La inauguración de las nuevas instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, realizada el 25 de enero de 2026, fue presentada por el gobierno federal como un parteaguas en la modernización del sistema aduanero mexicano. No es un gesto menor: se trata de la aduana más importante del país, por donde cruza cerca de la mitad del comercio terrestre entre México y Estados Unidos y que concentra una proporción significativa de la recaudación fiscal vinculada al comercio exterior. La apuesta por infraestructura moderna, tecnología avanzada y procesos más ágiles busca corregir años de rezago operativo. Sin embargo, más allá del concreto, los escáneres y los sistemas digitales, el reto de fondo sigue siendo el mismo: la integridad de las personas que operan el sistema.
El nuevo complejo aduanero fue concebido para atender un volumen creciente de operaciones, reducir tiempos de cruce y fortalecer los controles de seguridad y fiscalización. La modernización incluye carriles ampliados, sistemas de revisión no intrusiva, monitoreo en tiempo real y una mayor digitalización de trámites. En el discurso oficial, estas herramientas no solo buscan eficiencia logística, sino cerrar espacios a la discrecionalidad y, con ello, a la corrupción que históricamente ha acompañado a las aduanas mexicanas.
Desde hace varios sexenios, la corrupción en aduanas ha sido identificada como uno de los principales focos rojos del Estado mexicano. Contrabando, subvaluación de mercancías, tráfico de productos ilegales y evasión fiscal son prácticas que han encontrado en estos puntos estratégicos terreno fértil, muchas veces con la complicidad de funcionarios, agentes aduanales y actores privados. Por ello, la modernización tecnológica ha sido presentada como una solución técnica a un problema estructural.
Durante la administración federal actual, el combate a la corrupción en aduanas fue una de las promesas centrales. El gobierno planteó que la digitalización de procesos, la automatización de revisiones y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México permitirían reducir la intervención humana en decisiones clave y, con ello, limitar prácticas ilícitas. A esto se sumaron cambios normativos, mayor vigilancia interna y un discurso reiterado de “cero tolerancia” a la corrupción.
Los resultados, sin embargo, son mixtos. Por un lado, las autoridades presumen un aumento sostenido en la recaudación aduanera, lo que sugiere un mayor control sobre operaciones que antes escapaban al fisco. También se ha avanzado en la trazabilidad de mercancías y en la interoperabilidad de sistemas con otras dependencias. Pero, por otro, persisten denuncias y señalamientos sobre redes de corrupción que se adaptan a los nuevos controles y encuentran formas de sortearlos, muchas veces aprovechando vacíos en la supervisión o la falta de sanciones ejemplares.
La experiencia ha demostrado que la tecnología, aunque indispensable, no es suficiente. Los sistemas pueden ser vulnerados si quienes los operan carecen de incentivos éticos sólidos o si las estructuras internas siguen permitiendo la impunidad. En ese sentido, la modernización de la Aduana de Nuevo Laredo expone una tensión constante: mientras el Estado invierte en infraestructura de primer nivel, el componente humano continúa siendo el eslabón más frágil de la cadena.
Erradicar la corrupción en las aduanas requiere algo más que equipos sofisticados o reformas legales. Implica transformar la cultura institucional, fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar que las sanciones por actos corruptos sean reales, visibles y proporcionales. También demanda procesos de selección y evaluación más rigurosos para el personal, así como esquemas de rotación y vigilancia que reduzcan la captura de áreas estratégicas por intereses ilegales.
Pero el desafío no se limita al ámbito gubernamental. La corrupción aduanera no existe en el vacío: se alimenta de una relación histórica entre funcionarios y actores privados dispuestos a pagar sobornos para agilizar trámites, reducir impuestos o introducir mercancías fuera de la ley. Mientras esa lógica persista, cualquier esfuerzo del Estado estará incompleto. La ética de no ser corrupto no puede imponerse solo desde arriba; requiere una corresponsabilidad social.
Para que los mexicanos asuman esa ética como una práctica cotidiana, es necesario un cambio cultural profundo. Esto implica educación cívica, una narrativa pública que deje de normalizar la corrupción como un “mal necesario” y un entorno donde cumplir la ley no sea una desventaja competitiva. El sector privado, particularmente quienes participan en el comercio exterior, tiene un papel clave al rechazar prácticas ilegales, exigir reglas claras y asumir costos de legalidad que durante años fueron evitados.
La sociedad civil y los medios de comunicación también juegan un rol fundamental al visibilizar irregularidades, exigir rendición de cuentas y mantener el tema en la agenda pública. Sin presión social, las promesas de combate a la corrupción corren el riesgo de diluirse en discursos y anuncios de infraestructura.
La inauguración de la nueva Aduana de Nuevo Laredo simboliza un avance técnico necesario para un país que depende del comercio internacional y busca integrarse de manera competitiva a las cadenas globales. Sin embargo, también evidencia que la verdadera modernización no se mide solo en metros cuadrados o en tecnología instalada, sino en la capacidad del Estado y de la sociedad para romper con prácticas arraigadas de corrupción. Mientras la integridad de quienes operan el sistema no sea tan prioritaria como la inversión en infraestructura, el problema de fondo seguirá intacto, aunque los edificios sean nuevos y los sistemas más sofisticados.
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