Después de más de seis años de gestión de Morena, las empresas paraestatales mexicanas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siguen en el centro del debate sobre el rumbo económico del país. Mientras que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto impulsaron una apertura al capital privado, los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum han apostado por devolver al Estado el control del sector energético. Pero ¿ha sido eficaz este modelo?
La respuesta es compleja, aunque los datos revelan señales preocupantes. Pemex, la petrolera estatal, arrastra una deuda con proveedores cercana a los 400 mil millones de pesos. A pesar de que en marzo de este año se hizo un pago de más de 100 mil millones para calmar las presiones, la Asociación Mexicana de Empresas del Sector Petróleo (AMESPAC) advirtió que si no se cubren los adeudos restantes, las actividades podrían frenarse en julio.
“La deuda está asfixiando la operación”, dijo un directivo de una firma contratista en entrevista reciente. “Estamos al borde del paro técnico”.
En comparación, durante el gobierno de Peña Nieto —impulsor de la reforma energética de 2013—, Pemex también tenía un alto endeudamiento, pero contaba con mayor flexibilidad operativa y acceso a capitales privados. Al cierre de 2015, la deuda era de aproximadamente 90 mil millones de dólares, menor a la actual. La diferencia es que hoy, gran parte del pasivo no es financiero, sino con proveedores, lo que pone en riesgo inmediato la operación de la empresa.
Otro dato relevante: la producción petrolera también ha caído. En el primer trimestre de 2025, Pemex registró una baja de 11% respecto al mismo periodo del año anterior. Se produjeron en promedio 1.6 millones de barriles diarios, lejos del objetivo de 2 millones que se planteó al inicio del gobierno de AMLO.
La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, ha sido fortalecida legalmente. En octubre de 2024, se aprobó una reforma constitucional que garantiza al menos el 54% de la generación eléctrica a manos del Estado. El resto queda en manos de privados. Este esquema fue defendido por Sheinbaum como una forma de “recuperar la soberanía energética”, aunque especialistas advierten que puede desalentar inversiones, sobre todo en energías limpias.
Ya como presidenta, Claudia Sheinbaum ha delineado una ruta que combina el fortalecimiento del control estatal con ciertos ajustes para corregir las debilidades heredadas. Uno de sus primeros pasos fue la creación del Derecho Petrolero para el Bienestar, un nuevo régimen fiscal que reduce la carga tributaria de Pemex para facilitar su recuperación. También eliminó varias filiales para simplificar la estructura corporativa de la empresa.
“El objetivo es que Pemex y CFE funcionen como verdaderas empresas productivas del Estado, pero con disciplina financiera”, dijo en su discurso inaugural.
El gobierno también ha destinado 136 mil millones de pesos para ayudar a Pemex a pagar sus deudas en 2025, pero bajo condiciones: la petrolera deberá demostrar avances en eficiencia y cumplir con los pagos a contratistas.
Además, Sheinbaum ha abierto la puerta –aunque de forma limitada– a que el capital privado participe en proyectos de exploración y generación eléctrica, siempre y cuando el Estado conserve la mayoría. Los llamados farmouts han sido retomados, pero con nuevos controles.
A diferencia de sus antecesores inmediatos, Sheinbaum no ha apostado por una reforma energética profunda, sino por un ajuste del modelo actual. No se trata de regresar a la apertura total, pero sí de evitar que Pemex y CFE colapsen bajo su propio peso.
El reto no es menor. A junio de 2025, Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, y sus niveles de producción no muestran señales claras de mejora. Por su parte, la CFE enfrenta el desafío de modernizar su infraestructura sin frenar la transición hacia energías renovables.
En ese contexto, la apuesta por un Estado fuerte en el sector energético se mantiene. Pero para que esta narrativa se convierta en realidad, el gobierno deberá cumplir con lo más básico: pagar a tiempo, producir más y dejar de operar bajo emergencia permanente.
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