En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa que busca que el Estado garantice el acceso gratuito a fórmula láctea para niñas y niños durante sus primeros seis meses de vida, como parte de una política integral orientada a proteger la salud infantil y reducir las brechas de desigualdad desde los primeros momentos de vida.
La propuesta fue impulsada por la diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien planteó modificar la Ley General de Salud mediante la adición de una nueva fracción al artículo 61. Con este cambio, se establecería un programa nacional de provisión de fórmula láctea nutritiva, administrado por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y bajo criterios técnicos definidos por la Secretaría de Salud.
El proyecto contempla que la Secretaría de Salud, en conjunto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, sea la encargada de fijar los estándares de calidad, así como los mecanismos de distribución, trazabilidad y seguimiento nutricional de los menores beneficiarios. El diseño del programa priorizaría a las zonas con mayores niveles de marginación, comunidades indígenas y regiones rurales, donde la falta de acceso a una alimentación adecuada representa un riesgo constante para la infancia.
El documento legislativo, turnado a la Comisión de Salud, parte del diagnóstico de que persisten profundas desigualdades en el acceso a la nutrición infantil, tanto en áreas rurales como en comunidades indígenas y sectores urbanos marginados. Frente a este escenario, la iniciativa plantea una intervención directa del Estado para garantizar condiciones mínimas de salud y desarrollo desde los primeros meses de vida.
Entre los argumentos centrales se señala que la desnutrición, la inseguridad alimentaria y la ausencia de una alimentación adecuada en la primera infancia están estrechamente vinculadas con un mayor riesgo de enfermedades, especialmente infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como con retrasos en el desarrollo físico y cognitivo. Prevenir estas afectaciones, sostiene la propuesta, debe ser un eje prioritario de la política pública en salud.
La iniciativa también subraya la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sistemas de salud y asistencia social locales. Este esquema de corresponsabilidad permitiría una atención más eficaz y sostenida a la infancia, al compartir responsabilidades y recursos en la implementación de la política nutricional.
Además, el planteamiento se inscribe en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos de la niñez, salud pública y nutrición. En particular, se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconocen la alimentación adecuada como un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo humano.
La diputada advierte que actualmente un número significativo de niñas y niños no recibe la nutrición necesaria para crecer y desarrollarse plenamente. Los primeros meses y años de vida, señala el documento, son determinantes, ya que es cuando el organismo infantil requiere nutrientes específicos para su crecimiento, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el desarrollo de habilidades cognitivas.
La falta de una alimentación adecuada en esta etapa temprana puede generar efectos negativos a largo plazo en la salud y el bienestar de las personas, limitando sus oportunidades y su capacidad para alcanzar su máximo potencial, advierte la iniciativa.
En este contexto, el texto legislativo pone énfasis en la relevancia de los primeros mil días de vida, que abarcan desde la concepción hasta los dos años de edad. Este periodo es considerado crítico, ya que el desarrollo físico y cognitivo es especialmente vulnerable a las deficiencias nutricionales, por lo que se vuelve indispensable implementar políticas que garanticen el acceso oportuno a alimentos nutritivos.
Finalmente, la propuesta destaca que promover la lactancia materna y asegurar el acceso a opciones nutricionales adecuadas cuando esta no sea posible es clave para garantizar que todas las niñas y niños, sin distinción, cuenten con las condiciones necesarias para crecer sanos y desarrollarse plenamente desde el inicio de su vida.
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