Sinaloa se destaca por sus fértiles valles agrícolas, su costa rica en mariscos y sus tradiciones culturales como la banda y la gastronomía marina. El estado se localiza en la región noroeste del país y entre los sitios más importantes sobresalen Culiacán, Mazatlán y Los Mochis centros de gran actividad agroindustrial, pesquera y turística que son las principales generadoras de recursos. Sin embargo, durante años esa grandeza ha sido golpeada por una crisis de violencia sin precedentes no sólo en la región, sino incluso en el país.
Cárteles de la droga han establecido sus bases en esta entidad apropiándose prácticamente de la misma a través de implantar el terror impunemente. Día tras día amedrentan a la ciudadanía, a algunos con el llamado cobro de piso, les arrebatan el fruto de su trabajo que con esfuerzo y decencia se gana la vida; a otros simplemente les quitan sus autos, sus animales y hasta sus casas, a muchos más los secuestran, violan o matan sin que nadie pueda oponer resistencia. Bajo este panorama, los sinaloenses deben lidiar, los grupos criminales ya les han arrebatado su tranquilidad, cuando no, la vida.
Desde septiembre de 2024, tras una reunión clandestina entre facciones rivales de narcotraficantes, los Chapitos y los seguidores de “El Mayo” Zambada, se desató una guerra interna del Cártel de Sinaloa. En poco más de nueve meses se registraron mil 454 homicidios dolosos, un promedio de 5.3 diarios, mientras más de mil 500 personas fueron privadas de la libertad y más de cinco mil 400 vehículos fueron robados, afectando a la población y a la logística regional.
En la primera mitad de 2025, según cifras oficiales, los asesinatos se dispararon hasta 883, frente a solo 224 en el mismo periodo del año anterior: un aumento alarmante. Más de mil 500 personas han desaparecido desde septiembre de 2024. La percepción de inseguridad en Culiacán alcanzó el 90.6 por ciento, el nivel más alto registrado en años.
El impacto humano trasciende cifras: 810 familias fueron desplazadas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 de 104 comunidades en municipios como Cosalá, Culiacán, Concordia, Elota, San Ignacio y Navolato. En el ámbito educativo, la violencia paralizó el entorno escolar; muchos centros educativos se vieron obligados a cerrar o limitaron operaciones, mientras el miedo se normalizaba en la cotidianidad.
La economía ha sido golpeada con dureza. Organismos empresariales han señalado que en 2024 las pérdidas ascendieron a 18 mil millones de pesos, lo que equivale al 3.5 por ciento del PIB estatal. Al cierre de 2024, se estimaban 25 mil empleos perdidos, entre formales, informales y temporales. En el primer semestre de 2025, se sumaron 36 mil empleos más perdidos, con siete mil empleadores cerrando operaciones y más de dos mil negocios en el centro de Culiacán obligados a cerrar por extorsión, robos violentos y homicidios.
En Culiacán, más de mil 800 negocios tanto formales como informales, cerraron sus puertas, generando un colapso del tejido económico urbano. El sector turístico también ha sido seriamente afectado, tan sólo en Mazatlán se aplazó la inauguración de un hotel de gran cadena y 38 restaurantes cerraron en la región. La inversión se contrajo 17.2 por ciento en 2024, pasando de 38 mil 569 a 31 mil 935 millones de pesos.
Mucho ruido y poca seguridad
Ante este escenario, la respuesta de autoridades estatales y federales ha sido intensa en despliegue, pero limitada en resultados estructurales. Entre autoridades militares, Guardia Nacional y la Fiscalía se han realizado operativos que han incluido decomisos históricos, con toneladas de droga, armas y material táctico. También se han asegurado laboratorios clandestinos en zonas serranas de municipios como Culiacán, Cosalá y Elota.
A nivel federal, más de mil 500 civiles han sido detenidos y al menos un centenar abatidos en enfrentamientos; además, se desplegaron hasta 12 mil militares en Sinaloa. Sin embargo, la presencia militar no ha logrado detener la violencia: la población sigue viviendo bajo el miedo, con balaceras, masacres y decapitaciones que por desgracia son situaciones que son parte de la actual “normalidad”.
Este contexto se agrava frente a la fragilidad institucional: cuerpos civiles como la policía estatal están rebasados, lo que refuerza la militarización, pero también expone la falta de una estrategia duradera de seguridad ciudadana.
Sinaloa, por tanto, transita de ser un estado de inmenso potencial productivo y cultural a una entidad donde la sociedad está amenazada por el crimen organizado. La inseguridad no es un tema aislado ya que socava el empleo, la educación, el tejido urbano, el bienestar comunitario y la confianza en las instituciones. A pesar de los esfuerzos tácticos, la violencia sigue permeando la vida diaria.
Sin una estrategia integral que conecte seguridad, justicia efectiva, fortalecimiento institucional, reconstrucción social y reactivación económica, la paz continuará siendo frágil y el legado de prosperidad de Sinaloa estará en riesgo. La urgencia no es solo recuperar mercados o detener homicidios, sino restituir el tejido social que sostiene a una comunidad productiva y orgullosa. Sólo así podrá Sinaloa, con sus recursos, historia y talento, volver a ser un estado prometedor.
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