“Me quitaron el apoyo para la guardería de mis hijos y los vales médicos. Y ahora dicen que podrían desaparecer los fondos para nuestras pensiones complementarias”, relata Carolina Hernández, actuaria judicial con 14 años de servicio en un tribunal federal. Su historia no es única. Como ella, miles de trabajadores del Poder Judicial viven hoy con incertidumbre tras la decisión de eliminar fideicomisos que sostenían beneficios laborales clave.
Detrás de estas medidas hay un debate que va más allá del dinero: toca las fibras de la autonomía judicial, la separación de poderes, la legalidad y los principios de justicia social. La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y su bancada en el Congreso para revisar, reducir o extinguir fideicomisos del Poder Judicial se ha convertido en un punto crítico del nuevo gobierno.
¿Se trata de un acto de transparencia fiscal o de debilitamiento institucional? ¿De combate a privilegios o de ataque a los contrapesos democráticos? ¿De justicia social o de venganza política? Las respuestas no son simples.
¿Qué son los fideicomisos judiciales y por qué generan polémica?
Los fideicomisos judiciales son instrumentos financieros legalmente constituidos por el Poder Judicial para administrar recursos públicos destinados a distintos fines: infraestructura, pensiones complementarias, seguros médicos, apoyos educativos, vivienda y otros beneficios para jueces, magistrados y trabajadores administrativos.
Según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), antes del recorte más reciente existían 14 fideicomisos activos, con un monto global de más de 15 mil millones de pesos. La polémica estalló cuando, en octubre de 2023, el Congreso —con mayoría de Morena— aprobó la extinción de 13 de ellos, bajo el argumento de que eran “opacos”, “innecesarios” o que escondían “privilegios”.
“El problema es que muchos no saben que estos recursos no eran discrecionales ni para lujos. Eran parte de derechos laborales adquiridos, producto de años de servicio”, explica el jurista y académico Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Eliminar los fideicomisos sin alternativa daña la independencia judicial”.
¿Qué fideicomisos ya fueron eliminados y cuáles están en la mira?
De los 14 fideicomisos originalmente existentes, 13 fueron extinguidos por decreto en octubre de 2023. Entre ellos se encontraban:
- Fondo para apoyo médico extraordinario
- Fondo para pensiones complementarias
- Fondo para vivienda
- Fondo de apoyo a becas para hijos de trabajadores
- Fondo de infraestructura para juzgados
Sin embargo, la Suprema Corte interpuso una controversia constitucional y el caso quedó en manos de la Corte misma, generando una situación inusual. Hoy, los recursos no han sido transferidos al Ejecutivo, pero tampoco pueden ser utilizados.
La reciente propuesta de la administración de Sheinbaum, presentada en julio de 2025 por la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial, encabezada por Pablo Gómez, busca revisar también el fideicomiso remanente y someter a revisión el uso futuro de cualquier instrumento financiero autónomo del Poder Judicial.
Posturas divididas: ministros, trabajadores y académicos
Las reacciones no se hicieron esperar. El ministro en retiro José Ramón Cossío afirmó que “el Ejecutivo busca una justicia obediente, no imparcial”, y advirtió que “los fideicomisos eran un muro de contención contra ese control político”.
En contraste, la diputada Andrea Chávez, de Morena, sostuvo que “la justicia no puede seguir operando con estructuras paralelas que fomentan desigualdad interna, privilegios y desvíos de recursos”.
En medio, miles de trabajadores como Carolina han salido a las calles a protestar. “Nos han llamado fifís o defensores de privilegios. Pero la verdad es que soy madre soltera y ese fideicomiso era mi única garantía de apoyo médico privado”, lamenta.
Organizaciones de derechos laborales, como el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal (STPJF), han señalado que la medida es “una forma de debilitamiento institucional por vías indirectas, que además pone en riesgo a más de 50 mil familias”.
Impacto en la independencia judicial y los contrapesos democráticos
El impacto de esta política no es solo administrativo o económico. En el fondo, lo que se discute es la capacidad del Poder Judicial para operar de forma autónoma, sin presiones ni castigos presupuestales.
En un país con tradición presidencialista, donde el Legislativo es mayoritariamente afín al Ejecutivo, el Poder Judicial se vuelve la última barrera contra el abuso de poder. Reducir su margen de maniobra financiera podría traducirse en jueces más vulnerables a presiones políticas.
Además, eliminar recursos sin ofrecer una alternativa presupuestal visible representa una contradicción con los valores del trabajo digno. Los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales adecuadas, seguridad en el empleo y trato justo por parte del empleador —en este caso, el Estado—.
“El fideicomiso me ayudó a pagar la cirugía de mi hija con discapacidad. Sin eso, habría tenido que endeudarme. ¿Eso es un privilegio?”, cuenta en entrevista Sandra Rivera, técnica judicial en Guadalajara.
Por su parte, Ernesto Lozano, notificador judicial en Oaxaca, narra: “Durante la pandemia, el fideicomiso nos permitió tener acceso a pruebas rápidas y medicamentos. No eran lujos, eran necesidades”.
Estas voces desmienten el discurso oficial que presenta los fideicomisos como instrumentos de corrupción. “Claro que puede haber mejoras en transparencia, pero no se puede sacrificar la dignidad del trabajador ni la salud institucional del país”, afirma el constitucionalista Miguel Carbonell.
Debilitamiento no
La revisión del uso de recursos públicos es legítima y necesaria. La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, hacerlo desde la lógica del castigo, sin diálogo ni respeto a la legalidad, termina vulnerando los principios que dice defender.
México necesita una reforma judicial, sí. Pero no una que empiece por debilitar a sus operadores ni que confunda austeridad con revancha. En tiempos donde los contrapesos institucionales son más necesarios que nunca, preservar la autonomía judicial no es una defensa de privilegios: es una defensa de la democracia.
Como lo recuerda el Papa Francisco en Fratelli Tutti (n. 172): “La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común”. Que así sea también en la justicia mexicana.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
