Este 2025 comenzó una nueva etapa en la vida de México: la toma de protesta de nuevos jueces federales y la anunciada reestructuración del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque pueda sonar a un acto protocolario, detrás de esta ceremonia se encuentran decisiones que marcarán la manera en que se imparte justicia en el país durante los próximos años.
“Cuando un juez levanta la mano y protesta guardar la Constitución, lo que está en juego no es un trámite, sino la confianza de millones de ciudadanos en que sus derechos serán respetados”, afirma la constitucionalista María Marván, exconsejera del IFE.
El origen del cambio: contexto y marco legal
La rotación y el nombramiento de jueces y magistrados no son hechos extraordinarios: forman parte de la renovación periódica del Poder Judicial, cuyo marco legal está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Sin embargo, la coyuntura actual es distinta. En paralelo a la toma de protesta, el Ejecutivo y el Legislativo han impulsado reformas que buscan reestructurar el sistema judicial bajo la bandera de la eficiencia y la cercanía con la ciudadanía. Según el propio CJF, la reforma pretende “fortalecer la especialización, reducir los rezagos procesales y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional”.
Pero críticos como el ministro en retiro José Ramón Cossío advierten que los cambios pueden abrir la puerta a riesgos: “Cada vez que se reconfigura el poder judicial debe vigilarse que no se esté disfrazando un intento de control político sobre la justicia”.
Qué significa la toma de protesta
El acto de protesta de los jueces tiene dos dimensiones: simbólica y práctica.
- Simbólica: reafirma el compromiso de los nuevos integrantes del poder judicial con la Constitución y con los ciudadanos.
- Práctica: a partir de ese momento, el juez queda habilitado para conocer y resolver casos, así como para ejercer funciones administrativas en los tribunales.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández ha subrayado que la independencia judicial no es un privilegio de jueces y magistrados, sino un derecho de la ciudadanía.
Entre los nuevos nombramientos se incluyen jueces de distrito especializados en materia penal, administrativa y de derechos humanos, reflejando la creciente necesidad de atender con rapidez casos relacionados con corrupción, crimen organizado y violaciones a garantías fundamentales.
La nueva estructura del Poder Judicial: antes y después
La reestructuración anunciada implica cambios sustantivos:
- Redistribución de salas y ponencias: algunas materias, como la penal y la electoral, tendrán salas especializadas, con el objetivo de acelerar resoluciones.
- Creación de tribunales regionales: se busca acercar la justicia a entidades con alta carga de litigios, como Oaxaca, Chiapas o Baja California.
- Fusión de órganos administrativos: con la promesa de reducir costos y burocracia interna.
- Modernización digital: implementación obligatoria del expediente electrónico y audiencias virtuales para reducir tiempos de traslado y costos procesales.
Objetivos declarados vs. riesgos latentes
Los objetivos públicos de la reforma son claros:
- Reducir rezagos (actualmente hay más de 400 mil asuntos pendientes en tribunales federales, según datos del CJF).
- Especializar la justicia para casos complejos.
- Mejorar la gestión administrativa.
Pero los riesgos también son evidentes:
- Concentración de poder: si el Consejo de la Judicatura o la SCJN concentran más facultades de redistribución, podría limitarse la autonomía de jueces individuales.
- Presión política: el nombramiento de jueces sin suficientes garantías de independencia podría influir en la resolución de casos sensibles, desde reformas constitucionales hasta juicios por corrupción.
- Adaptación institucional: el rediseño requiere capacitación y recursos; de lo contrario, puede convertirse en una reforma que paralice en lugar de agilizar.
Impacto en litigios y ciudadanía
Más allá de los debates técnicos, la pregunta central es: ¿cómo afectará esto a los ciudadanos comunes?
- Tiempos de resolución: la meta oficial es reducir en un 30% el tiempo promedio de resolución de amparos, que hoy puede tardar de 6 meses a 2 años.
- Acceso territorial: la creación de tribunales regionales podría acercar la justicia a estados marginados donde antes era necesario viajar cientos de kilómetros para un juicio federal.
- Casos sensibles: se prevé un impacto directo en asuntos de derechos humanos, feminicidios y desapariciones, donde los familiares exigen respuestas rápidas.
“Mi hermano desapareció en 2019 y hasta hoy el amparo sigue en trámite. Si de verdad cambian los tiempos y nos escuchan más rápido, tal vez esto valga la pena”, dice entre lágrimas Ana Lucía Hernández, integrante de un colectivo de buscadoras en Sonora.
Lo que los ciudadanos deben observar
Expertos sugieren vigilar indicadores clave para evaluar si la reforma cumple sus promesas:
- Tiempos de resolución de amparos y juicios de alto impacto.
- Número de asuntos pendientes por tribunal.
- Rotación de ponencias en casos constitucionales.
- Nivel de digitalización en procesos judiciales.
Además, organizaciones como México Evalúa y Fundar han advertido que la reforma solo será positiva si se acompaña de mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad civil dar seguimiento a la actuación de jueces y magistrados.
Entre la oportunidad y la vigilancia
La toma de protesta de nuevos jueces y la reestructuración del Poder Judicial son un momento bisagra para la vida democrática de México. Pueden significar mayor eficiencia, cercanía y acceso a la justicia. Pero también pueden convertirse en un caballo de Troya para debilitar la independencia judicial y concentrar el poder en unos cuantos.
Una sociedad justa se sostiene en instituciones que respeten la dignidad humana y garanticen el bien común. El reto está en que la reforma no olvide que la justicia es, ante todo, servicio al ciudadano.
Como señaló la ministra Norma Piña: “La independencia judicial no es negociable, porque sin ella la Constitución se convierte en un papel vacío”.
En un país donde la corrupción y la impunidad siguen siendo heridas abiertas, el verdadero cambio no vendrá solo de nuevas estructuras, sino de jueces con valentía, integridad y compromiso con los mexicanos.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
