Las elecciones judiciales celebradas el pasado 2 de junio en las que se eligieron por voto popular ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces, han desatado una ola de inconformidades. Desde la baja participación ciudadana hasta las duras observaciones internacionales, el proceso ha sido calificado por diversos sectores como problemático y con consecuencias potenciales para la independencia del Poder Judicial.
Uno de los aspectos más criticados fue el nivel de abstencionismo. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la participación fue de apenas 13.7 por ciento a nivel nacional, una cifra que pone en duda la legitimidad democrática del proceso.
Partidos de oposición como el PAN y PRI así como organizaciones civiles como el Frente Cívico Nacional denunciaron durante y después de los comicios múltiples irregularidades: desde el uso de “acordeones de voto” distribuidas por funcionarios de Morena, hasta la opacidad en la integración de las candidaturas.
“Esto fue una elección controlada por el poder político. No hubo garantías de independencia para el Poder Judicial”, expresó Claudio X. González, vocero de la organización Unid@s, en conferencia de prensa el 3 de junio.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió el 6 de junio un informe preliminar en el que advierte que el modelo mexicano de elección judicial “no es replicable en el resto del continente”, y que presenta “riesgos para la transparencia y la independencia judicial”.
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales contribuye a fortalecer o, por el contrario, debilita la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”, destaca el Informe Preliminar, misión de Observación Electoral (OEA), el cual fue publicado el 6 de junio de 2025.
La Misión también subrayó que el diseño institucional careció de pedagogía cívica, y denunció que varias candidaturas “carecieron de claridad en sus méritos profesionales”. Además, señaló que hubo una “fuerte influencia del Ejecutivo” en el proceso.
En respuesta a estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó lo expuesto en el informe de la OEA y dijo que se guarde sus opiniones pues “en México quien manda es el pueblo, no la OEA.”
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusando a la misión de “extralimitarse” y “emitir opiniones que no le competen”.
Inconformes por lo sucedido antes, durante y después de los comicios, partidos y colectivos civiles han anunciado varias líneas de acción con las que buscan anular las elecciones, ente estas destacan las siguientes:
- Impulsar una contrarreforma constitucional para revertir el modelo de elección judicial. Diputados del PRI y PAN ya anunciaron que buscarán aliarse con MC y senadores independientes para presentar una iniciativa que “restaure la meritocracia en el Poder Judicial”.
- Promover protestas pacíficas y foros ciudadanos. El movimiento Marea Rosa convocó a una concentración nacional el próximo 30 de junio para exigir “la nulidad del proceso y un rediseño democrático del sistema judicial”.
- Monitoreo ciudadano y litigio estratégico. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) preparan una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que permitieron la elección judicial, ante la Suprema Corte.
- Campañas informativas y pedagógicas. Colectivos como Causa en Común y Artículo 19 lanzarán una serie de videos y cápsulas educativas para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias de este modelo y las alternativas posibles.
Si bien el proceso judicial ha concluido formalmente, el debate institucional apenas comienza. Con el nombramiento del nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz –el primer ministro indígena desde Benito Juárez, como destacó Sheinbaum–, se avecinan tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil.
Por ahora, el INE se ha limitado a confirmar los resultados. Sin embargo, la propia consejera presidente, Guadalupe Taddei, reconoció que “hay lecciones por aprender”, y llamó a “revisar el modelo para futuras elecciones”.
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