En un mundo donde cada clic deja huella, las recientes reformas legales en México han encendido una alarma entre activistas, expertos en derechos digitales y ciudadanos informados. La propuesta de ampliar el uso del CURP como identificador universal y la nueva Ley de Ciberseguridad apuntan —en el papel— a facilitar trámites y protegernos de delitos informáticos. Sin embargo, detrás de estas intenciones se esconde un riesgo latente: el debilitamiento de nuestras libertades y el avance hacia una sociedad más vigilada.
“Estamos en un punto de inflexión. Estas leyes pueden modernizar al Estado, pero también abrir la puerta a un control sin precedentes”, advierte Irene Levy, presidenta de la organización Observatel. Para los jóvenes que navegan a diario en plataformas digitales, esta nueva arquitectura legal puede pasar desapercibida… hasta que les afecte directamente.
El CURP como llave maestra: ¿eficiencia o riesgo?
El CURP (Clave Única de Registro de Población) nació en 1996 como un instrumento para identificar a los ciudadanos en trámites oficiales. Pero en 2024, el gobierno federal propuso reformar la Ley General de Población para transformar esta clave en una herramienta transversal: la única requerida para acceder a servicios, registrarse en escuelas, firmar contratos, obtener pasaportes, licencias o incluso atención médica.
El senador Ricardo Monreal lo presentó como un avance hacia la eficiencia administrativa. “Con el nuevo CURP con foto, se evitarán fraudes y suplantaciones de identidad. Es un paso hacia la seguridad jurídica”, argumentó. No obstante, la iniciativa fue criticada por organismos de derechos humanos y transparencia.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que esta medida implica una concentración excesiva de datos sensibles en manos del gobierno, incluyendo fotografía, huellas dactilares, historial médico y lugar de residencia. “Centralizar la información sin garantías sólidas de protección es una receta para el abuso”, señaló su director, Luis Fernando García.
La preocupación no es infundada. En 2023, la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) fue vulnerada y terminó a la venta en la dark web. ¿Quién garantiza que con el nuevo CURP no ocurra algo similar?
La Ley de Ciberseguridad: ¿protección o pretexto?
Por otro lado, la Ley Federal de Ciberseguridad, dictaminada en comisiones en marzo de 2025, busca actualizar el marco jurídico para combatir delitos informáticos. La iniciativa plantea obligaciones para empresas que operan plataformas digitales, sistemas críticos del gobierno y redes de telecomunicaciones, las cuales deberán implementar medidas de protección de datos, reportar incidentes cibernéticos y cooperar con las autoridades.
“El objetivo es proteger a los ciudadanos ante el incremento de ataques cibernéticos”, afirmó la diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, impulsora de la ley. Pero la redacción ambigua de varios artículos ha generado inquietud entre académicos y organizaciones.
El punto más polémico es la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad, con facultades para solicitar datos a empresas privadas sin orden judicial en caso de “emergencias digitales”. También se plantea la posibilidad de que esta entidad vigile redes sociales bajo la justificación de evitar amenazas al orden público.
“Esta ley otorga demasiado poder sin suficientes controles democráticos”, alertó el académico Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información. “Podría abrir la puerta a espionaje político y represión de voces críticas.”
¿Qué más está en juego?
A la par de estas reformas, la expansión del uso de tecnologías de vigilancia ha crecido en México sin una legislación clara que la regule. En 2023, la organización Artículo 19 documentó el uso de drones, cámaras con reconocimiento facial y software de geolocalización por parte de gobiernos estatales.
En Ciudad de México, el sistema de videovigilancia C5 ha sido elogiado por su eficiencia en materia de seguridad. Sin embargo, aún no hay una ley que limite el almacenamiento y uso de las imágenes captadas. “No hay un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a la privacidad”, afirmó el abogado Álvaro Botero, asesor del IFAI.
Por otro lado, las redes sociales están en la mira. Algunas propuestas legislativas han sugerido que plataformas como X (antes Twitter), TikTok o YouTube retiren contenidos por “incitación al odio” o “desinformación” sin un procedimiento judicial de por medio. La línea entre moderación legítima y censura se vuelve cada vez más delgada.
El valor de estar alerta
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por mayor seguridad? Esa es la pregunta de fondo.
Para Daniela Torres, una joven de 26 años que trabaja en diseño UX en una startup, el tema pasó de ser abstracto a real cuando intentó renovar su pasaporte. “Me pidieron CURP con foto, comprobante de domicilio, número de seguro social y hasta datos biométricos. Sentí que estaba entregando toda mi vida a una base de datos sin saber quién la iba a manejar”, relata.
Casos como el de Daniela reflejan una creciente tensión entre la comodidad que ofrece la digitalización y el derecho a la intimidad. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2023), el 74% de los usuarios de internet en México no sabe cómo ni dónde se almacenan sus datos personales.
¿Qué podemos hacer?
Frente a este panorama, diversas organizaciones han lanzado campañas para promover la cultura digital crítica. La R3D, el IFAI y la organización SocialTIC han emitido recomendaciones como:
- Leer con atención las políticas de privacidad de servicios digitales
- Usar navegadores con protección contra rastreo
- Exigir a autoridades transparencia sobre el uso del CURP con fotografía
- Participar en foros legislativos y consultar dictámenes públicos
- Fomentar la educación digital desde la primaria
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, la protección de la dignidad humana exige garantizar el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y la participación social informada. “El desarrollo tecnológico debe estar al servicio de la persona, no al revés”, recordaba el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.
Entre libertad y control
Las reformas en curso no son triviales. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Una más eficiente pero hipervigilada? ¿O una que equilibre tecnología y derechos humanos?
“Un gobierno responsable no es el que todo lo controla, sino el que respeta y protege las libertades”, sentencia el constitucionalista Miguel Carbonell.
Estar informados, exigir transparencia y participar activamente en la vida pública no es un lujo: es una necesidad urgente. Porque en el México digital que viene, quien no defiende su privacidad… puede terminar perdiéndola.
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