El 24 de abril de 2025, mientras el país dormía, el Senado mexicano amaneció con un dictamen de 226 páginas que pretendía reformar la Ley de Telecomunicaciones. Esa misma mañana, sin análisis previo, se buscaba votar una ley que eliminaba la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), concentraba facultades inéditas en una sola agencia dependiente directamente del Ejecutivo, y —lo más grave— permitía el bloqueo de cuentas, plataformas y contenidos digitales sin orden judicial previa.
Ricardo Anaya lo llamó sin titubeos: “La #LeyCensura. Esto no es telecomunicación, es control”. Y en 10 minutos desmontó lo que calificó como un intento de instaurar un modelo de control propio de los regímenes más autoritarios del mundo.
El análisis: cómo una supuesta ley de eficiencia digital se convirtió en un atentado a la democracia
1. El modelo clásico del autoritarismo
Anaya explicó con claridad que la iniciativa sigue un patrón clásico:
- Identificar un problema real (los anuncios xenófobos de Donald Trump en medios mexicanos durante partidos de fútbol).
- Manipular la información para generar miedo y urgencia.
- Introducir una agenda de control con pretextos técnicos o morales.
“Este truco lo han usado regímenes autoritarios desde el incendio del Reichstag en 1933 hasta la guerra contra el terrorismo post 11-S. Incluso Viktor Orbán en Hungría usó el COVID para crear una ley de emergencia que permite encarcelar a quien publique lo que el gobierno considera falso” —denunció Anaya.
2. Una mentira como justificación
Anaya reveló que los anuncios de Trump ya habían salido del aire antes de la iniciativa, y que sí existían facultades legales para retirarlos sin necesidad de una nueva ley:
“Están mintiendo. No necesitaban esta ley para retirar los spots. El artículo 6° constitucional, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Telecomunicaciones ya les daban herramientas. Pero mintieron diciendo que una reforma previa había borrado esas facultades. ¡Falso! No hay tal artículo perdido, no existe”.
3. Concentración de poder en una sola persona
Uno de los cambios más alarmantes es que todas las atribuciones regulatorias pasarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que responde directamente a la Presidencia. Esto implicaría desaparecer el IFT, un órgano constitucional autónomo.
“Quieren controlar la narrativa pública, como todo régimen autoritario. No solo lo que sale en radio o televisión, sino en redes sociales, en internet, en cuentas individuales. Quieren tener la última palabra sobre lo que la gente puede decir y ver”.
4. Bloqueo sin juez, sin defensa, sin garantías
Anaya citó directamente el artículo 109:
“Las autoridades competentes podrán ordenar el bloqueo de plataformas, canales, redes sociales, cuentas o páginas web… y será la misma Agencia la que determine cómo hacerlo. Es decir, ellos redactan la ley, ejecutan la sanción y redactan el procedimiento”.
Esto viola principios constitucionales básicos: debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión y acceso a la información.
5. ¿Y si la Corte se opone? Cambiamos la Corte
El artículo que obliga al “uso correcto del lenguaje”, ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte, fue reincorporado. Anaya explicó el porqué:
“Porque en paralelo están reformando el Poder Judicial. La nueva Corte, alineada al régimen, ya no lo declarará inconstitucional. Están armando un andamiaje de control completo: Congreso, Corte, medios, redes. Todo”.
Testimonio humano: “Lo que no les gusta, lo van a borrar”
Roberto Montoya, joven creador de contenido con más de 1 millón de seguidores a través de sus múltiples canales, dice sentirse amenazado:
“Si esta ley se aprueba como está, lo que no le guste al gobierno, lo van a borrar. Hoy hago crítica política, pero también defiendo causas sociales. Si eso es incómodo, con esta ley podrían desaparecer mis cuentas sin que un juez lo revise. Es como si me borraran de la existencia digital”.
La respuesta empresarial: el riesgo de dinamitar el ecosistema digital
El mismo día, la COPARMEX publicó un comunicado contundente. Entre sus advertencias:
- La ley elimina la autonomía del regulador, lo cual viola el T-MEC.
- Suspende todos los trámites del sector por 60 días, afectando inversiones, conectividad e innovación.
- Vulneraría la neutralidad de la red, al permitir que el gobierno regule con discrecionalidad.
- Contradice los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC, y el 18.18 sobre empresas estatales.
“La facultad de la Agencia para bloquear plataformas sin intervención judicial previa vulnera derechos fundamentales”, señaló COPARMEX.
“Esto no es una política de modernización, es una herramienta de censura”.
Rectificación forzada: la presión social y política frena la iniciativa
El 25 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó eliminar el artículo 109 y aplazar la discusión de la iniciativa al siguiente periodo legislativo. El senador Adán Augusto López anunció un proceso de diálogo con actores sociales y económicos, y el retiro del dictamen del orden del día.
Sin embargo, la preocupación permanece: el documento ya está redactado. La intención ya fue revelada. Y el modelo sigue siendo el de un poder que busca callar y dominar.
Censurar es gobernar con miedo, legislar sin ley, mandar sin justicia
La #LeyCensura no es un error de redacción. Es una declaración de intenciones. Es un reflejo de una lógica autoritaria que no cree en los contrapesos, que desprecia la autonomía institucional y que busca controlar no solo los medios, sino también las conciencias.
Como dijo Ricardo Anaya al cerrar su intervención:
“Esto no es una ley de telecomunicaciones. Es una ley de censura. Y tendrán que pasar por encima de nosotros, porque esto atenta contra la democracia misma”.
Y en efecto: un gobierno que pretende silenciar la crítica, controlar el lenguaje y censurar sin juicio ya no es democrático. Es dictatorial.
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