A casi un año del arranque del nuevo gobierno, México transita un periodo complejo que a pesar de continuar con la polarización política se han llevado a cabo reformas constitucionales que cambian de raíz modelos de gobernar, como la renovación del Poder Judicial que ahora será popular, pero no se han logrado superar los desafíos en seguridad y derechos humanos, lo que contrasta con los datos económicos que aseguran que el país avanza a pesar de las dificultades que ha implicado el cambio político y de acciones del gobierno de Estados Unidos.
En el primer semestre de 2025, México registró una Inversión Extranjera Directa (IED) sin precedentes con 34 mil 265 millones de dólares, un avance del 10.2 por ciento respecto al año anterior, según datos preliminares de la Secretaría de Economía. Es una señal clara: a pesar de la volatilidad global, el país sigue siendo un destino atractivo para los capitales.
Este flujo histórico, sin embargo, no es un oasis económico. Desde el gobierno se interpreta como respaldo a una estrategia de estabilidad; para la oposición, es poco más que un reflejo de dependencia del exterior, mientras que la inversión privada nacional permanece congelada. Una sociedad que aprecia los números, pero exige que esos dólares se traduzcan en empleo, desarrollo regional y oportunidades tangibles.
La economía presenta una recuperación tímida pero real. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.6 por ciento en el segundo trimestre, impulsado por manufactura y servicios, mientras el sector primario sigue en declive. La inflación, por su parte, se ubicó en 3.49 por ciento, dentro del rango deseado, aunque el índice subyacente mantiene presión sobre ciertos precios. El Banco de México (Banxico) reaccionó con cautela reduciendo la tasa de interés a 7.75 por ciento, una señal de que confía en la tendencia, pero teme que el crecimiento esté lejos de consolidarse.
En el terreno de la seguridad, los hechos no se ocultan. El hallazgo del Rancho Izaguirre, en Jalisco evidenció que el crimen organizado sigue operando a sus anchas pues este era un centro de adiestramiento y exterminio con restos humanos calcinados y pertenencias de las víctimas. Colectivos lograron el acceso, tras una denuncia anónima, y rompieron el silencio institucional. Para muchos, es una prueba de que la presencia estatal aún falla en proteger y actuar con eficacia.
La crisis en desapariciones no se reduce a cifras ya que se trata del dolor vivido por madres, padres y colectivos. Más de 128 mil personas permanecen sin ser localizadas, y una investigación de la Universidad de Guadalajara reveló que los grupos más afectados siguen siendo jóvenes entre 10 y 29 años, con aumentos que superan el 60 por ciento en ciertos rangos etarios. Las voces críticas apuntan a la insuficiencia de políticas públicas, a una reforma que parece priorizar el control de datos antes que el acompañamiento a las víctimas.
¿Éxito o fracaso?
Desde Palacio, el mensaje es claro: orden macroeconómico, pactos con empresarios, inversión foránea y disciplina fiscal como virtudes. Desde la bancada opositora, se advierte sobre un estilo “sin contrapesos”, con excesos de presidencialismo o gubernamentalismo y una militarización creciente de la seguridad en estados como Sinaloa, donde la policía local ha sido rebasada y el Ejército ocupa funciones clave sin que se perciban mejores resultados.
Así avanza el contraste nacional: una aprobación ciudadana sólida en el que el nuevo gobierno mantiene una aprobación cercana al 70 por ciento, llegando incluso al 80 por ciento según una encuesta de Enkoll, lo cual refleja una confianza sustentada en sus programas sociales (aprobados por 86 por ciento) y medidas en favor de las mujeres (84 por ciento).
Errores y desafíos
Los rubros más cuestionados por la oposición y ciudadanos en lo que va de la nueva administración federal, destacan en concreto cinco:
- Tensión con el Poder Judicial y concentración de poder
La reforma judicial enfrentó críticas por debilitar contrapesos: candidaturas únicas, renuncias de ministros y críticas a la independencia judicial. Se interpreta como un intento de dominar por completo el sistema judicial.
- Fragilidad en seguridad operativa
Algunos operativos emblemáticos resultaron mal manejados, como el fallido operativo en Tepito que terminó con detenidos liberados por irregularidades legales.
- Déficits en su gabinete y fallas en compras públicas
El círculo cercano presentó carencias: el proceso de compra consolidada de medicamentos fue cancelado por irregularidades graves; la nueva Ley de Telecomunicaciones ha suscitado preocupaciones sobre censura; la Secretaría de Energía no mejoró el desempeño de Pemex y CFE; y la infraestructura pública avanza lentamente debido a la militarización y falta de presupuesto.
- Déficit de crecimiento y falta de reforma fiscal
A pesar de la IED, la inversión privada interna está estancada y el crecimiento económico sigue débil (entre 1.2 % anual). El gobierno descartó una reforma fiscal, apostando por combatir la corrupción en lugar de ampliar la recaudación tributaria, lo que, según críticos, podría comprometer la viabilidad financiera futura.
- Crisis de derechos humanos heredada y persistente
El gobierno nació sobre una crisis grave de violencia, tortura y desapariciones, de acuerdo a la perspectiva de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) que aunque reconoce avances como el aumento del salario mínimo, subraya que muchas heridas siguen sin atenderse, especialmente en materia de derechos humanos y justicia.
El país está en un momento bisagra. No se juzgan solo las promesas, sino su eficacia. Las cifras macroeconómicas dan aire; los rostros perdidos en fosas y la impunidad acechando, ponen el desafío en tierra firme: ¿logrará el gobierno transformar su popularidad, su cosecha de divisas y su discurso, en justicia palpable, instituciones fuertes y seguridad real? El segundo año habrá de responder si esas apuestas llegan al ciudadano de a pie, o si quedan solo en titulares.
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