La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó la iniciativa de reformas a 23 leyes secundarias en materia administrativa enviada por el presidente de la República debido que viola la Constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de derecho, encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas y deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado, el sindicato patronal detalló los principales daños que ocasionaría la concreción de los cambios propuestos en la iniciativa del jefe del Ejecutivo, por lo que hizo “un respetuoso, pero enérgico llamado a los legisladores de todas las representaciones políticas, para que no aprueben las modificaciones propuestas, pues de hacerlo, será un golpe devastador a los esfuerzos por posicionarnos como un sitio seguro para las empresas nacionales y el capital extranjero”.
Entre las objeciones hechas, afirmó que con esta propuesta se envía una mala señal para los mercados, toda vez que hacen ver que en México no se respeta el Estado de derecho ni los tratados comerciales internacionales signados con por lo menos 46 países entre los que se encuentra el T-MEC, con lo que podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá.
Con respecto a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado, la Coparmex previó que en el mediano y largo plazo provocaría que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales.
Asimismo, alertó que podría representar una profunda discrecionalidad en la administración la pretensión de facultar al titular del Poder Ejecutivo federal, para que agrupe por sectores a las entidades de la administración pública paraestatal y pueda asignar directamente a las entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos, al régimen de dominio público de la federación por razones de interés público general, social o de seguridad nacional.
En lo referente a la figura de la revocación en la que las modificaciones pretendidas establecen causales para poder llevar a cabo la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la prestación de un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio de la Federación, el organismo empresarial aseguró que deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo, debido a que en cualquier momento podrían modificarse las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.
Señaló que la propuesta abre la posibilidad de adquirir bienes en participación pública internacional, sin tener que agotar concursos nacionales, con lo cual, no sólo dejan de apoyar al sector nacional, sino que se corre el grave riesgo de adquirir productos o servicios de baja calidad, lo que además afecta a la ciudadanía y consumidores finales.
A todo ello, indicó de manera enfática que “si México quiere ser un país con Estado de Derecho, competitivo y donde se genere bienestar para las familias, se debe cumplir la ley y no buscar maniobras jurídicas para evadirla; eso incluye al gobierno y a los particulares”.
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