La Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de vivir la reconfiguración más profunda de su historia reciente. En menos de un mes, once ministros cederán su lugar a una integración reducida de nueve, elegidos por voto popular, en un proceso inédito que promete transformar la dinámica del máximo tribunal… y que despierta tantas expectativas como temores.
El 1 de septiembre asumirá la presidencia Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco que obtuvo la mayor votación en las elecciones judiciales de junio. Su llegada simboliza, para algunos, una apertura hacia la diversidad y el reconocimiento de comunidades históricamente excluidas. Para otros, representa el riesgo de un Poder Judicial cada vez más alineado con la agenda política del gobierno.
La reforma judicial de 2024 no sólo acortó de 15 a 12 años el periodo de los ministros, sino que eliminó las dos salas para concentrar todos los asuntos en un Pleno único. A partir de septiembre, los nueve integrantes deberán resolver una carga que supera los ocho mil casos pendientes, lo que anticipa un ritmo de trabajo más intenso y, potencialmente, decisiones más lentas o con menor profundidad.
¿Verdadera independencia?
Especialistas advierten que el método de elección popular, sumado a la escasa participación ciudadana, deja a la Corte expuesta a la influencia de estructuras partidistas. La baja asistencia a las urnas, la complejidad de las boletas y la campaña oficialista en favor de determinados perfiles han alimentado el debate sobre si la independencia judicial está en riesgo.
La nueva conformación contará con seis ministros de reciente ingreso y tres que continúan en funciones: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Las tres han sido identificadas como cercanas al oficialismo, lo que refuerza la percepción de un tribunal con mayoría afín al partido gobernante.
Norma Lucía Piña Hernández, primera mujer en presidir la SCJN, dejará su cargo el 31 de agosto. Su gestión estuvo marcada por tensos enfrentamientos con el Ejecutivo y una defensa constante de la autonomía judicial. En sus últimos meses, denunció presiones políticas y acusaciones de traición contra jueces y magistrados que no se alineaban con el proyecto gubernamental. Pese a ello, ha optado por una transición cordial, reuniéndose con Aguilar para acordar mecanismos que permitan una entrega de funciones sin fricciones.
La figura del nuevo presidente genera opiniones encontradas. Aguilar ha prometido acercar la justicia a los sectores más vulnerables y ha anunciado que no usará toga, optando por trajes tradicionales como gesto de identidad cultural. Este detalle simbólico, celebrado por algunos como señal de inclusión, es visto por otros como una estrategia de imagen que poco incide en la solidez institucional.
El gran reto para la nueva Corte será demostrar que puede actuar con independencia real frente a un entorno político que ha dejado claras sus intenciones de influir en la agenda judicial. La legitimidad no se construirá con discursos, sino con resoluciones capaces de proteger los derechos y libertades sin ceder ante presiones externas.
El país asiste, así, al nacimiento de una Corte más pequeña, más vigilada y más expuesta a la disputa política. Una institución que, a partir de septiembre, deberá decidir si la reforma será recordada como el inicio de una justicia más cercana y representativa… o como el capítulo en que el Poder Judicial perdió su última trinchera de autonomía.
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