En un giro sin precedentes en la vida institucional de México, la reforma al Poder Judicial ha promovido la elección popular de jueces, magistrados y ministros mediante voto ciudadano. La apuesta es ambiciosa: acercar la justicia a la gente. Sin embargo, el pulso democrático se tensiona frente al peligro de politización y pérdida de independencia. Los efectos de este cambio sobre el sistema de justicia y la democracia aún no son plenamente conocidos, pero ya han desatado un intenso debate nacional.
Contexto del cambio
El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo presentó un paquete de reformas constitucionales que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre, y por el Senado el 11 de septiembre de 2024, entrando en vigor el 16 de septiembre del mismo año.
Entre las modificaciones clave estuvieron: reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte; limitación de sus términos a 12 años; suprimir las salas, y agrupar todas las decisiones en sesión plenaria; creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Pero el cambio más audaz fue la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, bajo el argumento de combatir la opacidad, corrupción y elitismo institucional.
Impacto en la justicia
Por un lado, se plantea una justicia más cercana, transparente y renovada. Hacer partícipe a la ciudadanía en las decisiones judiciales podría generar confianza y reducir el alejamiento entre la gente y los tribunales. Además, la reestructuración institucional busca mejorar la administración judicial y el control interno mediante los nuevos órganos creados.
No obstante, los riesgos son evidentes. Expertos señalan que elegir jueces por voto compromete su independencia, los expone a presiones políticas y mediáticas, y elimina el mérito técnico. Organizaciones como WOLA y Human Rights Watch advirtieron cómo el sistema podría ser capturado por quienes dominan el poder político. El sistema electoral también ha sido cuestionado: candidatos sin experiencia, incluso vinculados a causas penales, llegaron a la boleta
Implicaciones para la democracia
La esencia de la democracia radica en el equilibrio de poderes. Una judicatura independiente es esencial para la rendición de cuentas, derechos humanos y limitación de abusos de poder. La reforma, si bien pretende empoderar a la ciudadanía, puede debilitar esta independencia, transformando al Poder Judicial en un órgano susceptible a influencias partidistas
En el mejor de los casos, podría democratizar la justicia; en el peor, consolidar el control político sobre un poder que debe estar fuera del ciclo electoral.
Reacciones y opiniones
- La ministra Margarita Ríos Farjat pidió cautela y destacó que la excelencia solo florece con autonomía judicial
- Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, advirtió que los jueces electos serán “sumisos al poder público” y criticó el costo y diseño del sistema
- El expresidente Ernesto Zedillo alertó que la reforma politiza la impartición de justicia y pone en jaque la división de poderes
- COPARMEX, tras las elecciones de 2025, advirtió que el modelo “fallido desde su diseño” evidenció control político, desinformación y vacíos normativos
- Por otro lado, Morena lo celebra como un triunfo democrático que combate impunidad y favoritismos, legitimado por voto ciudadano
Desafíos y oportunidades
Desafíos
- Garantizar que quienes eligen tengan información suficiente para decidir por jueces con capacidad e independencia.
- Evitar campañas políticas y populistas que dañen la imparcialidad.
- Establecer marcos legales secundarios claros, antes de aplicar el modelo electoral judicial, para cerrar lagunas normativas
Oportunidades
- Impulsar formación judicial, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana informada.
- Usar el sistema para renovar confianza, si se acompaña de mecanismos de control y movilidad judicial basada en mérito.
La reforma al Poder Judicial representa una transformación radical: impulsa la democratización de un poder que tradicionalmente ha sido técnico y autónomo. No obstante, con gran poder viene una enorme responsabilidad. La urgencia de combatir la impunidad es legítima, pero no puede lograrse sacrificando la estructura institucional que protege nuestras libertades. México está a prueba: el deber de la sociedad es exigir transparencia, mecanismos técnicos robustos y participación para que esta reforma fortalezca, y no erosione, el Estado de derecho.
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