Al anticipar que la elección en las urnas de más de 800 cargos judiciales, dará como resultado un sistema judicial debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que no se “cruzará de brazos”, por lo que desplegará observadores ciudadanos para que documenten irregularidades y denuncien cualquier intento de manipulación en las votaciones del próximo domingo, pues con estos elementos –aseguró– existe la posibilidad de revertir la reforma judicial.
Aseguró que la observación ciudadana es el último dique frente al debilitamiento de la justicia, pues “la legalidad no se vota, se defiende. La imparcialidad no se negocia, se protege”.
La Coparmex apuntó que “hoy, más que nunca, hacemos un llamado contundente: la sociedad debe asumir el papel que el proceso institucional ha dejado vacío. Defender al Poder Judicial es defender la democracia, la economía y el futuro de México”.
Abundó que la ciudadanía debe ser el contrapeso que esta elección no garantiza, en este sentido, indicó que al reconocer la gravedad del contexto desplegó una estrategia nacional de observación que cuenta con más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta red cubre el 60.6 por ciento de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65 por ciento del territorio nacional.
El sindicato patronal mencionó como antecedente inmediato, que en el proceso electoral de 2018 se registraron poco más de 38 mil personas observadoras, cifra que hoy se ha multiplicado de forma inédita al presentarse 316 mil 498 solicitudes, lo que representa un incremento del 732.89 por ciento. Sin embargo, apenas 139 mil 538 han sido acreditadas. Más aún, 48 mil 360 solicitudes fueron rechazadas por estar vinculadas a partidos políticos, programas sociales o candidaturas, lo que demuestra el intento de ciertos actores por infiltrarse en la observación ciudadana, desvirtuándola.
Subrayó que “estos datos no pueden ser ignorados. Nos alertan sobre la necesidad de defender la observación electoral como una herramienta legítima, neutral y profesional”.
Proceso electoral a modo
A través de su publicación oficial Señal, la Coparmex dijo que levantó la voz ante un proceso que no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas, abandonó la imparcialidad, la transparencia y la técnica, y está siendo utilizado como herramienta política y no como mecanismo de fortalecimiento institucional.
Resaltó que ante la desinstitucionalización progresiva del poder judicial, la participación activa de la sociedad civil es hoy más urgente que nunca.
“La observación electoral no es un trámite, es una forma de resistencia democrática frente al autoritarismo. Documentar, visibilizar y denunciar las irregularidades del proceso judicial representa el último dique frente a su captura por intereses ajenos a la legalidad”, insistió.
La publicación subraya que la elección judicial no debe convertirse en un teatro electoral que sirva a propósitos políticos de corto plazo. Lo contrario: lo que está en juego no es solo la legitimidad de los nuevos ministros, jueces y magistrados, sino la capacidad del país de garantizar justicia imparcial para todas las personas.
El próximo 1 de junio, más de 800 cargos judiciales estarán en juego en un proceso sin precedentes que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. Esta elección es histórica por su magnitud y los riesgos que implica.
Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte, transparente y profesional, ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado. Hoy estamos ante una elección que no fue planeada para mejorar la impartición de justicia; fue diseñada para controlar al Poder Judicial. El resultado de este ejercicio será un sistema debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado.
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