La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada crítica. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, incondicional del obradorismo, no es sólo un horizonte de cambios técnicos, sino una ofensiva institucional que amenaza la pluralidad, la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la alternancia política.
Lo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció como una reforma “para poner al pueblo en el centro”, en los hechos, es una operación de corte autoritario. La eliminación de 200 diputaciones plurinominales, la reducción del Senado, la transformación del INE en un nuevo organismo, y la elección popular de consejeros y jueces configura un diseño que concentra el poder electoral en manos afines al gobierno.
Estos cambios implican: menor proporcionalidad y pluralidad en el Congreso; órganos electorales sin autonomía ni capacidad técnica; y el riesgo latente de una democracia que se ejerce en las urnas pero se dirige desde Palacio Nacional.
La reforma que propone Sheinbaum no parte de cero. Retoma la propuesta que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, intentó empujar sin éxito durante su mandato. El llamado “Plan B” de AMLO fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, y su reforma constitucional quedó enterrada en el Congreso por falta de mayoría calificada. Hoy, con el control legislativo que Morena obtuvo en las elecciones de 2024, la historia pinta distinto.
De llegar a concretarse, el sistema democrático mexicano podría evolucionar hacia una simulación electoral: elecciones formales sin competencia real ni posibilidad de alternancia.
Nombrado para conducir la reforma el 2 de agosto, Pablo Gómez deja su cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera para asumir la tarea de rediseñar el sistema electoral. Militante de izquierda, formó parte del Partido Comunista Mexicano y tiene una larga trayectoria política, es fundador del PRD, legislador veterano y un férreo defensor del obradorismo. Su cercanía al poder y su perfil ideológico lo convierten en una figura profundamente cuestionada por la oposición.
Alarmas encendidas
Para analistas, expertos electorales y exconsejeros del IFE e INE, Gómez representa una visión parcial del sistema político. Su rol como operador político, y no como técnico neutral, mina la legitimidad de una reforma que debería nacer del consenso más amplio posible.
Los partidos de oposición PAN y PRI han alertado sobre las intenciones del gobierno: controlar el poder electoral bajo la apariencia de una reforma democrática. Señalan que el rediseño del INE, el recorte a la representación proporcional y la elección directa de árbitros electorales atentan contra los principios básicos de equidad, imparcialidad y pluralidad.
El líder del blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya, criticó que el gobierno de Morena quiera acaparar todo el poder. “¿Qué le falta al gobierno para tenerlo todo? ¿Para que nos convirtamos de facto en un régimen de corte autoritario? Lo único que les falta es controlar al INE, controlar a la autoridad electoral. Es regresar a las épocas de los años 80’s en donde el gobierno controlaba todo, incluyendo la organización de las elecciones.
“Nos parece preocupante en extremo que Morena, no satisfecha con controlar el poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo ahorita también quiera tener el control de las elecciones”, subrayó.
Por otra parte, desde el interior del INE, las consejeras Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Claudia Zavala exigieron ser incluidas dentro del proceso. Pidieron que la reforma no sea redactada por una sola pluma y defienden la representación proporcional como garantía democrática. Reiteraron que las reglas electorales deben producirse mediante un verdadero consenso, no en torres de cristal desde el Ejecutivo
Lorenzo Córdova indicó que esta reforma no fortalece la democracia, la debilita pues aseguró que elegir a los consejeros por voto popular es una forma de politizar al árbitro electoral. Dejar al Congreso sin representación proporcional es eliminar a las minorías.
También han cuestionado el financiamiento exclusivo en años electorales, lo que asfixiaría a los partidos pequeños e incrementaría la dependencia del dinero privado.
Colectivos como Unid@s, Sí por México y Frente Cívico Nacional emitieron posicionamientos contra la reforma. Exigieron que cualquier cambio al sistema electoral sea producto de un acuerdo nacional y no de una imposición partidista, y más allá de todo, denunciaron que esta reforma es el intento más agresivo en décadas por desmantelar el sistema democrático.
Además, indicaron que están preparados para recurrir a instancias internacionales si la reforma avanza sin diálogo.
La elección popular de jueces y magistrados, realizada en junio, encendió una alarma. Con baja participación y candidatos sin experiencia judicial, el proceso fue visto como una advertencia de lo que podría ocurrir si también se politiza el nombramiento de los consejeros electorales.
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