A lo largo de las últimas décadas, México ha implementado diversas políticas públicas sociales con el objetivo de combatir la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Estas estrategias, sin embargo, no han seguido un mismo modelo ni han producido los mismos resultados. Cada sexenio ha trazado su propia ruta, con énfasis, estilos y prioridades distintos, lo que ha dejado un legado disparejo en cuanto a logros y desafíos.
Analizar las principales políticas sociales implementadas en cada sexenio no es un ejercicio de nostalgia ni de celebración automática: es una necesidad crítica. El balance entre aciertos y errores revela no sólo la voluntad política de cada administración, sino también sus límites estructurales, omisiones técnicas y prioridades reales. Lo que ha hecho falta en múltiples momentos es una política social integral, basada en evidencia, con mecanismos sólidos de evaluación y continuidad más allá del sexenio. Una política que no dependa de coyunturas ni cálculos políticos, sino que coloque en el centro a las personas y a las desigualdades que siguen marcando al país.
Vicente Fox (2000–2006): La Cruzada contra la Pobreza
Durante su mandato, Vicente Fox impulsó la estrategia Contigo es Posible, la cual se propuso romper con el enfoque asistencialista de la pobreza y transitar hacia un modelo centrado en el fortalecimiento de capacidades. Por primera vez, una política social integró a 15 dependencias federales en una sola estrategia nacional.
El programa Oportunidades, que sustituyó a Progresa en 2002, amplió la cobertura a familias urbanas y extendió becas hasta nivel medio superior. Para mediados de ese año, ya beneficiaba a más de 4 millones de hogares. Además, se reformó la Ley General de Salud para reconocer la protección social en salud, lo que dio lugar al nacimiento del Seguro Popular, destinado a población sin seguridad social formal.
Otra iniciativa relevante fue la Estrategia de Microrregiones, que buscaba abatir la marginación regional mediante la coordinación de 68 programas federales. En paralelo, se introdujeron políticas de vivienda mediante el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva y un Programa de Vivienda Rural, derivado del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) tras las protestas del movimiento “El campo no aguanta más”.
No obstante, pese a su amplitud, la estrategia carecía de una articulación real entre programas. Las reglas de operación no garantizaban atención integral a las familias beneficiarias, y la coordinación entre niveles de gobierno era limitada. El Seguro Popular, por ejemplo, cubría a más de 3.5 millones de familias al cierre del sexenio, pero gran parte de ellas estaban ahí por decisión de los gobiernos estatales, no por una planificación nacional coherente.
Felipe Calderón (2006–2012): Programas de inclusión y pensiones universales
La administración de Felipe Calderón presentó su política social bajo el lema Vivir Mejor, enfocada en el desarrollo humano sustentable. Esta estrategia contemplaba tres líneas: desarrollo de capacidades básicas, red de protección social y vinculación con el crecimiento económico.
Uno de sus principales logros fue el incremento masivo en la afiliación al Seguro Popular, que pasó de 5.3 a más de 49 millones de personas. También se consolidaron pensiones para adultos mayores y programas para población vulnerable, como el Programa de Estancias Infantiles, MAROP (ahorro para el retiro) y la Estrategia 100×100, enfocada en municipios con bajo Índice de Desarrollo Humano.
Sin embargo, el crecimiento en cobertura no fue acompañado por mejoras en calidad ni en eficiencia. Según el CONEVAL, los servicios seguían siendo deficientes, sobre todo en zonas rurales. La reforma en la medición multidimensional de la pobreza permitió conocer carencias más allá del ingreso, pero también evidenció que muchos programas no lograban reducir problemáticas como la inseguridad alimentaria o la falta de seguridad social.
Además, el sistema quedó fragmentado, sin enfoque de derechos ni coordinación efectiva entre niveles de gobierno. El gasto social fue desigual: regresivo en pensiones, neutral en salud y progresivo en alimentación. Pese a los esfuerzos, la pobreza no disminuyó significativamente y se mantuvo la dependencia entre ingresos informales y exclusión social.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): Combate a la desigualdad con resultados mixtos
El sexenio de Enrique Peña Nieto priorizó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), una estrategia que buscó integrar los tres niveles de gobierno y diversos sectores para atender a 7.4 millones de personas en pobreza extrema con carencia alimentaria. Aunque logró reducir la pobreza extrema en dos puntos porcentuales, no impactó significativamente en la carencia alimentaria.
Se mantuvo el programa Prospera, con una nueva orientación hacia la inclusión financiera, laboral y productiva. También se lanzaron programas innovadores como el Seguro de Vida para Jefas de Familia, los Comedores Comunitarios y el piloto Territorios Productivos (PTP), que articuló 15 programas en cinco estados.
Un aspecto destacado fue la inclusión de indicadores de seguimiento en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representó un avance en transparencia. Sin embargo, el periodo estuvo marcado por escándalos como la Estafa Maestra, donde la Auditoría Superior detectó un desvío de 2,800 millones de pesos vinculados a la SEDESOL. A esto se sumó la manipulación de encuestas de ingresos en 2016, que alteró artificialmente las cifras de pobreza.
Pese a que 68 de los 88 programas prioritarios aumentaron su presupuesto, las desigualdades estructurales se mantuvieron. La eficiencia en la focalización de apoyos fue limitada, aunque se intentó mejorar con la creación del Sistema de Información Social Integral.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): Ampliación con enfoque asistencial
El actual sexenio se ha caracterizado por una expansión considerable de los programas sociales, con iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. El primero busca insertar a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan en actividades productivas mediante capacitación laboral. Aunque ha superado la cobertura esperada, ha sido criticado por la baja calidad en los centros de trabajo y por no incidir de forma estructural en la empleabilidad de largo plazo.
Por su parte, Sembrando Vida se enfoca en la autosuficiencia alimentaria, el tejido social y la reforestación. En 2023, atendió a más de 450 mil personas en 23 estados. Si bien ha generado impactos positivos en ingresos y acceso a alimentos, la falta de capacidad para ahorrar de los hogares más vulnerables ha limitado sus beneficios a largo plazo. También se ha cuestionado su sostenibilidad y la eficacia de los sistemas agroforestales promovidos.
Ambos programas han sido señalados por posibles usos clientelares y por la ausencia de indicadores sólidos para su evaluación. La Matriz de Indicadores de Resultados del programa de Jóvenes, por ejemplo, fue clasificada como “no factible”. Esto evidencia la necesidad de fortalecer el diseño técnico y la rendición de cuentas.
Entre avances, retrocesos y deudas acumuladas
El análisis de las políticas sociales implementadas desde el año 2000 hasta la fecha revela avances importantes en términos de cobertura y visibilidad de ciertos sectores vulnerables, pero también evidencia una profunda fragmentación institucional, falta de continuidad, y decisiones marcadas más por la coyuntura política que por una estrategia de Estado a largo plazo.
Cada administración dejó su huella. Vicente Fox impulsó una visión de desarrollo humano integral con la Estrategia Contigo, pero falló en consolidar mecanismos de articulación entre programas y en garantizar cobertura real a los más vulnerables. Felipe Calderón apostó por ampliar la red de protección social, con un crecimiento masivo en la afiliación al Seguro Popular, pero sin resolver las brechas de calidad en los servicios ni asegurar su sostenibilidad. Su política dejó un sistema social fragmentado, desigual y con carencias en coordinación federal. Enrique Peña Nieto impulsó programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre y Prospera, pero su administración estuvo marcada por escándalos de corrupción y manipulación de datos, afectando la credibilidad de sus políticas. Andrés Manuel López Obrador, en el actual sexenio, ha priorizado la entrega directa de apoyos y expandido la cobertura de programas, pero con problemas de diseño, evaluación y una creciente preocupación sobre su uso político y falta de institucionalización.
En materia de salud, a pesar de los esfuerzos por ampliar el acceso, la calidad de los servicios y su disponibilidad en zonas rurales y marginadas sigue siendo una deuda estructural. El modelo del Seguro Popular, aunque ampliado, nunca fue plenamente efectivo en garantizar atención oportuna y de calidad. La actual desaparición del mismo no ha venido acompañada de un modelo funcional, lo que ha dejado a millones en incertidumbre sanitaria.
En cuanto a la pobreza, los datos muestran estancamientos preocupantes. Ningún sexenio ha logrado romper de forma estructural con las condiciones que reproducen la exclusión: desigualdad en el ingreso, economía informal extendida, acceso desigual a la educación y servicios básicos, y ausencia de movilidad social real. Las transferencias directas, aunque necesarias, han sido insuficientes para transformar estas condiciones de raíz.
También persiste un abandono institucional hacia grupos históricamente marginados, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, población trans y habitantes de zonas rurales profundas, quienes rara vez han sido el centro de una política pública con enfoque diferenciado.
En suma, si bien cada sexenio ha contribuido con distintas herramientas a la política social del país, el saldo general es el de un sistema con avances dispersos, sin enfoque integral y sin mecanismos claros de evaluación y ajuste. El reto es dejar atrás el enfoque sexenal y construir una política social transversal, sostenible, participativa y evaluada con rigor, capaz de atender las múltiples dimensiones de la desigualdad en México. La clave no estará en repartir más apoyos, sino en diseñar sistemas públicos que garanticen derechos, inclusión y desarrollo real para las próximas generaciones.
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