Desde las 6:00 de la mañana de este lunes 27 de octubre de 2025, el Estado de México amaneció “ahorcada” por el bloqueo que con pipas y camiones cisterna se realizó en los principales accesos hacia la Ciudad de México en protesta por el Operativo Caudal, implementado apenas el viernes 24 de este mes por el gobierno estatal a fin de combatir el “huachicol de agua”.
Las autopistas México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro y México-Texcoco amanecieron convertidas en una trampa de metal y desesperación, mientras avenidas como Vía Morelos, López Portillo y la Central se transformaron en zonas inmóviles bajo el control de los manifestantes.
El conflicto estalló luego de que el fin de semana la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encabezó un operativo en 48 municipios, donde aseguraron 51 pozos, 138 tomas clandestinas y 322 pipas presuntamente vinculadas a la extracción ilegal del vital líquido. El golpe fue severo, pues esos puntos representaban la fuente principal de abastecimiento para cientos de distribuidores particulares que desde hace años trasladan agua a colonias, escuelas y comercios en zonas donde la red pública no alcanza. La fiscalía asegura que los pozos operaban al margen de la ley y que detrás de ellos existen estructuras sindicales que lucraban con el recurso, lo que ha sido calificado como “huachicol del agua”.
Quienes se organizaron para realizar el bloqueo, niegan ser delincuentes y defienden su trabajo como una actividad necesaria en municipios donde el abasto público falla desde hace años. Con pancartas y altavoces repitieron durante horas una consigna que hoy se escucha en Nezahualcóyotl, Ecatepec y Los Reyes La Paz: “no somos huachicoleros, somos trabajadores del agua”.
Los manifestantes aseguran que la clausura de los pozos los dejó sin sustento y que la operación se llevó a cabo sin aviso ni diálogo previo. Algunos explican que las pipas no son suyas, sino unidades arrendadas, y que los decomisos los han dejado endeudados. Otros relatan que su trabajo consiste en abastecer a escuelas, clínicas y comunidades sin red de agua potable y que ahora no tienen de dónde llenar los tanques
Daños a terceros
El caos vial se extendió con rapidez. En Ecatepec se contabilizan al menos ocho puntos de bloqueo, mientras que en el oriente del Valle de México los cortes de circulación afectan rutas del transporte público, incluidos tramos del Mexibús que suspendió parcialmente su servicio. Miles de personas se vieron obligadas a caminar largos trayectos para llegar a sus trabajos o escuelas. En redes sociales, los usuarios denuncian el cierre de accesos en la México-Pachuca a la altura de El Vigilante y en la México-Texcoco, mientras la policía estatal despliega patrullas para liberar carriles y auxiliar a peatones. A las cinco de la tarde los bloqueos continuaban en varios puntos y la tensión no disminuía.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aceptó recibir a los inconformes y que la Comisión Nacional del Agua participará en el diálogo. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no hay información pública sobre acuerdos concretos.
La Fiscalía mexiquense se ha limitado a reiterar que el Operativo Caudal busca “garantizar el abasto legal y equitativo” y evitar el lucro privado con un recurso que pertenece a todos. Ningún funcionario estatal ha detallado si se permitirá reabrir pozos bajo un nuevo esquema de control o si habrá sanciones para los grupos que bloquean carreteras.
El trasfondo de esta disputa revela la fragilidad de un sistema de distribución que desde hace años depende del negocio informal de la pipa. En municipios donde las redes de agua potable apenas funcionan, los vecinos han recurrido históricamente a los distribuidores particulares para llenar tinacos y cisternas. Esa dependencia convirtió a los piperos en un actor central de la vida cotidiana, pero también abrió la puerta a la corrupción, el sobreprecio y la extracción descontrolada. Las autoridades sostienen que el operativo es un paso para regularizar el servicio y frenar una economía paralela que creció al margen de la ley. Los manifestantes, por su parte, ven en ello una condena sin alternativas.
Mientras caía la tarde, algunos bloqueos comenzaron a disolverse de manera parcial, pero el enojo persistía. La incertidumbre sobre el futuro de cientos de trabajadores que viven del transporte de agua se mezcla con la urgencia de las autoridades por contener una práctica que califican de saqueo. En el fondo, la disputa por el agua en el Estado de México es también una disputa por el control de un recurso cada vez más escaso, una batalla que hoy se libra no en los pozos ni en los despachos, sino en las calles paralizadas donde las pipas, los automovilistas y los ciudadanos comunes esperan una solución que aún no llega.
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