Desde los muelles hasta las casillas aduaneras, existe una operación que no deja rastros en las bombas, pero sí en las cuentas públicas: el huachicol fiscal.
No es el robo de ductos como este hurto se lleva a cabo, sino una estrategia financiera y logística para importar, comercializar y blanquear combustibles sin pagar los impuestos que corresponden, a veces disfrazando gasolina como “aditivos” o a través de empresas fachada que manipulan documentación aduanera. El resultado es el mismo: litros que circulan fuera de la contabilidad del Estado y montos millonarios que nunca llegan al erario.
En los últimos meses el tema dejó de ser un problema técnico de Hacienda para convertirse en escándalo público. La Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal, junto con la Fiscalía General de la República, han abierto cientos de investigaciones y denuncias que buscan desmantelar redes integradas por empresarios, funcionarios aduanales e incluso personal militar, según lo que han revelado las pesquisas.
El costo económico para el país en realidad es incierto, ya que la cifra depende de a quién se le pregunte y del periodo que se tome, sin embargo, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han documentado denuncias por 16 mil millones de pesos vinculadas al huachicol fiscal presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde abril de 2023.
En semanas recientes el gobierno federal afirma haber presentado más de 100 denuncias penales y haber detectado miles de intentos de evasión en aduanas, mientras que operativos coordinados con autoridades estadounidenses han dado con decomisos y clausuras de empresas vinculadas al contrabando.
Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la apertura de numerosos expedientes y la Procuraduría Fiscal de la Federación elevó denuncias que en conjunto muestran una ofensiva institucional más intensa que en años previos. Sin embargo, la eficacia final de la persecución, es decir cuánto de ese daño se recupera y cuántos responsables terminan condenados, sigue siendo una pregunta abierta.
A pesar de investigaciones y operativos realizados por parte de las autoridades, todo parece apuntar a que el huachicol fiscal no ha desaparecido, más bien ha mutado. Mientras el robo de ductos se combatió con medidas de seguridad física y cierre de válvulas, la variante fiscal aprovecha redes legales y administrativas: empresas importadoras, maniobras aduaneras y circuitos internacionales que requieren investigación financiera y judicial más compleja. El crecimiento de denuncias y la detección de redes transfronterizas sugieren que el fenómeno ha cobrado escala y sofisticación.
Entre los nombres que han surgido en las investigaciones figuran empresarios y, en algunos casos, personal de instituciones de seguridad marítima y aduanera. En septiembre de 2025, por ejemplo, se reportaron detenciones de 14 personas –empresarios y marinos– relacionadas con operativos en la Ciudad de México y varios estados de la República, la investigación, según autoridades, sigue buscando a otros involucrados. Los expedientes aún deben traducirse en sentencias para que la respuesta penal sea completa.
Las medidas oficiales combinan presión administrativa y penal: suspensión del padrón importador, clausuras y decomisos en aduanas, denuncias penales por parte de la Procuraduría Fiscal y coordinaciones internacionales para seguir el rastro del combustible y del dinero. Hacienda ha dicho que la lucha está produciendo aumentos significativos en la recaudación aduanera y en la capacidad de detectar fraudes, aunque los resultados a largo plazo dependerán de la continuidad de las indagatorias y de cuántos casos lleguen a sentencia.
La sociedad observa con mezcla de escepticismo y respaldo. Encuestas recientes muestran que una amplia mayoría respalda las acciones del Ejecutivo contra este tipo de prácticas; al mismo tiempo crece la exigencia de transparencia y de que las investigaciones alcancen a “capos” financieros, funcionarios y empresas implicadas. La oposición política, por su parte, ha aprovechado el escándalo para exigir responsabilidades más amplias e incluso investigar vínculos de alto nivel; los discursos públicos oscilan entre el apoyo a las investigaciones y la denuncia de supuestas omisiones o complicidades.
El huachicol fiscal no es solo un fraude técnico: es una herida en el contrato social. Cuando el combustible entra y sale de México sin que el Estado reciba lo suyo, se debilitan servicios, inversiones y confianza. Combatirlo exige no solo más denuncias, sino transparencia en aduanas, capacidad forense financiera, cooperación internacional y, sobre todo, que las averiguaciones concluyan con sentencias ejemplares. Hasta entonces, el huachicol fiscal seguirá siendo una sombra que recorre el país: silenciosa, rentable y difícil de erradicar.
Te puede interesar: Estudiantes del IPN crean robot explorador de minas
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
