En el corazón de Veracruz se ha abierto una grieta entre la ciudadanía y el gobierno que refleja algo más que una crisis ambiental: es una prueba de fuego para la rendición de cuentas. Las intensas lluvias de las últimas semanas, que dejaron comunidades enteras bajo el agua, carreteras colapsadas y familias atrapadas por el desbordamiento de ríos, no sólo pusieron al límite la capacidad del Estado, sino también la confianza en quien lo encabeza: la gobernadora Rocío Nahle García.
Cuando la emergencia golpeó con fuerza en los municipios del norte, los damnificados denunciaron que la ayuda tardó en llegar, que las alertas fueron insuficientes y que las declaraciones oficiales minimizaron la tragedia. En medio del enojo, surgió un reclamo inesperado: que la mandataria sea sometida a un proceso de revocación de mandato.
El planteamiento, que hasta hace poco sonaba lejano, comenzó a tomar fuerza en redes sociales y en algunas movilizaciones ciudadanas. Lo paradójico es que hace apenas unas semanas, la propia gobernadora había asegurado que no tenía “ningún problema” con que se aprobara una ley que permitiera la revocación en Veracruz y que, incluso, ella misma estaría dispuesta a ser sujeta a ese mecanismo. Hoy, sin embargo, la narrativa cambió por completo: Nahle acusa a quienes impulsan la idea de lucrar políticamente con la tragedia y de “faltarle el respeto” al estado.
El contraste es evidente: una declaración que en su momento pareció un gesto de apertura ahora se interpreta como contradicción. Pero el malestar ciudadano no sólo apunta a sus palabras; va más allá, hacia un reclamo estructural: la falta de respuesta ante una emergencia que desnudó la vulnerabilidad de miles y la ineficiencia de las autoridades estatales.
En medio de ese contexto, la exigencia de legalizar la revocación de mandato ha ganado fuerza. Aunque la Constitución veracruzana contempla la figura, el estado carece de una ley reglamentaria que establezca los pasos concretos para ponerla en marcha. Sin esa norma, cualquier intento por aplicarla queda en el terreno de la intención. Y ahí es donde comienza el debate político.
Los ciudadanos que promueven la revocación exigen que el Congreso del Estado acelere la aprobación de la ley correspondiente. Su argumento es claro: si se trata de un derecho ciudadano, debe existir un camino real para ejercerlo. Sin embargo, en el Legislativo local, donde Morena tienen mayoría, no se ha mostrado prisa por discutir el tema. Algunos legisladores hablan de hacerlo en los próximos años, pero el clima político parece poco propicio para un acuerdo inmediato.
De acuerdo con especialistas consultados en la materia, el proceso para activar una revocación de mandato en Veracruz, una vez que exista la ley, requeriría cumplir varias etapas: la recolección de firmas equivalentes a un porcentaje del padrón electoral, la validación por parte de la autoridad electoral, la convocatoria a la consulta y la celebración del ejercicio ciudadano. Solo si se alcanza la participación mínima establecida y la mayoría vota por la revocación, el resultado tendría efecto vinculante. En caso contrario, el cargo se mantiene.
En teoría, la gobernadora podría ser sometida a una consulta de este tipo una vez cumplidos tres años de su mandato. En la práctica, el proceso está lejos de concretarse. Los tiempos legislativos, la falta de consenso político y la resistencia de la propia administración estatal hacen que la posibilidad parezca remota, al menos en el corto plazo.
Mientras tanto, el descontento social crece. En diversas regiones afectadas por las lluvias, pobladores reclaman que no se les ha escuchado, que los apoyos se entregan de manera irregular y que las autoridades no han asumido responsabilidad. Las críticas se agudizaron cuando la gobernadora, durante una conferencia, afirmó que “no está para darle contentillo a carroñeros”, en respuesta a quienes exigen su salida.
La frase se convirtió en símbolo del distanciamiento entre el gobierno y la población, y reforzó la percepción de que Nahle atraviesa ahora su primer gran desgaste político.
El tema, además, ha alcanzado dimensión nacional. La presidenta de la República ha expresado respaldo a la mandataria veracruzana, subrayando la importancia de la unidad en medio de la emergencia. Pero en la arena política local, ese apoyo se interpreta de dos formas: como un gesto de solidaridad institucional o como un intento de blindaje frente a un posible desgaste que podría extenderse al proyecto político federal.
Para los ciudadanos que impulsan la revocación, el objetivo no es sólo sancionar una mala gestión, sino abrir un precedente: que ningún gobernante esté por encima de la rendición de cuentas. Argumentan que el derecho a revocar el mandato es una herramienta de control democrático y que no debería depender de los tiempos o intereses de los partidos.
Del otro lado, los defensores del gobierno advierten que la demanda surge en un contexto de crisis y que su intención no es fortalecer la democracia, sino desestabilizar al estado. Alegan que los promotores del mecanismo actúan con motivaciones políticas y que la prioridad debería ser atender la reconstrucción tras las inundaciones.
El debate, así, se ha convertido en un campo minado donde se cruzan reclamos legítimos y estrategias partidistas. Y mientras el Congreso decide si legisla o no, la idea de la revocación crece como un símbolo de inconformidad social.
La pregunta que queda en el aire es si Veracruz está preparado para un ejercicio de democracia directa en medio de la tormenta. Si la ley se aprueba con reglas claras, podría sentar un precedente histórico. Pero si se convierte en un instrumento de confrontación, podría abrir una nueva etapa de polarización política en un estado que todavía intenta levantarse de una catástrofe natural.
Por ahora, la gobernadora mantiene su posición: no se niega a la revocación, pero rechaza que se use su nombre como bandera política. Sus detractores, en cambio, insisten en que no hay mejor momento para exigir cuentas que cuando la ciudadanía siente que el poder se ha alejado de sus problemas reales.
Veracruz vive días decisivos. Entre la devastación y la protesta, el debate sobre la revocación de mandato se ha convertido en espejo de la relación entre el gobierno y la gente: una relación marcada por la confianza perdida, las promesas contradictorias y la urgencia de una democracia que se sienta, no solo se proclame.
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