A más de un mes de su promulgación, la Ley de Ciberseguridad de Puebla –bautizada por organizaciones civiles como “Ley Censura”– sigue generando polémica. Las presiones contra el gobierno poblano para que dé marcha atrás con esta nueva normatividad no se han detenido por parte de organismos internacionales, organizaciones de derechos digitales e incluso la crítica a la censura desde el gobierno federal.
A pesar de ello el gobernador Alejandro Armenta insiste en que la ley busca proteger a la ciudadanía del creciente ciberasedio y al más puro estilo revolucionario de primero lo matamos y luego lo veriguamos, envió al Congreso local su propuesta que la mayoría Morenista aprobó, y ya amarrada su aprobación se convocó a una serie de foros ciudadanos para analizar posibles modificaciones a la ley, aunque el mandatario estatal aclaro que no habrá derogación. “Se trata de proteger a la ciudadanía, especialmente a mujeres y niños. No es una ley contra periodistas”, resaltó.
Publicada en el Periódico Oficial el pasado 13 de junio, la ley tipifica como delito el “ciberasedio”, definido como la reiteración de “insultos, injurias u ofensas” a través de medios digitales, con penas de hasta tres años de prisión. No se trata de un nuevo código penal, sino de una reforma puntual que modifica artículos del Código Penal estatal, pero su ambigüedad encendió las alarmas.
En redes sociales, periodistas y colectivos usaron el hashtag #LeyCensura para denunciar que esta figura penal puede ser usada a discreción por el poder público para perseguir opositores o limitar la libertad de expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó al rechazo y advirtió que la norma podría derivar en “una censura encubierta” que castigue a quienes critiquen a funcionarios o instituciones desde plataformas digitales. “Resulta sumamente peligroso que un gobierno defina qué se considera una ‘ofensa’ en internet”, advirtió el organismo con sede en Miami.
El Congreso local, dominado por Morena, se alineó con la postura del Ejecutivo. La diputada morenista Laura García anunció que se analizarán ajustes para “dejar fuera del alcance de la norma a periodistas y medios de comunicación”. Sin embargo, activistas advierten que tal distinción solo refuerza el carácter punitivo de la ley y su enfoque selectivo: quienes no estén explícitamente protegidos podrán ser blanco de denuncias por “insultos”.
Más allá del discurso conciliador, la ley ya tuvo su primera aplicación: la Fiscalía estatal recibió una denuncia contra un presunto agresor digital que habría divulgado datos sensibles de menores en redes sociales. Para el gobierno poblano, este caso prueba la utilidad de la ley. Para las organizaciones civiles, confirma que la norma ya opera sin que exista claridad sobre sus límites.
Postura ambigua
Desde el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la convocatoria a foros y pidió evitar cualquier legislación que “vulnere derechos fundamentales”. Aunque celebró la apertura al diálogo, no fue contundente en condenar el contenido de la ley.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido una posición clara sobre el tema. En su única declaración pública al respecto, señaló que “hay que tomar en serio el problema de los delitos digitales”, pero no valoró si la norma poblana constituye una amenaza a la libertad de expresión. Asimismo, dijo que la posición de su gobierno es “libertad de expresión”.
Para analistas, este silencio abre la puerta a un posible interés del gobierno federal en replicar el modelo poblano en otras entidades o incluso en el Congreso de la Unión. “Este tipo de legislaciones pueden convertirse en una política nacional si se perciben como eficaces para controlar la narrativa digital”, advirtieron.
Por su parte, tanto el PAN y el PRI han sido los partidos más activos en el rechazo a la ley. En el Congreso poblano, ambos votaron en contra y han solicitado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise su constitucionalidad. Argumentan que criminalizar los “insultos” con criterios vagos es incompatible con el principio de legalidad penal.
“La ley permite que cualquier crítica en redes sea usada como argumento para perseguir políticamente a ciudadanos o periodistas. Es un retroceso autoritario”, declaró la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia. El PRI, por su parte, ha anunciado que buscará una acción de inconstitucionalidad.
Organizaciones como Artículo 19, R3D y la Red de Periodistas de Puebla temen que lo ocurrido en Puebla siente un precedente que otros estados —o el Congreso federal— intenten replicar. “No es sólo Puebla: es la tentación del poder de regular el discurso digital con herramientas penales”, afirmaron.
El debate está lejos de terminar. Puebla se ha convertido en el epicentro de una discusión clave: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su intención de regular la conducta digital sin vulnerar derechos fundamentales?
La respuesta, según expertos, marcará el rumbo no solo de la política digital en México, sino de los límites de la democracia en el entorno virtual.
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