Un replanteamiento institucional bajo la bandera de la eficiencia
El pasado 28 de mayo, el Senado de la República recibió una iniciativa de reforma que ha encendido focos de atención en el ámbito político y académico: el proyecto enviado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, busca transferir las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El argumento oficial detrás de la reforma —que modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental— es fortalecer la capacidad técnica del Estado para medir y evaluar el impacto real de la política social en México. Según el documento, el Inegi cuenta con mayor infraestructura, cobertura y autonomía técnica para asumir esta tarea.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen, lo que podría derivar en una votación en el próximo periodo extraordinario de sesiones previsto entre el 9 y el 16 de junio.
¿Qué está en juego?
El Coneval, creado en 2006 como un organismo con autonomía técnica y capacidad de evaluar con rigor las políticas sociales, ha sido clave en la definición multidimensional de la pobreza y en la generación de evidencia para políticas públicas. Su independencia le ha permitido emitir diagnósticos incómodos pero útiles para distintos gobiernos. En palabras del exsecretario ejecutivo Hernández Licona, “una política social sin evaluación independiente es como un ciego conduciendo un autobús escolar”.
Diversos analistas han señalado que esta posible fusión podría tener implicaciones importantes para la credibilidad de los datos y la evaluación del combate a la pobreza. La académica y exconsejera electoral Jacqueline Peschard ha advertido sobre el riesgo, que no está en el Inegi, sino en que se desmantele una instancia crítica que actúa con autonomía de los poderes políticos.
Diplomacia fiscal: senadores frente al gravamen a remesas
Otro tema que avanzó esta semana fue la confirmación, por parte del senador Adán Augusto López Hernández, de que una delegación mexicana reanudará el diálogo con legisladores de Estados Unidos para detener una propuesta que busca imponer impuestos a las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero. El encuentro podría realizarse en los próximos días, aunque aún no hay fecha definida.
Para muchas familias mexicanas, las remesas son su principal ingreso. En 2023, México recibió más de 63 mil millones de dólares por este concepto, una cifra récord según el propio Inegi. Gravarlas tendría efectos directos sobre millones de hogares y tensionaría aún más las relaciones bilaterales.
Periodo extraordinario: reformas en seguridad, inteligencia y desaparición forzada
En paralelo, la Cámara de Diputados, bajo la coordinación de Ricardo Monreal Ávila, se prepara para abrir un periodo extraordinario que incluiría reformas sustantivas. Entre los temas que se pretenden discutir están la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de Seguridad Pública.
En el Senado, también se mantienen pendientes importantes, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la del Sistema Nacional de Búsqueda. En un país donde hay más de 100 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, esta legislación es considerada urgente por colectivos de víctimas y organismos de derechos humanos.
Un rediseño del Estado en marcha
Los movimientos legislativos de las últimas semanas, marcados por la iniciativa para reconfigurar el papel del Coneval, las negociaciones en torno a las remesas y las reformas en materia de seguridad, evidencian un proceso de rediseño institucional profundo en México.
La pregunta clave no es si debe haber cambios, sino si estos fortalecen o debilitan la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.
Es preocupante que se de una concentración de funciones en un solo ente, por más técnico que sea, pues esto puede afectar la evaluación crítica de las políticas públicas. Sin datos independientes, no hay democracia sólida, como lo ha señalado en diversos foros Mariana Campos, directora de México Evalúa.
Luz María Estrada, madre de familia en Iztapalapa y beneficiaria del programa de becas Benito Juárez: “Yo no entiendo de reformas, pero sí sé que si quitan lo que mide si los apoyos sirven o no, a lo mejor después ya ni llegan o los usan para cosas que no son. Lo justo es que alguien revise.”
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