Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen por el que se reforman más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de fortalecer el control estatal sobre todas las actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas.
Los senadores dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 105 votos a favor, por lo que el proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su trámite correspondiente.
Entre las modificaciones que aprobaron los legisladores destaca la del artículo 24, fracción II, en la que señala que siempre y cuando justifiquen la necesidad de hacerlo y cumplan con los requisitos establecidos por la ley, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Banco de México (Banxico), podrán tener una licencia de portación de armas de fuego.
“En México es prioridad la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública. Por ello, en esta iniciativa de ley, se propone que integrantes de empresas públicas, paraestatales, órganos autónomos (entre otros CFE, Pemex, Banxico, Casa de moneda, SAT) y personas físicas o morales (empresas de seguridad privada), puedan portar armas de fuego para el desarrollo de funciones de seguridad que emita la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, indica el artículo.
Los objetivos del dictamen se concretan en seis puntos: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley y extender su observancia general a todo el territorio nacional; fortalecer el control estatal sobre todas las actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; incorporar una tipología moderna de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; reorganizar las facultades de las autoridades; y establecer campañas permanentes de desarme y cultura de paz como obligación de los tres órdenes de gobierno.
Simey Olvera Bautista, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, dijo que el dictamen actualiza conceptos considerados en las nuevas tecnologías de la industria de las armas y esclarece otros elementos no regulados; asimismo, brinda un régimen sancionador más estricto, lo que era un pendiente de nuestro país.
En tanto, Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, enfatizó la prohibición de las armas fabricadas mediante impresiones 3D, lo que regula los artefactos explosivos improvisados y los dispositivos de activación remota.
Esta medida responde a una amenaza creciente derivada de tecnologías emergentes, que permiten la fabricación clandestina de armas sin trazabilidad y con alto potencial lesivo, destacó.
En otro aspecto, la legisladora comentó que los cambios aplicados establecen reglas para deportistas de tiro y cacería, ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, con la diferenciación de las autorizaciones de acuerdo con el tipo de armamento y actividad.
Además, aseguró que la reforma incluye la reorganización de competencias entre autoridades federales estatales y municipales, con lo que mejorará la coordinación interinstitucional para el control, vigilancia y registro de armas y explosivos.
Plantea la obligación de que toda persona, titular del registro de un arma, designe desde el momento de su inscripción a una persona responsable, para definir su destino final, en caso de fallecimiento; “esta previsión busca evitar que las armas registradas queden en condición de abandono o terminen en el mercado ilegal”.
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