En el último periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se aprobó un paquete legislativo que podría redefinir la forma en que opera la economía mexicana. Entre estas leyes destaca la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ambas alineadas con la visión económica del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y sus compromisos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Estas reformas, que recibieron el visto bueno tanto de la Cámara de Diputados como del Senado en junio de 2025, buscan fortalecer el control estatal en sectores estratégicos, facilitar la operación de empresas públicas y modificar los equilibrios de poder en el mercado.
¿Qué dice la reforma?
La iniciativa a la Ley Federal de Competencia Económica introduce cambios clave para que el Estado mexicano tenga un papel más activo en sectores considerados estratégicos: energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. Entre las principales modificaciones se encuentran:
- Limitación a la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en decisiones donde se vea involucrado un interés público superior o la seguridad nacional.
- Facilitación de procesos regulatorios y operativos para empresas productivas del Estado como Pemex o CFE, permitiéndoles competir en condiciones diferenciadas frente a compañías privadas.
- Nuevos lineamientos para fusiones y adquisiciones, donde la Secretaría de Economía tendrá mayor poder de intervención en decisiones que afecten sectores sensibles.
Simultáneamente, la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales flexibiliza los mecanismos para la creación, operación y financiamiento de nuevas empresas públicas o de participación estatal mayoritaria, una medida que ha sido interpretada por analistas como un regreso a una política económica con tintes estatistas.
¿Por qué fue impulsada?
El expresidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo económico han defendido estas reformas bajo la bandera de la soberanía económica y la necesidad de que el Estado mexicano recupere capacidad de intervención en sectores estratégicos. En palabras del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado: “El Estado no puede ser un espectador pasivo mientras intereses privados, muchas veces extranjeros, deciden sobre áreas fundamentales para el bienestar nacional”.
Asimismo, el gobierno ha señalado que estas modificaciones buscan cumplir compromisos internacionales dentro del marco del T-MEC, asegurando que las reformas no contravienen las reglas de comercio exterior y competencia internacional.
Riesgos y críticas: ¿retroceso o avance?
Sin embargo, las reformas no han estado exentas de críticas. Diversos expertos, organismos empresariales y académicos advierten sobre los riesgos que conlleva este giro hacia un mayor control estatal.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó en un comunicado: “Estas reformas podrían generar incertidumbre jurídica, inhibir la inversión privada y crear condiciones de competencia desigual que afecten a consumidores y a pequeñas empresas”.
Especialistas como Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierten que: “Un Estado demasiado involucrado en la economía suele tener incentivos políticos que pueden distorsionar los mercados, encarecer los costos para los ciudadanos o limitar la innovación”.
Las reformas también han levantado dudas sobre su compatibilidad con los principios de libre competencia establecidos en el T-MEC. La posibilidad de que Estados Unidos o Canadá activen mecanismos de resolución de disputas comerciales está latente.
Fortalezas y beneficios: la defensa del proyecto
No obstante, los defensores de las reformas subrayan que un mayor papel del Estado podría traducirse en beneficios concretos para la población, especialmente en áreas donde el mercado ha fallado en ofrecer servicios universales y asequibles, como la electricidad o el acceso a internet.
La senadora Citlalli Hernández, de Morena, enfatizó en tribuna:
“Estas leyes nos devuelven la posibilidad de garantizar que servicios esenciales no estén sujetos sólo a las reglas del mercado, sino a las necesidades del pueblo”.
Asimismo, se argumenta que estas medidas permitirán proteger sectores estratégicos frente a intereses trasnacionales y garantizar el abasto de bienes esenciales en momentos de crisis o desabasto global, como se vivió durante la pandemia de COVID-19.
¿Cómo impactará en la vida diaria de los ciudadanos?
Las implicaciones de estas reformas pueden sentirse en diferentes niveles de la vida cotidiana:
- Posibles ajustes en tarifas y servicios: Al dar mayor flexibilidad a empresas estatales como CFE, los costos de servicios públicos podrían mantenerse estables en algunos casos, pero en otros podrían aumentar si se eliminan subsidios o si la competencia se reduce.
- Restricción de opciones en ciertos mercados: Si las inversiones privadas disminuyen en sectores controlados por el Estado, los consumidores podrían enfrentar menos opciones o menores estándares de calidad.
- Riesgo de opacidad y corrupción: Algunos expertos temen que, al debilitarse los controles de competencia, se abra la puerta a prácticas menos transparentes dentro de las paraestatales.
- Posibilidad de empleo en nuevas paraestatales: La creación o expansión de empresas públicas podría abrir fuentes de trabajo en sectores clave, particularmente en energía, construcción y telecomunicaciones.
- Mayor dependencia de decisiones gubernamentales: En sectores donde antes predominaban las decisiones de mercado, los ciudadanos podrían estar cada vez más sujetos a decisiones políticas sobre precios, servicios y calidad.
Un ciudadano de la Ciudad de México, Jorge López, quien trabaja en una pequeña empresa de tecnología, expresó su preocupación:
“Tengo miedo de que las tarifas suban o que haya menos competencia. Al final, quienes siempre perdemos somos los de a pie”.
La aprobación de estas reformas marca un punto de inflexión en la política económica mexicana. A diferencia de las últimas décadas, caracterizadas por una creciente liberalización y apertura a la inversión privada, la actual administración apuesta por un modelo con un Estado más robusto y un mercado más regulado.
El desenlace de estas reformas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para equilibrar los beneficios del control estatal con la necesidad de garantizar transparencia, competencia y eficiencia.
A mediano y largo plazo, estas leyes podrían sentar las bases para una transformación económica de gran calado, pero también para una posible judicialización internacional o un descenso en la confianza empresarial. La ciudadanía, como siempre, será quien resienta —para bien o para mal— los efectos concretos de estas decisiones.
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