En la primera mitad de 2025, México registró 253 hechos de violencia política que dejaron una estela de sangre, miedo y desconfianza. De acuerdo con el reporte semestral elaborado por el equipo de Saulo Dávila, 112 personas fueron asesinadas por motivos políticos, otras 74 recibieron amenazas directas, 33 sufrieron atentados con armas de fuego, 17 fueron secuestradas y 11 más permanecen desaparecidas. La gran mayoría de las víctimas —79%— eran funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a cargos municipales. En lugar de convertirse en garantes de la democracia, las elecciones se están volviendo un campo de batalla.
“Mi esposo solo quería postularse para ayudar al pueblo, pero recibió amenazas desde el primer día. No entendíamos por qué. Ahora duerme con escolta y yo vivo con miedo de que no regrese cada noche”, cuenta María Teresa N., esposa de un candidato a presidente municipal en el centro del país.
El fenómeno, lejos de ser anecdótico o local, tiene dimensiones estructurales. Se trata de un síntoma de un mal mayor: la captura institucional por parte del crimen organizado, que busca imponer sus reglas mediante el terror y la infiltración política. Esta violencia no solo amenaza vidas, sino que compromete la certeza jurídica, la estabilidad económica y la continuidad de proyectos públicos y privados en regiones completas.
¿Por qué los municipios?
El 2025 ha confirmado una tendencia alarmante: los municipios son el epicentro de la violencia política. De los 253 casos, 200 (el 79%) ocurrieron a nivel municipal. Esto no es casualidad. Como explican los autores del informe, los municipios suelen ser las estructuras gubernamentales más vulnerables, con escasos recursos, poca profesionalización y fuertes tentaciones clientelares.
“En el municipio se controla el presupuesto, la obra pública, la policía local, los permisos. Es la joya de la corona para el crimen organizado”, explica Jacques Coste, coautor del informe y analista de seguridad.
Controlar un ayuntamiento, por pequeño que sea, permite a los grupos criminales dominar territorios estratégicos, extorsionar a comerciantes, infiltrar a las policías municipales y abrir rutas para actividades ilícitas. La violencia no busca solo eliminar adversarios, sino reorganizar el poder local con base en intereses delincuenciales.
Veracruz: el epicentro de la sangre
Entre las entidades más golpeadas, Veracruz destaca con 81 casos documentados, lo que representa casi un tercio del total nacional. La cifra contrasta brutalmente con la de Durango, que —a pesar de también tener elecciones locales— solo registró un incidente. ¿La diferencia? La estabilidad relativa del panorama criminal en uno y la multiplicidad de cárteles en disputa en el otro.
En Veracruz operan simultáneamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas Vieja Escuela y La Nueva Familia Michoacana, lo que ha generado un campo minado para cualquier aspirante político. Los incidentes se dispararon en los meses previos a las elecciones: solo en mayo ocurrieron 48 agresiones, lo que evidencia una clara intencionalidad de alterar o condicionar los resultados.
Morena, el partido más afectado (pero también el más expuesto)
Aunque el partido oficialista Morena fue el que más casos concentró (73), seguido por el PT (28) y el PRI (27), el reporte aclara que esto no implica una persecución partidista directa, sino que Morena tiene más cargos de elección popular y más exposición mediática. También llama la atención que 69 víctimas no estaban afiliadas a ningún partido, lo que apunta a que el fenómeno no discrimina entre ideologías, sino que responde a lógicas de poder local y control criminal.
En la capital del país, la violencia política también se hizo presente, especialmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde figuras como el senador Gerardo Fernández Noroña, la exalcaldesa Sandra Cuevas y la diputada María Teresa Ealy fueron objeto de amenazas.
¿Y el Poder Judicial? Casi sin violencia… por ahora
Uno de los datos más reveladores del reporte es que prácticamente no hubo violencia política contra candidatos del Poder Judicial, ni a nivel federal ni local. Solo se registraron tres amenazas en Puebla, Guanajuato y el Estado de México. Aunque esto podría parecer una buena noticia, también podría indicar que los actores criminales no consideran prioritario controlar ese poder del Estado, o que lo hacen por otros medios menos visibles.
“Lo preocupante es que no se trata de casos aislados. Es un patrón que normaliza la violencia como herramienta política. Y eso es incompatible con la democracia”, advierte Paulina Creuheras, politóloga y coautora del informe.
Implicaciones: más que cifras, vidas paralizadas
Cada cifra en este reporte esconde una historia truncada: un proyecto de vida cancelado, una familia aterrada, una comunidad amedrentada. La violencia política no solo inhibe la participación ciudadana, también altera la voluntad del pueblo, distorsiona los resultados electorales y consolida regímenes locales bajo el control de poderes paralelos.
En palabras de Ana Padilla, una de las coordinadoras del estudio:
“La violencia no es solo contra candidatos o autoridades. Es contra la democracia misma”.
La normalización de la violencia política pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, la legitimidad de los gobiernos y la cohesión social. Para revertir esta tendencia, el Estado mexicano requiere acciones firmes:
- Fortalecimiento institucional de los municipios, con profesionalización, recursos y contrapesos.
- Blindaje electoral y acompañamiento a candidatos vulnerables, especialmente en zonas de alta criminalidad.
- Combate frontal a la impunidad en los casos de violencia política, con investigaciones y sanciones ejemplares.
- Corresponsabilidad social, con medios, ciudadanía, iglesias y organizaciones civiles denunciando y visibilizando los riesgos.
El desafío es inmenso, pero no imposible. La Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la política es una forma elevada de caridad cuando se ejerce con ética y justicia. No podemos permitir que se convierta en una sentencia de muerte.
“A veces pienso en renunciar, pero si todos nos vamos, ¿quién queda? Alguien tiene que seguir luchando por el bien común, aunque eso hoy signifique arriesgar la vida”, confiesa un joven regidor de Morelos bajo anonimato.
La democracia mexicana no necesita héroes solitarios, sino un compromiso colectivo por erradicar la violencia como forma de poder. Solo así será posible restaurar la confianza, reconstruir la legalidad y recuperar la esperanza.
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