La reforma judicial y la elección popular de jueces en México, celebrada en junio de 2025, han marcado un antes y un después para el mundo empresarial. Lejos de consolidar un estado de derecho más fuerte, la percepción generalizada es que el país ha dado un paso hacia la politización del sistema judicial, despertando una ola de incertidumbre entre empresas nacionales y extranjeras.
“El problema ya no es solo la corrupción o la impunidad: es que ahora ya no sabemos en manos de quién quedamos. Si el que tiene más votos es el que imparte justicia, ¿quién protege al que invierte sin padrinos políticos?”, cuestiona una directora legal de una multinacional europea con presencia en Monterrey.
México ha vivido en los últimos años un deterioro progresivo del Estado de derecho. La inseguridad física, la impunidad y los conflictos legales —muchas veces irresueltos— ya representaban una carga significativa para quienes hacen negocios en el país. Pero 2025 introdujo un nuevo elemento: la elección por voto directo de más de 2,600 cargos judiciales, promovida por Morena con el argumento de “democratizar la justicia”.
El cambio, sin embargo, no convenció a todos. “No fue una reforma técnica ni acordada con el Poder Judicial. Fue una imposición disfrazada de democracia”, lamenta Diego, abogado corporativo con 25 años de experiencia. La falta de transparencia, la nula capacitación de varios candidatos y el alto porcentaje de votos nulos —más del 20% según el INE— profundizaron la desconfianza.
Reacciones comunes: entre la cautela y la retirada
Las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, han respondido con una combinación de cautela e innovación legal defensiva:
- Congelamiento de inversiones: Un estudio de Deloitte reveló que 41% de las empresas transnacionales han pospuesto decisiones de inversión en México desde febrero de 2025.
- Rediseño contractual: Abogados de firmas como Baker McKenzie y Creel, García-Cuéllar señalan que las cláusulas de arbitraje internacional están creciendo entre socios y proveedores.
- Migración operativa: Algunas empresas, especialmente medianas, han comenzado a mover sus operaciones a estados con mayor certeza jurídica, como Guanajuato o Querétaro, o incluso fuera del país.
“El mensaje que recibimos es claro: si no tienes una relación directa con el gobierno, estás desprotegido”, afirma un empresario del sector energético que pidió anonimato por temor a represalias.
Entre el respaldo y la resistencia
Mientras algunas empresas han buscado alianzas con actores gubernamentales para garantizar continuidad, otras han optado por un bajo perfil o por reducir su exposición:
- Colaboradores estratégicos: Grupos como Salinas, Slim y algunos consorcios de infraestructura han optado por mantener relaciones estrechas con el gobierno, participando activamente en megaproyectos como el Tren Maya o Dos Bocas.
- Resistencia silenciosa: En contraste, firmas tecnológicas y de servicios financieros están diversificando sus inversiones y han reducido su presencia mediática en el país, conscientes de que un pleito judicial puede ser mediático y costoso.
Implicaciones a largo plazo
La imagen internacional de México como destino de inversión empieza a erosionarse. Según el reporte 2025 de The Economist Intelligence Unit, México cayó tres lugares en el índice de atractividad jurídica para negocios, situándose por debajo de Colombia y Perú.
Esto tiene consecuencias concretas:
- Menor inversión extranjera directa.
- Reducción en generación de empleo calificado.
- Desaceleración en innovación y desarrollo de nuevas industrias.
Cuando la justicia es incierta, nadie invierte para el largo plazo. Lo que México pierde no son solo negocios: es futuro.
Oportunidades en medio de la tormenta
A pesar del panorama sombrío, algunos actores han comenzado a organizarse. Cámaras empresariales como el CCE y Coparmex han exigido un diálogo real con el Ejecutivo para rediseñar la reforma judicial.
También han surgido iniciativas como la Red Nacional por la Legalidad Empresarial, que promueve la rendición de cuentas judicial y el uso de plataformas de transparencia pública.
“La empresa no solo debe sobrevivir: debe ser agente de transformación”, sostiene el presidente de Coparmex, Juan José Sierra. “No podemos permitir que el miedo desplace al estado de derecho”.
Perspectivas: ¿colapso o reconstrucción?
Todo dependerá de si la actual administración —y la siguiente— decide corregir el rumbo o profundizar la politización judicial. Las empresas, por su parte, deberán asumir un rol más activo, no solo para proteger sus intereses, sino para contribuir a una cultura de legalidad.
La empresa que hoy calla, mañana será víctima. No podemos vivir con miedo a la extorsión legal, ha advertido la analista política María Amparo Casar.
En última instancia, la actitud empresarial ante esta coyuntura no es solo una estrategia económica: es una postura ética y política. Si las empresas eligen callar, adaptarse o huir, el país corre el riesgo de quedar en manos de quienes compren la justicia. Pero si deciden liderar, exigir y construir, todavía hay espacio para esperanza.
Como dice Rafael, director de una firma de agroindustria en Sonora: “No me voy de México, pero ya no invierto un peso sin garantías legales. Es hora de que la ley vuelva a ser ley”.
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