A lo largo de su historia, México ha utilizado la reforma constitucional como un medio para adaptarse a los desafíos de su tiempo. En muchos casos, estas reformas han ampliado libertades, creado instituciones autónomas y fortalecido la democracia. Sin embargo, desde junio de 2024, lo que hemos presenciado no ha sido una evolución normativa, sino una regresión estratégica.
Las reformas impulsadas desde el oficialismo no responden a un diálogo plural ni a demandas sociales legítimas. Por el contrario, parecen diseñadas para minar la estructura de pesos y contrapesos del Estado mexicano. Se han convertido en una vía para consolidar el poder, debilitar a las instituciones independientes y erosionar las garantías constitucionales.
El contexto de las reformas: mayorías sin democracia
La Constitución mexicana establece un proceso complejo para su modificación, que incluye la aprobación de dos terceras partes del Congreso de la Unión y más de la mitad de los congresos estatales. Esta alta exigencia busca garantizar que las reformas reflejen consensos amplios.
Pero en la práctica reciente, este candado ha sido burlado por la concentración de poder del partido mayoritario. La ausencia de contrapesos reales ha permitido que se aprueben reformas de enorme impacto sin diálogo ni deliberación.
Como ha expresado en diversos mensajes el jurista Diego Valadés, el problema no es reformar la Constitución. El problema es hacerlo sin debate, sin razones claras, y con la finalidad de perpetuar el poder político. Esa es una degeneración del constitucionalismo.
Un antes y un después: contrastes históricos
Es inevitable comparar las reformas actuales con momentos constitucionales de auténtico avance en México. Algunos ejemplos clave:
- 1917: una constitución adelantada a su época, pionera en derechos sociales.
- 1996: reforma electoral que dio autonomía al IFE, base de las elecciones creíbles.
- 2011: reforma en derechos humanos que obligó a todas las autoridades a respetar los tratados internacionales.
Estas reformas respondieron a movimientos sociales, exigencias ciudadanas y negociaciones plurales. Su objetivo: proteger a los ciudadanos del abuso de poder. Las reformas recientes hacen lo contrario.
Reformas recientes: retroceso constitucional en tiempo real
A partir de junio de 2024, han sido aprobadas varias reformas profundamente regresivas. Las más graves incluyen:
- Desaparición de órganos autónomos: El intento por eliminar o absorber al INAI (transparencia), la COFECE (competencia) y la CRE (energía) dentro del Ejecutivo no responde a una búsqueda de eficiencia. Es un acto deliberado de concentración de poder. María Marván, exconsejera del INE lo ha expresado claramente al advertir que sin órganos autónomos, el gobierno se vuelve juez y parte. El ciudadano queda indefenso.
- Reforma al Poder Judicial: elección de jueces. La modificación que obliga a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte elimina la profesionalización del sistema judicial. La Asociación Nacional de Magistrados ha alertado sobre que esta reforma compromete la imparcialidad de la justicia y expone al Poder Judicial a la manipulación electoral.
- Reformas al INE, recortes presupuestales, eliminación de órganos técnicos y limitación de funciones han debilitado al árbitro electoral. Lorenzo Córdova lo ha expresó con contundencia cuando ha manifestado que debilitar al INE es preparar el terreno para que las elecciones dejen de ser confiables. Estas reformas fueron aprobadas sin diagnósticos serios ni participación ciudadana. Tampoco respondieron a recomendaciones de organismos internacionales.
¿Quién pierde con estas reformas?
Gabriela Romero, abogada y madre de familia en Puebla, lo vive con incertidumbre:
“Siento que cada vez hay menos a quién acudir. Antes sabía que podía exigir al INAI que protegiera mis datos. Hoy no sé quién vigila al gobierno. Da miedo.”
El sentimiento es compartido por muchas personas que ven cómo se debilitan instituciones fundamentales para su vida cotidiana.
Las reformas no han mejorado los servicios públicos, ni reducido la corrupción, ni fortalecido el Estado. Al contrario:
- La desaparición del INAI impide saber cómo se gastan nuestros impuestos.
- El debilitamiento del Poder Judicial abre la puerta a sentencias dictadas por presión política.
- El ataque al INE deja en duda la limpieza de futuras elecciones.
Estos cambios no construyen país. Construyen poder.
De mantenerse esta tendencia, México enfrentará una Constitución funcionalista, no garantista. Una carta magna usada como escudo del poder, no como límite pues estas reformas debilitan los equilibrios entre poderes y abren la puerta al autoritarismo legal.
La comunidad académica, los organismos internacionales y la sociedad civil han lanzado alertas. Pero sin una movilización ciudadana amplia, estos cambios seguirán avanzando.
Resistir el desmantelamiento constitucional
Lo que está ocurriendo no es una modernización constitucional. Es un desmontaje institucional encubierto bajo el discurso de “transformación”.
Si algo ha enseñado la historia de México es que las instituciones se construyen con esfuerzo, pero se destruyen con rapidez. Las reformas recientes no sólo no nos acercan al país que soñamos: nos alejan peligrosamente de él.
Es momento de alzar la voz, de exigir debate, rendición de cuentas y defensa del pacto constitucional. Pero sobre todo es momento de que formemos ciudadanos de primera a través de las nuevas generaciones pues como lo ha manifestado el ministro en retiro José Ramón Cossío, reformar la Constitución no puede ser excusa para acabar con la democracia pues si fuera así, dejaría de ser reforma para convertirse en traición.
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