La informalidad laboral en México no es un fenómeno coyuntural ni un rezago marginal: es una condición estructural que se ha mantenido prácticamente intacta durante al menos dos décadas. Actualmente, 33 millones de personas trabajan en la informalidad, lo que equivale a 55.4 por ciento de la población ocupada. Detrás de esa cifra hay una realidad persistente de bajos ingresos, ausencia de seguridad social y una estrategia de sobrevivencia ante la falta de empleos de calidad, especialmente en los micronegocios, donde se concentra el mayor volumen de trabajo informal.
Así lo destaca el estudio 10 Rutas para un México libre de Pobreza, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el que señala que cerca de 20 millones de personas trabajan en micronegocios, muchos de ellos sin establecimiento fijo, como una forma de subsistir frente a un mercado laboral incapaz de absorberlos en condiciones formales. Lejos de tratarse de una decisión voluntaria, la informalidad es, en la mayoría de los casos, la única alternativa disponible para millones de hogares que necesitan generar ingresos inmediatos, aun a costa de renunciar a derechos básicos.
Esta condición, enfatiza, tiene consecuencias directas en la reproducción de la pobreza. Los trabajos informales suelen estar asociados a ingresos insuficientes y, sobre todo, a la carencia de servicios de salud y seguridad social. “El dato es contundente: 98 por ciento de los trabajos informales no están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto implica que millones de personas y sus familias enfrentan enfermedades, accidentes, maternidad o vejez sin protección institucional, sin ahorro para el retiro y sin acceso a servicios como guarderías o financiamiento para vivienda”, destaca el análisis.
Ante este escenario, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca ir al fondo del problema: la creación de un Régimen Simplificado de Confianza RESICO-IMSS, inspirado en el esquema fiscal del SAT, como una vía de transición para incorporar a quienes hoy sobreviven en la informalidad. La idea central es construir un “puente” hacia la formalización, especialmente para quienes trabajan por cuenta propia, en micronegocios, en el campo o en pequeñas unidades productivas.
La propuesta plantea fondear el costo de la afiliación voluntaria a este régimen con recursos del IMSS-Bienestar, cuyo objetivo es precisamente brindar servicios de salud a personas no derechohabientes. Al respecto, indica que el efecto sería doble: por un lado, ofrecer una vía realista de incorporación al sistema de seguridad social; por otro, avanzar en la cobertura universal de salud, comenzando por los sectores donde se concentra la informalidad. Para que el modelo sea viable, se subraya la necesidad de ampliar la inversión en infraestructura, personal médico, equipamiento, medicamentos e insumos, así como transitar hacia un esquema presupuestal “por persona”, sin distinciones ni tratos diferenciados que reproduzcan desigualdades.
Esta propuesta forma parte de la iniciativa “10 Rutas para un México libre de pobreza”, presentada recientemente por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y puesta a consulta con representantes de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial. El objetivo es enriquecer las propuestas, construir acuerdos y articular esfuerzos en torno a una meta común: erradicar la pobreza desde sus causas estructurales, considerando el curso de vida y las condiciones específicas de los distintos grupos de población.
En la presentación del documento, Ixchel Guadalupe Beltrán, del Pacto por la Primera Infancia, advirtió que sin un “piso parejo” desde los primeros mil días de vida se generan desventajas irreversibles en el desarrollo de capacidades, por lo que garantizar el acceso efectivo a la salud en la primera infancia es una prioridad, especialmente en un contexto donde la pobreza se concentra en menores de cinco años.
Por su parte, Sylvia Schmelkes, investigadora y referente en equidad educativa, subrayó la importancia de atacar la desigualdad desde los sectores más desfavorecidos y de atender las causas estructurales que reproducen la pobreza a lo largo del tiempo. En la misma línea, Jorge Atilano, director del Diálogo Nacional por la Paz, recordó que combatir la pobreza también es una estrategia de prevención de la violencia: sin salud, educación y oportunidades para los jóvenes, las transferencias monetarias resultan insuficientes para recomponer el tejido social.
Desde el sector empresarial, Rosa Martha Abascal, vicepresidenta nacional de Coparmex, destacó que varias de las propuestas de las “10 Rutas” coinciden con el Modelo de Desarrollo Inclusivo impulsado por el empresariado, y llamó a que la responsabilidad social deje de ser un accesorio para convertirse en una estrategia central de negocio y colaboración intersectorial.
El panorama de la informalidad confirma la urgencia del debate. De los 33 millones de personas en esta condición, 84 por ciento se concentran en micronegocios, el campo y los hogares. Más de 11.9 millones trabajan en micronegocios sin establecimiento; 8.1 millones en micronegocios con local; 5.6 millones en el sector agropecuario y 2.1 millones en trabajo doméstico. Para Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sin un régimen de transición que facilite la afiliación al IMSS, la informalidad no disminuirá. “Romper la raíz de la informalidad es clave para impulsar crecimiento económico y empleo formal”, sostuvo.
El diagnóstico es claro: mientras no exista un “puente” efectivo para incorporar a millones de personas al sistema de seguridad social, la informalidad seguirá siendo el rostro cotidiano de la pobreza laboral en México.
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