El gobierno federal y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión, Morena, PT y PVEM recientemente aprobaron un par de leyes que, aseguran, tienen la intención de fortalecer las capacidades de inteligencia del gobierno federal, sin embargo, partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión pública han alertado de que son intrusivas con la privacidad de las personas, atentan contra su libertad y exponen su seguridad por el uso de datos personales.
Expertos, organizaciones no gubernamentales y legisladores de oposición alertaron que tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que fueron aprobadas, facultan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a acceder, en tiempo real y sin mandato judicial, a bases de datos privadas y públicas, que incluye información biométrica, fiscal, de geolocalización, salud y información bancaria, entre otra, muchos datos de estos podrán obtenerse gracias a la nueva “CURP biométrica”.
Estos señalamientos han sido negados, una y otra vez por integrantes del gobierno federal, incluyendo a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que no se vigilará a nadie pues la utilización de estos datos por parte de las autoridades dependerá de un control judicial que permita “extraer indicios e información útil para generar productos de inteligencia”.
De manera particular, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, resaltó que “sólo se puede acceder a la geolocalización de una persona con autorización de un juez para motivos de investigación judicial”.
Dedo en el renglón
El Partido Acción Nacional (PAN) emitió un spot en radio y televisión nacional criticando la llamada “Ley Espía”, en la que alerta a la ciudadanía de los efectos que estas nuevas normas acarrearán a la vida de todos los mexicanos.
“Con la ley espía, el gobierno de Morena tiene la capacidad de espiar tus conversaciones y rastrear tu ubicación sin necesidad de que lo autorice un juez.
“Los mexicanos estamos perdiendo nuestras libertades. Con la ley espía, el gobierno de Morena tiene la capacidad de espiar tus conversaciones y rastrear tu ubicación sin la necesidad de que lo autorice un juez. Con la ley de censura pueden castigarte por pensar diferente a ellos, metiéndote a la cárcel hasta por tres años.
“En el PAN seguiremos protegiendo la justicia porque tu libertad es un derecho, no un privilegio”, señala el spot.
En el Instituto Nacional Electoral (INE) Morena levantó una queja pidiendo que se retirara dicho anuncio argumentando que se trataba de propaganda electoral calumniosa, ya que argumentaron que la difusión del promocional identificado como “libertades” en su versión televisión y radio contiene expresiones “calumniosas, alarmistas, engañosas y denigrantes” en su contra, al incluirse una referencia a dicho partido, lo cual podría afectar la equidad en la contienda y el respeto entre los actores políticos.
Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió como improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada por lo que no sancionó al PAN ni sacó del aire dicho spot.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil, también han levantado la voz desde las tribunas abiertas que tienen como son las redes sociales. En sus mensajes tanto de manera colectiva como individual los ciudadanos coinciden en afirmar que al aprobarse estas leyes “México dio un paso silencioso y letal hacia un autoritarismo digital normalizado, porque ya no hay privacidad, ni garantía judicial real donde la disidencia pueda ser rastreada y silenciada como herramientas legales disfrazadas de eficiencia, lo que es un régimen de control con rostro democrático, y lo más grave, el ser ciudadano equivale a estar bajo sospecha permanente”.
Organizaciones como Artículo 19, R3D, Espacio OSC y otras 100 agrupaciones han condenado el proceso legislativo –rápido y opaco– advirtiendo que se trata de una institucionalización de la vigilancia sin controles judiciales, ni supervisión independiente
Entre los riesgos identificados destacan:
Violación a la privacidad y confidencialidad, al permitir el acceso directo a comunicaciones, datos biométricos y financieros sin garantías efectivas de supervisión.
Potencial uso político del espionaje, para perseguir, amedrentar o censurar la disidencia –amparados en un aparente marco legal–, en un contexto donde el software Pegasus fue utilizado sin consecuencias legales.
Incremento de impunidad y corrupción, dado que la experiencia previa con Pegasus revela prácticas de espionaje sin sanciones y con contratos opacos, incluso salpicando a exfuncionarios de alto nivel.
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