Cada 7 de junio, México conmemora el Día de la Libertad de Expresión, una fecha que no sólo celebra este derecho humano fundamental, sino que también invita a reflexionar sobre su estado actual. En 2025, la relevancia de esta efeméride se intensifica tras la propuesta de reforma a la ley de Telecomunicaciones por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha generado preocupación entre organismos nacionales e internacionales por su potencial impacto sobre este derecho.
La libertad de expresión es un componente esencial de cualquier democracia funcional. Es la base del periodismo independiente, permite la crítica al poder, y garantiza el derecho a la información y a la pluralidad de ideas. Como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión”.
A lo largo de la historia, esta libertad ha sido motor de cambio en todo el mundo, como ejemplo de ellos es que durante la dictadura militar en Argentina, los medios clandestinos y exiliados fueron vitales para documentar violaciones a los derechos humanos. Más recientemente, plataformas digitales han sido esenciales en movimientos como el #MeToo o el estallido social en Chile en 2019.
En abril de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre sus puntos más polémicos, destaca la posibilidad de cancelar concesiones a medios que transmitan contenidos considerados como “propaganda extranjera”, esto a raíz de la difusión de un anuncio antiinmigrante del expresidente estadounidense Donald Trump en canales mexicanos.
La propuesta también contempla la creación de una nueva institución, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituiría al actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta agencia tendría un poder centralizado para regular medios, redes sociales y plataformas digitales, incluyendo la facultad de bloquear contenidos considerados “contrarios al interés nacional”.
La propuesta provocó un fuerte rechazo por parte de periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Artículo 19, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y organizaciones advirtieron que la ley podría representar un riesgo de censura directa y una regresión democrática.
“La vaguedad de los términos utilizados en la reforma puede permitir un uso discrecional y autoritario por parte del Estado”, alertaron diversos colectivos. También se señaló que el reemplazo del IFT —órgano autónomo— por una agencia bajo control del Ejecutivo va en contra de los principios de independencia y pluralidad informativa..
Los principales temores giran en torno a:
- Censura previa: el gobierno podría vetar contenidos antes de su publicación.
- Autocensura: los medios y periodistas podrían evitar abordar temas delicados para no arriesgarse a sanciones.
- Concentración de poder: al desaparecer un órgano autónomo como el IFT, se debilitan los contrapesos institucionales.
- Estas medidas podrían inhibir el debate público, silenciar voces disidentes y limitar el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera crítica y plural.
Comparación con Normas Internacionales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que toda restricción a la libertad de expresión debe ser necesaria, proporcionada y clara. En contraste, la reforma mexicana introduce conceptos ambiguos como “interés nacional” o “propaganda extranjera”, que no están claramente definidos y podrían utilizarse de forma discrecional.
En países como Alemania o Francia existen leyes para regular contenidos en plataformas digitales, pero se aplican bajo estrictas condiciones judiciales.
En contraparte, en regímenes como el de Nicaragua, se han aprobado leyes similares a la impulsada por el gobierno mexicano que derivaron en la persecución sistemática de periodistas, el cierre de medios y la criminalización de la opinión crítica.
Ante la presión mediática y social de rechazo a la reforma, la presidenta Sheinbaum anunció que se revisaría el contenido de la propuesta y se retiraría el artículo que permitía bloquear plataformas digitales. Sin embargo, el proyecto sigue en discusión en comisiones del Congreso, y no ha sido retirado en su totalidad. Expertos señalan que, incluso sin ese artículo, el resto del contenido sigue representando riesgos importantes para la libertad de expresión.
La defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en periodistas o medios. La ciudadanía debe involucrarse activamente, exigiendo transparencia legislativa, promoviendo foros de discusión y respaldando el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La vigilancia ciudadana es fundamental para evitar que reformas legales, bajo argumentos de seguridad o soberanía, terminen siendo herramientas de represión.
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