La presidenta Claudia Sheinbaum reactivó una de las propuestas más polémicas del obradorismo: la reforma electoral. Aunque asegura que no busca vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), los cambios que impulsa representan una transformación de fondo que ya encendió las alarmas de la oposición, de organizaciones civiles e incluso de sus propios aliados.
El paquete que prepara el gobierno federal plantea reducir el costo de las elecciones, eliminar la representación proporcional en el Congreso y modificar la forma en que se designan a los consejeros electorales, quienes pasarían a ser elegidos por voto directo.
“Lo que queremos es fortalecer la democracia, reducir gastos superfluos y garantizar que el pueblo decida”, aseguró la mandataria cuando hace unas semanas dio a conocer su intención de estas reformas. En su diagnóstico, el sistema electoral mexicano es costoso, poco representativo y ha permitido excesos del propio INE.
El primer cambio de fondo es presupuestal, Morena busca recortar los recursos públicos que reciben los partidos políticos, incluidos sus prerrogativas para campañas y operación ordinaria. También disminuiría el gasto del propio INE, al que se acusa de operar con “lujos innecesarios”.
En segundo lugar, propone desaparecer las diputaciones y senadurías plurinominales, es decir, aquellas que no se ganan en las urnas directamente, sino que se asignan por representación proporcional. En su lugar, se pretende crear un sistema de “primera minoría”, para entregar curules a los segundos lugares en distritos cerrados, una fórmula que ya se aplica en algunos congresos estatales.
El tercer eje es la elección por voto popular de los siete consejeros electorales los cuales actualmente son 11 y se eligen por cuotas en la Cámara de Diputados. Sheinbaum Pardo señaló que esta fórmula “democratizaría” al árbitro electoral.
Aunque el gobierno ha insistido en que la autonomía del INE no está en riesgo, especialistas advierten que esta propuesta lo sometería a mayor presión política y abriría la puerta a mayorías partidistas para capturar su estructura.
Como era de esperarse, los partidos de oposición rechazaron la iniciativa al considerarla una amenaza a la pluralidad y un intento de controlar las elecciones desde el Ejecutivo. El senador Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el senado, advirtió que “lo que busca Sheinbaum es replicar el control electoral que existía en los años 80: un árbitro a modo, sin contrapesos, sin pluralidad”.
Por su parte, el senador Alejandro Moreno, del PRI, fue más lejos y acusó que Morena busca “imponer un modelo de partido hegemónico reduciendo la representación de las minorías”.
Ambos partidos anunciaron que, si la reforma avanza, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y promoverán movilizaciones sociales.
Pero los desacuerdos también vinieron por parte de los aliados de Morena debido a que sus cuotas por su adherencia al partido del gobierno se verían severamente afectadas. Tanto el Partido Verde (PVEM) como el Partido del Trabajo (PT) han manifestado su rechazo a la eliminación de los plurinominales. Para estos partidos, que suelen obtener más curules por esta vía que por votación directa, el cambio representaría una pérdida real de representación política
Por tal motivo, aunque Morena tiene mayoría en ambas cámaras, la reforma constitucional requiere el apoyo de sus aliados por loa que la reforma propuesta por la presidenta requerirá de un extenuante cabildeo y negociación.
El PVEM incluso ha advertido que no votará a favor si no se construye un consenso más amplio. Legisladores petistas consideran que la propuesta vulnera la pluralidad y podría limitar la participación de fuerzas emergentes en el Congreso.
Analistas señalan que, lejos de la oposición, el mayor obstáculo para Sheinbaum está en sus propios aliados, quienes podrían frenar la reforma si no se hacen ajustes.
Por parte de la ciudadanía también se rechazaron los cambios a la ley electoral actual. Exconsejeros del IFE y del INE, como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, han emitido posicionamientos públicos para advertir los riesgos que implica la reforma los cuales aseguraron que traería consigo la pérdida de pluralidad, debilitamiento del árbitro electoral y concentración del poder en la mayoría legislativa.
Organizaciones como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) consideran, en contraste a la propuesta del gobierno federal y Morena, fortalecer la representación proporcional, blindar el financiamiento público frente a intereses privados y evitar reformas que pongan al INE en manos del partido gobernante.
“La elección directa de consejeros es una simulación de democracia: detrás está el riesgo de capturar al árbitro”, advirtió Woldenberg.
Trasfondo político
La propuesta de Sheinbaum no es nueva. Es prácticamente un reciclaje de la reforma que en 2022 intentó impulsar el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que se quedó a medio camino por falta de votos. Entonces, la resistencia fue la misma: partidos pequeños, oposición y sociedad civil cerraron filas.
Ahora, la presidenta retoma la bandera, pero enfrenta un Congreso distinto: Morena es mayoría, pero no tiene la fuerza suficiente por sí sola para modificar la Constitución. Necesita a los verdes y al PT, lo que abre una negociación que podría suavizar o trabar la reforma.
El debate se prevé ríspido en septiembre, cuando inicie el periodo ordinario. Mientras tanto, la oposición prepara recursos legales, organizaciones civiles afinan estrategias y el INE observa con cautela.
En el fondo, el tema no es sólo presupuestal ni técnico. Está en juego el diseño del sistema político y el equilibrio de poderes en los próximos años.
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