El 18 de junio de 2024, con una votación dividida y bajo una Corte en transición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el cobro del 2% sobre comisiones a plataformas digitales como Uber Eats y Didi, establecido en la Ciudad de México desde 2021. El fallo no solo tiene consecuencias jurídicas inmediatas, sino que abre un debate de fondo: ¿quién tiene la autoridad moral y legal para regular la nueva economía digital? ¿Qué principios deben guiar esta regulación? Y en el horizonte, una nueva conformación de la Corte marcará el rumbo.
El caso que tensó la frontera entre lo local y lo federal
La sentencia favoreció a la empresa Cargamos Mobility, que impugnó el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México. El cobro, impulsado por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, pretendía ser un “aprovechamiento” por el uso de infraestructura urbana para entregas.
La mayoría de ministros (Laynez Potisek, Pérez Dayán y Ríos Farjat) concluyó que no se trataba de un aprovechamiento sino de un impuesto, y como tal, la entidad federativa carece de facultades para imponerlo, ya que el comercio electrónico es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, según el artículo 73 de la Constitución.
Así, la Corte detuvo —al menos por ahora— lo que para muchos actores era una forma indirecta de recaudar a costa de la economía digital.
El trasfondo político y la próxima Corte
Más allá del tecnicismo fiscal, el fallo revela el choque entre modelos de política pública. La propuesta original de la ministra Yasmín Esquivel, quien defendía el cobro como un acto legítimo ante la transformación acelerada de la economía durante la pandemia, fue derrotada. Sin embargo, la ministra Lenia Batres no se presentó a la sesión, lo que evitó que se resolviera otro caso fiscal relevante.
Estos movimientos anticipan el tono de la nueva Corte que se conformará con los próximos nombramientos impulsados por el nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum. ¿Habrá una Corte más cercana a los intereses de gobiernos locales afines o una que preserve la autonomía y el control constitucional del federalismo fiscal?
¿Qué dice la Doctrina Social de la Iglesia?
Desde el enfoque de la Doctrina Social de la Iglesia, este caso se sitúa en un terreno delicado: el de la justicia distributiva y el bien común frente al uso intensivo de los bienes públicos.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que “la imposición fiscal debe respetar la equidad y ser proporcional a la capacidad contributiva” (n. 355), y que “el uso de bienes comunes debe respetar la justicia y el destino universal de los bienes” (n. 172).
¿Es justo que grandes plataformas tecnológicas no contribuyan al desgaste urbano que generan? ¿O es injusto que se les impongan cargas sin sustento legal claro, lo cual puede terminar encareciendo el servicio para los consumidores más vulnerables?
Una justicia que debe mirar más allá del litigio
El problema no está solo en si el 2% era constitucional o no, sino en cómo el Estado mexicano —en todos sus niveles— regula y acompaña la transformación digital. Mientras algunos gobiernos locales buscan aprovechar espacios vacíos para recaudar, el marco legal federal no ha sido actualizado con la velocidad suficiente.
Apenas en 2020, la OCDE advirtió en su Marco Inclusivo sobre la Fiscalidad de la Economía Digital que los países deben establecer mecanismos justos, multilaterales y adaptados a las nuevas formas de generación de valor. México ha avanzado con impuestos al valor agregado para plataformas, pero este caso evidencia la necesidad de un marco más coherente y nacional.
Un futuro incierto… y decisivo
Este fallo es el primero que abre una puerta contra el polémico artículo 307 Ter. Sin embargo, el caso de Uber, aún pendiente, podría revertir o consolidar este criterio. Y todo esto en un contexto donde los nuevos ministros que se integren a la Corte tendrán un peso crucial.
¿Se privilegiará la defensa del orden constitucional o la expansión creativa de la recaudación? ¿Se fomentará una economía digital ética y sostenible o se protegerá a toda costa la libre empresa?
La respuesta dirá mucho no solo sobre el futuro legal de México, sino sobre nuestra visión colectiva de justicia.
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