación, garantizar el acceso equitativo a las telecomunicaciones y reducir la influencia de intereses extranjeros.
Sin embargo, críticos de diversos sectores advierten que esta reforma representa un grave riesgo para la autonomía regulatoria, la libertad de expresión y la pluralidad informativa en el país. La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Telecomunicaciones, Difusión y Tecnologías (ATDT) son el eje central de este viraje legal.
¿Qué dice la nueva iniciativa?
La Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla tres grandes transformaciones:
- Desaparición del IFT y creación de la ATDT
- El IFT, órgano autónomo creado en la reforma de telecomunicaciones de 2013-2014, dejará de existir. Sus funciones serán absorbidas por la nueva ATDT, un organismo centralizado que operará bajo un Consejo de Estado.
- Control de concesiones y regulación de publicidad extranjera
- La ATDT será responsable de otorgar, renovar y revocar concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, así como de supervisar contenidos publicitarios extranjeros en medios nacionales.
- Eliminación del artículo sobre bloqueos
- La propuesta original contemplaba permitir bloqueos de señales de telecomunicaciones en situaciones consideradas de “seguridad nacional”, pero este apartado fue eliminado tras fuertes críticas de organismos de derechos humanos y expertos.
¿Por qué fue impulsada?
El gobierno y los legisladores de la coalición mayoritaria argumentaron que esta ley era necesaria para:
- Democratizar los medios y reducir la concentración de concesiones en manos de pocos actores económicos.
- Limitar la influencia extranjera, especialmente en publicidad y contenidos, con el argumento de proteger la identidad nacional y la soberanía cultural.
- Agilizar la regulación tecnológica ante la irrupción de nuevas plataformas digitales.
La diputada María del Rosario Campero, presidenta de la Comisión de Comunicaciones, defendió la iniciativa: “No podemos seguir permitiendo que los intereses privados y foráneos dicten qué se dice, qué se ve y quién tiene acceso a los medios”.
Riesgos, críticas y consecuencias negativas
A pesar de sus objetivos declarados, la ley ha recibido severas críticas tanto en el ámbito nacional como internacional:
1. Desaparición de la autonomía
- El IFT era un organismo autónomo, reconocido por organismos internacionales como la OCDE, por su papel en garantizar imparcialidad y competencia. Su eliminación representa, para muchos, un grave retroceso democrático.
- La periodista Denisse Dresser advirtió: “Sin autonomía regulatoria, el control de los medios queda en manos del gobierno en turno, lo que abre la puerta a censura, clientelismo y manipulación”.
2. Potencial de censura y control de contenidos
- Aunque se eliminó el artículo sobre bloqueos, expertos alertan que la capacidad de la ATDT para revocar concesiones podría usarse de forma arbitraria contra voces críticas.
- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez subrayó: “La ley deja una puerta abierta al uso político de las telecomunicaciones, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
3. Riesgo para inversiones y certidumbre económica
- Analistas de Moody’s y Fitch Ratings han advertido que este nuevo marco legal podría desalentar la inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones, afectando el desarrollo tecnológico y la competitividad del país.
4. Inseguridad jurídica
- La falta de reglas claras y la concentración de poder en la nueva ATDT generan incertidumbre legal para los operadores actuales.
Fortalezas y posibles beneficios
A pesar de las críticas, algunos analistas y legisladores destacan aspectos positivos de la nueva legislación:
- Mayor control de contenidos nocivos o desinformación: La ATDT tendría herramientas para frenar campañas de desinformación o injerencia extranjera, particularmente en tiempos electorales.
- Acceso equitativo a concesiones: Se busca democratizar el espectro radioeléctrico, abriendo espacio a medios comunitarios e indígenas que históricamente han sido marginados.
- Aceleración de la digitalización: La nueva ley pretende impulsar la conectividad y la cobertura digital en comunidades remotas.
¿Cómo afectará a los ciudadanos en su vida diaria?
Los efectos tangibles para la población mexicana podrían ser los siguientes:
- Posible restricción de contenidos o medios críticos
- Algunos canales o estaciones de radio podrían perder su concesión si la ATDT considera que incumplen los nuevos criterios. Esto podría limitar el acceso a información diversa.
- Cambios en la publicidad
- Se regularán los anuncios extranjeros, lo que podría modificar la oferta publicitaria en radio, televisión y plataformas digitales.
- Impacto en costos y calidad de servicios
- La incertidumbre regulatoria podría frenar inversiones en infraestructura, afectando la calidad y el costo de los servicios de internet y telecomunicaciones.
- Redefinición del espacio mediático
- La entrada de más medios comunitarios podría enriquecer la diversidad informativa en regiones marginadas.
La preocupación ciudadana es palpable. Luis Estrada, director de SPIN-Taller de Comunicación Política, comentó: “La ley puede venderse como democratizadora, pero en los hechos puede derivar en un Estado que controle el micrófono y silencie las críticas”.
María Juárez, una joven locutora comunitaria de Oaxaca, comparte: “Ojalá esta nueva ley nos permita tener voz a los pueblos originarios, pero temo que sea un arma de doble filo”.
La Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se presenta como una reforma con el potencial de democratizar los medios y reducir el poder de grandes consorcios. Sin embargo, su diseño centralizador, la eliminación del IFT y la amplia discrecionalidad conferida a la ATDT han encendido alarmas sobre un posible retroceso en libertades fundamentales.
A mediano y largo plazo, estas transformaciones podrían afectar tanto la libertad de expresión como la calidad de los servicios de telecomunicaciones en México. El verdadero impacto dependerá, en gran medida, de cómo se implemente esta ley y de la capacidad de la sociedad civil, medios independientes y organismos internacionales para vigilar su aplicación.
Como dijo el constitucionalista Pedro Salazar Ugarte: “Las leyes no solo se juzgan por su letra, sino por sus consecuencias reales en la vida de los ciudadanos”.
La ciudadanía tiene ahora la palabra.
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