Durante el último periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores mexicanos aprobaron una serie de reformas y nuevas leyes que marcarán el rumbo de la seguridad nacional en los próximos años. Entre estas, destaca la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, avalada por la Cámara de Diputados y el Senado en junio de 2025.
Esta nueva ley busca, por primera vez, otorgar un marco legal formal a las labores de investigación e inteligencia en el ámbito de la seguridad pública, funciones que hasta ahora operaban de manera dispersa y en muchos casos informal.
¿Qué dice la iniciativa?
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en la Gaceta del Senado el 19 de junio de 2025, establece:
- La creación de un Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Define los principios, objetivos, funciones y alcances de la investigación e inteligencia en el ámbito federal, estatal y municipal.
- Formaliza la recopilación, análisis y uso de información estratégica sobre actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública y crimen organizado.
- Crea una base nacional de datos que centralizará información de todas las corporaciones policiales y de inteligencia civil.
- Establece reglas de confidencialidad, protección de datos personales y control parlamentario, aunque de forma ambigua según algunos especialistas.
¿Por qué fue impulsada?
El argumento central para la creación de esta ley es la necesidad de modernizar y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante el crimen organizado, especialmente en un contexto de violencia creciente y presencia de cárteles que operan con tecnología avanzada y redes internacionales.
El senador Ricardo Monreal, uno de los impulsores de la reforma, declaró:
“El Estado mexicano no puede seguir luchando con herramientas del siglo pasado contra organizaciones criminales que operan con inteligencia artificial, drones y sistemas encriptados” (Gaceta del Senado, 2025).
La ley también responde a presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que ha insistido en la necesidad de mejorar los controles sobre el narcotráfico y la migración irregular.
Riesgos y críticas: ¿hacia un Estado vigilante?
La aprobación de esta ley ha generado críticas y preocupación entre organismos de derechos humanos, expertos en privacidad digital y miembros de la oposición.
La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, advirtió que la ley:
“Carece de controles suficientes para evitar abusos y podría derivar en un aparato de vigilancia que afecte derechos fundamentales como la privacidad, la libre expresión y la protesta social” (Artículo 19, comunicado de prensa, junio 2025).
Entre los principales riesgos señalados se encuentran:
- Falta de supervisión judicial independiente sobre las labores de inteligencia.
- Posibilidad de espionaje político o uso indebido de información para perseguir disidencias o adversarios.
- Vulneración a la privacidad de ciudadanos que no estén involucrados en actividades delictivas.
- La creación de una base de datos centralizada sin garantías robustas de protección contra filtraciones o uso indebido.
El constitucionalista Dr. José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte, señaló en entrevista con Milenio:
“El poder de reunir, analizar y actuar en base a información sin contrapesos claros nos acerca a prácticas de vigilancia que hemos criticado en otros regímenes”.
Fortalezas y beneficios esperados
No obstante, la ley también cuenta con defensores y argumentos sólidos a su favor. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los beneficios se destacan:
- Mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
- Capacitación y profesionalización de los cuerpos de inteligencia.
- Respuesta más ágil ante amenazas complejas como el cibercrimen, secuestros exprés o la expansión del narcomenudeo.
- Mejor uso de tecnología de punta para prevenir y desmantelar redes criminales.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo durante el debate:
“No es una ley para espiar, sino para proteger. El crimen organizado ha penetrado muchas instituciones; necesitamos inteligencia para combatirlo, no improvisación”.
¿Cómo afectará esta ley a la vida cotidiana?
Para la ciudadanía común, la aplicación de esta ley podría tener consecuencias tanto positivas como potencialmente problemáticas:
Posibles beneficios:
- Mejora en la seguridad pública y reducción de delitos de alto impacto en zonas urbanas y rurales.
- Mayor capacidad para prevenir atentados o actividades delictivas de gran escala.
Posibles riesgos:
- Incremento en la vigilancia digital: más monitoreo de llamadas, redes sociales y transacciones electrónicas, incluso de personas sin antecedentes criminales.
- Aumento en la retención de datos personales por parte de autoridades, con riesgos de uso indebido.
- Dificultades para manifestaciones sociales o protestas, ante el temor de ser vigilados o perseguidos.
Un testimonio que ilustra este temor es el de María Fernanda López, activista medioambiental de Chihuahua:
“Nos preocupa que bajo la excusa de la seguridad, se puedan espiar a activistas o a cualquier persona incómoda para el gobierno. No hay suficientes garantías de que esta información no se use contra la sociedad civil”.
La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública refleja un viraje hacia un Estado más centralizado en la toma de decisiones de seguridad, con mayores capacidades tecnológicas, pero también con peligros inherentes para los derechos humanos.
A corto plazo, podría traducirse en mejor control del crimen organizado, pero sin contrapesos eficaces y una ciudadanía vigilante, el riesgo de abuso permanece latente.
Como dijo la periodista Denise Dresser en un foro reciente: “México necesita seguridad, pero no al costo de sacrificar la democracia o convertirnos en un Estado vigilante. El equilibrio entre seguridad y libertad es frágil y debe cuidarse”.
El llamado final es a la participación ciudadana, la vigilancia de los organismos autónomos y la defensa de los derechos civiles, para que esta ley sea un instrumento de paz y no de control social.
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