La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a los diputados federales revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, toda vez que su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México.
El organismo empresarial señaló que durante más de un siglo, el juicio de amparo ha sido el mayor aporte de México al constitucionalismo en el mundo. Este instrumento ha protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía para la vida democrática y económica de la nación. “Modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad”, enfatizó.
A pesar de reconocer que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo, señaló que los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida. En materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limita este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además, los créditos fiscales firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar.
Asimismo, consideró que la exigencia de garantizar créditos exclusivamente mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito excluye a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de nuestra economía.
La Coparmex externó su inquietud por la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Aseguró que este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional.
Aseguró que “de aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica”.
Además, consideró que un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del T-MEC, afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales.
El sindicato patronal reveló que los 71 Centros Empresariales que conforman la Coparmex hicieron llegar cartas a los senadores, aclarando los desacuerdos que tienen por los efectos de esta reforma en la vida económica y jurídica del país. Adicionalmente, también se enviaron misivas formales a los diputados federales, en las que se expone con detalle el impacto que las modificaciones a la Ley de Amparo tendrían sobre la operación de las empresas y sobre la defensa de los derechos fundamentales.
El organismo empresarial reiteró su disposición a participar en un diálogo amplio y plural que permita construir un marco jurídico equilibrado, moderno y justo. “Estamos convencidos de que una reforma de esta magnitud debe fortalecerse mediante la escucha a la academia, la sociedad civil, los colegios de abogados y el sector productivo, para que realmente responda a las necesidades del país”, subrayó.
Finalmente, exhortó a los integrantes de la Cámara de Diputados a actuar con visión de Estado, a corregir las deficiencias de la minuta y a defender los principios que han hecho de México una nación libre, justa y con instituciones sólidas. El amparo no debe debilitarse; debe preservarse como el escudo que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley.
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