En las últimas dos décadas, el sistema de salud pública en México ha transitado por un sinuoso camino de reformas, retrocesos y promesas incumplidas. Desde la instauración del Seguro Popular en 2004 hasta la actual consolidación del IMSS-Bienestar, el país ha intentado, sin conseguirlo del todo, construir un modelo de atención universal, gratuito y de calidad. Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se emprende un nuevo intento por cerrar esa brecha, con un plan ambicioso que mezcla digitalización, medicina comunitaria y megacompras de medicamentos. Sin embargo, los desafíos estructurales persisten.
El Seguro Popular, creado en el sexenio de Vicente Fox, marcó un parteaguas al incorporar a millones de personas sin seguridad social a un esquema de salud pública. Para 2018, más de 50 millones de mexicanos estaban afiliados. Pese a su alcance, el modelo no fue ajeno a críticas, informes de la Auditoría Superior de la Federación revelaron desviaciones presupuestarias, mientras que organizaciones como Coneval evidenciaron desigualdad en la calidad del servicio entre entidades.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el Seguro Popular se consolidó como la principal vía de acceso a la salud para quienes no estaban afiliados al IMSS o al ISSSTE. Calderón impulsó una expansión de infraestructura con la construcción y modernización de hospitales y clínicas, pero enfrentó críticas por la falta de personal y equipamiento en muchos de estos centros. El sistema logró una mayor cobertura, pero sin garantizar necesariamente una mejora sustantiva en la calidad del servicio, sin embargo, el sistema llevaba una buena evolución a la que sólo le faltaba madurar.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el discurso oficial colocó la cobertura universal como objetivo, pero los avances fueron limitados. Se creó el Sistema Nacional de Salud Universal, un marco normativo que buscaba la portabilidad de servicios entre instituciones, pero su implementación fue mínima. Durante este sexenio, aumentaron las denuncias de corrupción en el sector salud, sobre todo en las compras de medicamentos. Además, los recortes presupuestales limitaron la capacidad operativa de hospitales y clínicas, especialmente en estados con menor desarrollo. Aunque se mantuvo el Seguro Popular, los esfuerzos de coordinación interinstitucional fueron insuficientes.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el Seguro Popular fue eliminado en su totalidad debido a que el gobierno entrante lo consideró ineficiente y corrupto. En su lugar, nació en 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Pero su implantación fue errática: hospitales sin reglas claras de operación, desabasto de medicamentos y una caída notable en la cobertura de atención médica. El Inegi registró que el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud pasó del 16 por ciento en 2018 a 28 por ciento en 2022. El Insabi, sin reglas de operación formales ni mecanismos de evaluación, fue desmantelado al final del sexenio.
En 2023, el gobierno de López Obrador trasladó las funciones del Insabi al programa IMSS-Bienestar, un modelo que hoy busca consolidar Sheinbaum como columna vertebral de su proyecto sanitario. Desde su toma de protesta en octubre de 2024, la presidenta lanzó una estrategia que busca no sólo garantizar acceso efectivo a servicios médicos, sino transformar la forma en que se concibe la salud pública en el país.
Herencia maldita
La presidenta Claudia Sheinbaum heredó un sistema de salud que más allá de primeros auxilios requiere una resucitación ya que prácticamente no funciona por lo que la vida de miles de mexicanos está en riesgo por la desatención, sobresaturación de hospitales, falta de insumos y medicamentos, entre otros. Además, a pesar de que en México existen profesionales de la salud muy capacitados, las plazas laborales se les ha negado puesto que se les ha otorgado a cubanos que en muchos casos carecen de los conocimientos básicos.
Mientras los enfermos se mueren, los profesionales de la salud son desplazados y la transparencia en las licitaciones de medicamentos e insumos siguen en la opacidad, muy lejos del sistema de Dinamarca que el expresidente López prometió, Claudia Sheinbaum tiene una bomba que debe desactivar.
La propuesta de Sheinbaum no representa una ruptura total con su antecesor en cuanto a la política de salud, pero sí busca una reestructuración que pretende pasar del voluntarismo político a un diseño técnico-operativo más sólido. El éxito, sin embargo, dependerá no sólo de la voluntad presidencial, sino de la capacidad para enfrentar los rezagos históricos con soluciones sostenidas y medibles.
La promesa de Sheinbaum fue garantizar cirugías, vacunas, tratamientos y medicamentos sin costo, al mismo tiempo que se invertía en infraestructura, personal y tecnología. Una de las primeras acciones fue una megacompra de más de cuatro mil claves de medicamentos con un presupuesto superior a los 130 mil millones de pesos, con el objetivo de cubrir las necesidades del sector hasta 2026. El proceso incluyó licitaciones digitales, negociaciones directas con farmacéuticas y un nuevo sistema de distribución. La meta: terminar con el desabasto que marcó a los dos sexenios anteriores.
El 3 de marzo de 2025 inició la distribución de los medicamentos en hospitales, y dos días después en centros de salud. En paralelo, se puso en marcha un programa nacional de atención domiciliaria bautizado como “Salud Casa por Casa”, que ya ha desplegado más de 20 mil facilitadores y 300 brigadas en 18 estados. Este esquema, según la presidencia, prioriza a adultos mayores y personas con discapacidad que antes quedaban fuera del sistema.
En materia de infraestructura, el gobierno federal informó que durante 2025 se inaugurarán nueve hospitales del IMSS, 19 del IMSS-Bienestar y cinco del ISSSTE. Además, se rescataron hospitales que estaban bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que permitió reducir costos y devolver el control operativo al Estado. Se reabrieron también 99 quirófanos que permanecían cerrados por falta de personal o fallas estructurales.
La contratación de médicos y especialistas se ha acelerado. En Ciudad de México, por ejemplo, se incorporaron 483 especialistas y más de tres mil trabajadores de salud con un presupuesto anual superior a los mil millones de pesos. A nivel nacional, ya hay casi 30 mil plazas creadas para especialistas, y se triplicó el número de residentes en formación.
Pero el eje más innovador del plan de Sheinbaum es, posiblemente, la digitalización del sistema. Su gobierno ha comenzado a construir un expediente clínico electrónico interoperable entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, que incluirá agendado de citas, recetas y control de inventarios. Esta plataforma, que debería estar lista en 2027, busca integrar a un sistema de salud que ha sido históricamente fragmentado.
También se han lanzado estrategias específicas para población infantil. Bajo el lema “Vive saludable, vive feliz”, en marzo de 2025 arrancó un programa de salud escolar que incluye un censo sanitario, entrega de lentes graduados y campañas contra la obesidad infantil. La presidenta se ha comprometido a reducir los índices de diabetes y sobrepeso infantil, que hoy colocan a México entre los países con mayores tasas de obesidad en menores.
Pese al dinamismo de las acciones, los retos persisten. El presupuesto en salud se mantiene por debajo del tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del seis por ciento recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS). La fragmentación institucional sigue siendo un obstáculo para la eficiencia, y aunque la digitalización promete, su concreción dependerá de capacidades técnicas y voluntad política sostenida. Además, miles de trabajadores del sector siguen bajo contratos temporales, lo que genera incertidumbre en la operación diaria de hospitales y clínicas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado a la salud como uno de sus ejes prioritarios. Con un modelo que mezcla centralización, tecnología y médicos comunitarios, busca resolver un problema histórico. A diferencia de sus antecesores, ha comenzado con acciones más estructuradas y una narrativa de derechos, pero el éxito de su modelo dependerá de que esas promesas se traduzcan en atención efectiva para millones de mexicanos que aún esperan ser atendidos.
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