El 1 de junio de 2025 marcó una ruptura histórica para el Estado mexicano: por primera vez en su historia, la ciudadanía fue llamada a las urnas para elegir directamente a jueces, magistrados y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa, presentada y promovida desde Palacio Nacional bajo el discurso de “democratizar el Poder Judicial”, resultó en un proceso opaco, manipulado, marcado por una participación bajísima (13.5%) y una descarada estrategia de control político que ha dejado a México con una Corte sumisa, partidista y sin independencia.
La SCJN, otrora baluarte de la legalidad, ha sido absorbida dentro del sistema de poder de Morena y del Ejecutivo. Con esta nueva conformación, el oficialismo controla los tres poderes del Estado: el Ejecutivo (Claudia Sheinbaum), el Legislativo (mayoría morenista) y ahora el Judicial (una Corte leal al régimen).
¿Cómo se eligió esta nueva Corte?
A través de una reforma constitucional aprobada en fast track en 2024, se modificó el artículo 96 de la Constitución para eliminar la facultad presidencial de proponer a los ministros, sustituyéndola por elección directa por voto ciudadano. Sin embargo, no se establecieron filtros técnicos, requisitos profesionales sólidos, ni garantías de transparencia.
La boleta incluía más de 200 nombres por cada categoría (ministros, magistrados, jueces), sin distinción clara de perfiles ni espacios adecuados para campañas. El resultado fue una elección en la que el voto informado fue mínimo y los “acordeones” partidistas marcaron la pauta: listas entregadas por Morena para que los electores votaran mecánicamente por los candidatos promovidos por el régimen.
Los nuevos ministros: lealtad, no competencia
La nueva SCJN quedó conformada por nueve integrantes —cinco mujeres y cuatro hombres—, todos electos por voto popular. Entre ellos destacan:
- Lenia Batres Guadarrama: hermana del presidente de Morena en CDMX, crítica feroz del Poder Judicial y militante abierta del obradorismo.
- Yasmín Esquivel Mossa: implicada en el escándalo de plagio de su tesis profesional, protegida por el presidente.
- Loretta Ortiz Ahlf: exdiputada de Morena, cercana a AMLO, con un historial de sumisión política en sus fallos.
- María Estela Ríos González: exconsejera jurídica de la Presidencia, autora de varias reformas cuestionadas.
- Sara Irene Herrerías Guerra: funcionaria en la FGR, señalada por su cercanía con Gertz Manero.
- Hugo Aguilar Ortiz: abogado mixteco que, si bien representa un avance simbólico para los pueblos indígenas, ha sido impulsado como “figura decorativa” del régimen, sin trayectoria judicial y con vínculos ambiguos con movimientos políticos.
- Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, y Arístides Guerrero: sin trayectoria judicial sólida, pero cercanos al oficialismo, con historial de activismo político o de militancia morenista.
El nuevo presidente de la SCJN: Hugo Aguilar Ortiz
Aguilar fue el más votado y, por tanto, asumirá la presidencia del máximo tribunal por dos años. Aunque su origen indígena ha sido presentado como logro por el oficialismo, su pasado despierta inquietudes:
- Participó en colectivos radicales vinculados al EZLN.
- Fue asesor jurídico de organizaciones sociales con agenda política.
- Se le han detectado inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
- Denunció al INE antes del proceso electoral.
- Su trayectoria judicial es prácticamente nula.
Lejos de representar una nueva visión de justicia, Aguilar podría convertirse en el ejecutor jurídico del régimen, validando reformas inconstitucionales, blindando decisiones del Ejecutivo y debilitando órganos autónomos.
¿Qué pasará con los ministros salientes?
La reforma obligó a todos los ministros actuales a competir en la elección si querían conservar su lugar. Sólo tres lo hicieron: Batres, Ortiz y Esquivel, quienes fueron reelectas gracias a la maquinaria partidista.
Los ministros que no se presentaron o perdieron la elección, como Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat o Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, saldrán del tribunal el 31 de agosto de 2025, dejando tras de sí un legado de defensa del Estado de Derecho que ahora queda en manos de jueces electos sin experiencia ni autonomía.
Reacciones: entre el estupor, la alarma y la resignación
- Organismos internacionales, como la OEA, han calificado el proceso como “precipitado y de alto riesgo para la división de poderes”.
- Expertos, como Víctor Olea Peláez (Barra Mexicana de Abogados), lo han descrito como “una tragedia jurídica sin precedentes”.
- ONGs, como Mexicanos Contra la Corrupción, han alertado que esta Corte podría ser utilizada para “legalizar la militarización, frenar investigaciones de corrupción y neutralizar al INAI o al INE”.
- La sociedad civil se muestra confundida y preocupada. Como expresó Alejandra Cervantes, litigante en Puebla: “Ya no litigamos ante jueces imparciales, sino ante militantes disfrazados de jueces. ¿Dónde queda la justicia?”
¿Qué viene ahora?
La nueva Corte entrará en funciones el 1 de septiembre de 2025. Su primera gran prueba será fallar sobre:
- La validez de las reformas constitucionales de 2024 (el “Plan C”)
- La ley de seguridad nacional que amplía el poder militar
- El desmantelamiento del INAI
- Las impugnaciones sobre la elección presidencial
En todos estos casos, se anticipa un sesgo favorable al poder, sin deliberación técnica ni independencia de criterio.
La elección judicial de 2025 no significó un paso hacia la democratización del Poder Judicial, sino un movimiento calculado del régimen para neutralizar el último contrapeso institucional. Con la Suprema Corte en manos del oficialismo, México entra a una etapa en la que el Ejecutivo legisla, juzga y gobierna sin oposición. La división de poderes ha muerto.
El Poder Judicial era el último bastión de legalidad frente al autoritarismo. Hoy, ya no hay nadie que le diga no al poder.
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