En un periodo extraordinario de sesiones cargado de reformas que redefinirán diversos aspectos de la vida nacional, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron en junio de 2025 la Reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro por desempleo. Se trata de una modificación legal que permitirá a los trabajadores mexicanos realizar retiros más altos y frecuentes de sus Afores cuando se encuentren en situación de desempleo, bajo el argumento de ofrecer un apoyo económico urgente en tiempos de crisis.
La medida ha generado reacciones encontradas entre legisladores, especialistas en seguridad social, organizaciones patronales y, sobre todo, entre los propios ciudadanos que ven en este cambio una posible tabla de salvación… pero también un potencial lastre para su futuro pensionario.
¿Qué dice la iniciativa?
La reforma modifica los artículos 191 y 192 de la Ley del Seguro Social, elevando el monto y la frecuencia con la que los trabajadores pueden acceder a los recursos de su Afore cuando pierden su empleo. Los cambios más relevantes incluyen:
- Se permite retirar hasta el 30% del saldo acumulado en la cuenta individual, lo que representa un aumento significativo frente al límite actual del 10%.
- Los trabajadores podrán realizar hasta tres retiros por desempleo en un periodo de cinco años, cuando antes solo se permitía uno cada cinco años.
- El plazo de espera para poder solicitar un retiro se reduce de 46 días naturales a 30 días desde el momento de la baja laboral.
Esta iniciativa fue aprobada con 296 votos a favor en Diputados y ratificada sin cambios en el Senado, contando con el respaldo de la mayoría de las bancadas, incluido el oficialismo y partidos de oposición.
¿Por qué fue impulsada?
El motivo principal detrás de esta reforma es el deterioro del mercado laboral mexicano tras los impactos acumulados de la pandemia de COVID-19, la desaceleración económica global y la creciente informalidad laboral. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo afectó a más de 2.1 millones de personas en el primer semestre de 2025, mientras que el número de trabajadores en la informalidad supera los 32 millones.
Legisladores como Salvador Caro Cabrera, presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, señalaron que la reforma busca “dar un respiro real y tangible a las personas que pierden su trabajo, evitando caer en situaciones de pobreza extrema o endeudamiento salvaje”.
Para Rosa Isela Hernández, madre soltera de 42 años que perdió su empleo en una maquiladora de Ciudad Juárez, el retiro por desempleo fue su única salida: “Sin ese dinero de mi Afore no hubiera podido pagar la renta ni la comida para mis hijos. Pero también me da miedo porque sé que me estoy comiendo mi pensión. Me siento entre la espada y la pared.” Historias como la de Rosa Isela ilustran el dilema de miles de mexicanos: la urgencia del presente contra la seguridad del mañana.
Críticas, riesgos y consecuencias negativas
Especialistas en seguridad social y analistas económicos han manifestado su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en el mediano y largo plazo.
Vanessa Rubio, exsubsecretaria de Hacienda y experta en pensiones, advirtió: “Estamos poniendo en manos de los trabajadores una herramienta que puede solucionar una crisis inmediata, pero que puede condenarlos a pensiones miserables o incluso inexistentes en el futuro”.
Los principales riesgos identificados incluyen:
- Reducción significativa de los fondos para el retiro, especialmente en un país donde las pensiones ya son bajas.
- Mayor presión futura sobre las finanzas públicas, si los trabajadores llegan a la vejez sin recursos suficientes y el Estado se ve obligado a subsidiar su manutención.
- Desincentivo al ahorro voluntario y al fortalecimiento del sistema de seguridad social.
Fortalezas y beneficios posibles
Sin embargo, defensores de la reforma sostienen que este tipo de medidas pueden ser un mecanismo de contención social en tiempos de crisis y que, si se acompaña de una reforma integral de pensiones, los efectos negativos pueden ser mitigados.
La diputada Mariana Gutiérrez Juárez (PAN) expresó en tribuna: “Los mexicanos no pueden seguir siendo rehenes de un sistema de pensiones que no responde a las realidades actuales. La posibilidad de acceder a su propio dinero en momentos críticos es un derecho, no un privilegio.”
Entre los beneficios destacados se encuentran:
- Alivio económico inmediato para familias vulnerables.
- Mayor flexibilidad financiera en un mercado laboral cambiante e incierto.
- Fomento de la autonomía financiera en momentos de crisis.
¿Cómo afectará a los ciudadanos comunes?
Para la población en general, esta reforma tendrá efectos muy concretos en su vida cotidiana:
- Mayor acceso a sus ahorros en Afore en caso de perder su empleo, con menos restricciones y tiempos de espera más cortos.
- Posibilidad de enfrentar gastos urgentes sin necesidad de recurrir a créditos caros o préstamos informales.
- Sin embargo, quienes hagan uso de estos retiros verán afectado su ahorro para el retiro y probablemente tendrán que enfrentar una vejez sin ingresos suficientes, salvo que opten por reponer los fondos retirados, algo que pocos hacen en la práctica.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha advertido que el 63% de los adultos mayores en México carece de pensión contributiva suficiente, por lo que el riesgo de agudizar esta crisis social está latente.
La Reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro por desempleo es, sin duda, una respuesta a las crecientes necesidades de la población mexicana en un entorno económico adverso. Sin embargo, también refleja la falta de un sistema de seguridad social robusto, sostenible y equitativo.
Mientras algunos celebran la posibilidad de enfrentar una emergencia sin quedarse en la indefensión, otros alertan sobre el riesgo de vaciar las cuentas de ahorro pensionario, agravando una crisis de pensiones ya en marcha.
Este paquete legislativo confirma que México sigue optando por soluciones de corto plazo, posponiendo el debate de fondo sobre cómo garantizar a los ciudadanos una vejez digna y segura.
El desafío está planteado: o se avanza hacia una reforma estructural del sistema de pensiones, o estas medidas temporales se volverán costos permanentes para las futuras generaciones.
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