En el último periodo extraordinario de sesiones del Congreso mexicano, una serie de reformas estructurales fueron aprobadas con celeridad y, en algunos casos, con escasa deliberación pública. Una de las más controvertidas ha sido la iniciativa para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de junio de 2025 y ratificada en el Senado el 28 de junio, con votos mayoritarios de la coalición oficialista y algunos partidos satélite.
Se trata de una medida que modifica de forma sustancial el sistema de medición y evaluación de la pobreza y los programas sociales en México, despertando tanto aplausos por la supuesta “eficiencia institucional” como duras críticas de académicos, organizaciones civiles y exfuncionarios.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa de ley consiste en la extinción del Coneval como organismo autónomo y la transferencia de sus funciones sustantivas al INEGI, incluyendo la medición multidimensional de la pobreza, la evaluación de programas sociales y la generación de indicadores para políticas públicas.
El argumento central de la reforma es la “racionalización institucional”, es decir, reducir la duplicidad de funciones entre entidades públicas y concentrar la generación de estadísticas e indicadores en una sola dependencia con alta capacidad técnica como el INEGI.
“El INEGI cuenta con la infraestructura técnica, operativa y estadística necesaria para asumir estas funciones sin poner en riesgo la calidad de los datos”, defendió la senadora Lucía Meza Guzmán (Morena) durante el debate parlamentario.
¿Por qué fue impulsada esta reforma?
La desaparición del Coneval se inserta en una lógica de recorte presupuestal y concentración institucional que ha caracterizado a la administración actual. Desde 2018, múltiples órganos autónomos han visto reducidos sus recursos o incluso han sido absorbidos por otras instituciones.
El gobierno justificó la medida argumentando que se busca mayor eficiencia y austeridad, evitando que existan “elefantes blancos” que, en su visión, representan duplicidad de gastos o burocracia excesiva. “Se trata de simplificar sin comprometer la calidad de la información”, declaró el diputado Carlos Puente Salas (PVEM).
Sin embargo, para críticos como Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo del Coneval, la decisión tiene un trasfondo más político que técnico: “El Coneval era un órgano incómodo porque sus datos de pobreza no siempre se alineaban con el discurso triunfalista del gobierno. Era necesario eliminar al mensajero”.
Riesgos, críticas y consecuencias negativas
Las reacciones adversas no se hicieron esperar. Académicos, activistas y expertos en política social han advertido sobre varios riesgos:
- Pérdida de independencia técnica: El Coneval tenía autonomía para emitir cifras de pobreza sin interferencias políticas. Ahora, estas funciones pasan a una institución adscrita al Ejecutivo.
- Confusión metodológica: La medición multidimensional de pobreza es compleja y requiere una metodología específica que podría diluirse al integrarse en un organismo de estadística general.
- Retroceso en rendición de cuentas: El Coneval evaluaba los programas sociales, muchas veces señalando fallos o deficiencias. Se teme que el INEGI, sin ese mandato evaluativo explícito, no cumpla esta función crítica.
- Debilitamiento de la sociedad civil: Al desaparecer una fuente confiable y autónoma de información sobre pobreza, las organizaciones de la sociedad civil podrían perder una herramienta crucial para exigir mejores políticas públicas.
“El Coneval representaba un contrapeso técnico indispensable. Su desaparición es un paso más hacia la concentración de poder y la opacidad”, expresó Mariana Campos, directora de México Evalúa, en entrevista para Animal Político.
Posibles fortalezas o beneficios
Aunque las críticas dominan el panorama, algunos analistas han señalado beneficios potenciales:
- Mayor integración estadística: El INEGI ya genera una gran parte de los insumos utilizados por el Coneval, por lo que su integración podría, en teoría, agilizar procesos y reducir costos.
- Estandarización de metodologías: Al unificar bajo un solo organismo la recopilación y análisis de datos sociales, se podría mejorar la coherencia entre indicadores.
- Ahorro presupuestal: Se estima que la desaparición del Coneval permitirá ahorrar alrededor de 250 millones de pesos anuales, aunque esta cifra ha sido cuestionada.
“La eficiencia no puede estar peleada con la independencia, pero debemos reconocer que había redundancias que podían corregirse”, matizó el economista Luis de la Calle en entrevista para Expansión.
¿Cómo impactará esta ley a los ciudadanos?
La desaparición del Coneval y la transferencia de sus funciones al INEGI puede tener consecuencias concretas en la vida diaria de los mexicanos:
- Medición de la pobreza: Las cifras oficiales podrían ser más vulnerables a presiones políticas, afectando el diseño de políticas sociales y la asignación de recursos.
- Evaluación de programas: La falta de una instancia autónoma que evalúe los programas sociales podría conducir a la continuidad de iniciativas ineficientes sin correctivos basados en evidencia.
- Acceso a la información: Organizaciones, académicos y medios podrían enfrentar mayor dificultad para obtener información detallada y confiable sobre pobreza y desigualdad.
Ana Martínez, madre soltera en Ecatepec y beneficiaria de un programa social, resume su preocupación: “Si desaparece quien mide la pobreza, ¿cómo sabremos si los apoyos que nos prometen realmente llegan o ayudan? A veces parece que solo quieren esconder los números”.
La extinción del Coneval y su absorción por el INEGI no es una decisión meramente técnica: es un mensaje político sobre el tipo de gobierno que se está consolidando en México. Un modelo donde la concentración de funciones, la desaparición de contrapesos y el control de la narrativa oficial se vuelven predominantes.
La medición de la pobreza no solo es una herramienta estadística: es un espejo de la realidad social que puede incomodar a los gobiernos. Perder independencia en esa medición puede significar perder una parte crucial de la democracia social.
El país se enfrenta ahora al desafío de garantizar que el INEGI no solo mantenga la calidad técnica, sino que también conserve la independencia crítica que caracterizaba al Coneval. En una democracia, la transparencia y la verdad de los datos no pueden estar subordinadas a la conveniencia política.
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