En medio de un periodo extraordinario de sesiones marcado por decisiones polémicas y de alto impacto, el Congreso de la Unión aprobó en junio de 2025 la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La reforma, que fue votada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, busca fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar las capacidades técnicas y asegurar mayores recursos presupuestales para enfrentar una de las crisis humanitarias más graves de México: la de las desapariciones forzadas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al cierre de mayo de 2025, más de 114,000 personas continúan desaparecidas en el país. Cada una representa una historia rota, una familia atrapada en la incertidumbre y un sistema que hasta ahora no ha estado a la altura.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria y discutida en el Senado el 12 de junio de 2025, contempla cinco ejes fundamentales:
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda: Se crea una nueva figura de Coordinación Nacional de Búsqueda, con más atribuciones y obligaciones claras.
- Incremento presupuestal garantizado: Se establecen lineamientos para que los tres niveles de gobierno asignen recursos etiquetados y no discrecionales.
- Tecnología para la búsqueda: Obliga a las autoridades a utilizar herramientas tecnológicas y bases de datos actualizadas.
- Participación de familias y sociedad civil: Se refuerza el derecho de las familias a ser parte activa de las investigaciones.
- Sanciones por omisión: Se endurecen las sanciones contra servidores públicos que incurran en negligencia o impidan las búsquedas.
¿Por qué fue impulsada?
La reforma nace de una presión social sostenida y de múltiples recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha reiterado en diversos informes que México enfrenta una crisis estructural de desapariciones, donde la impunidad alcanza niveles alarmantes.
“No había día que no llegara un nuevo caso”, declaró en tribuna la senadora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte. “Las familias merecen un Estado que no las abandone”.
El Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Involuntarias (2023) recomendó precisamente lo que ahora se legisla: mayor capacidad técnica, presupuesto fijo y participación de víctimas.
Mariana Limón, madre de Luis Alberto, desaparecido en Tamaulipas desde 2019, asistió al Senado durante la aprobación. “No se trata sólo de leyes bonitas. Necesitamos que realmente se busque. Hay madres que mueren sin encontrar a sus hijos. Yo sólo quiero que mi hijo regrese, o al menos saber qué pasó”, dijo con la voz entrecortada en entrevista con Animal Político.
Historias como la de Mariana abundan en México: familias que se han convertido en buscadoras, en forenses improvisadas y en activistas, ante un Estado ausente.
Riesgos, críticas y posibles consecuencias negativas
Aunque la reforma fue celebrada por muchos sectores, organizaciones como Fundar y Amnistía Internacional advierten sobre los riesgos de que la ley no se traduzca en acciones concretas:
- Falta de voluntad política: El presupuesto puede asignarse en papel pero no ejercerse de forma efectiva.
- Centralización excesiva: Algunos especialistas temen que crear nuevas figuras nacionales reste fuerza a las comisiones estatales o locales de búsqueda.
- Persistencia de impunidad: La reforma no aborda de fondo la responsabilidad de fuerzas de seguridad o funcionarios involucrados en desapariciones.
“Es un paso adelante, pero no la solución definitiva”, señaló Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. “El problema es que seguimos sin castigar a quienes desaparecen a las personas, y sin justicia no hay paz”.
Fortalezas y beneficios de la reforma
A pesar de las dudas, existen avances innegables:
- Visibiliza y reconoce la gravedad del problema: Por primera vez se eleva a rango legal la obligación de buscar sin demora y con enfoque humanitario.
- Asegura recursos: Evita que la búsqueda dependa de la discrecionalidad política de cada administración.
- Incorpora tecnologías: Desde drones hasta análisis de ADN y geolocalización, la ley obliga a aprovechar herramientas modernas.
- Empodera a las familias: La participación activa de familiares es ahora un derecho protegido, no una concesión.
“Este es un logro de las familias y de las buscadoras que no han soltado el tema”, dijo la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, presidenta de la Comisión de Justicia.
¿Cómo impactará a los ciudadanos en su vida diaria?
Aunque para muchos mexicanos esta ley puede parecer distante, en realidad todos estamos potencialmente afectados en un país donde las desapariciones ya no se limitan a contextos de criminalidad organizada sino que abarcan migrantes, mujeres, adolescentes y activistas.
La reforma implica:
- Mejores tiempos de respuesta en casos de desaparición.
- Mayor protección para colectivos de búsqueda.
- Mayor acceso de las familias a información oficial.
- Uso de inteligencia artificial y bases de datos para encontrar patrones y localizar personas más rápido.
Si funciona como se espera, podría significar menos tiempo de angustia, más hallazgos exitosos y menos impunidad.
La aprobación de esta reforma a la Ley General de Desaparición Forzada es un avance legal y simbólico en la lucha contra uno de los flagelos más dolorosos de México. Sin embargo, el éxito dependerá no sólo de lo escrito, sino de su aplicación cotidiana y de la vigilancia de la sociedad civil y las familias.
Como bien dijo Mariana Limón en el Senado: “No queremos más promesas, queremos resultados. Queremos a nuestros hijos de vuelta”.
El país está en una encrucijada: convertir esta reforma en un nuevo capítulo de dignidad y justicia, o permitir que se quede, como tantas otras, en letra muerta.
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