En un paso sin precedentes que busca responder a la crisis humanitaria de más de 114,000 personas desaparecidas en México según cifras oficiales, el Congreso de la Unión aprobó en su último periodo extraordinario una profunda reforma a la Ley General de Población. La iniciativa, aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, promete ser una herramienta clave en la identificación de personas desaparecidas y la actualización de registros civiles.
Sin embargo, esta ambiciosa reforma no ha estado exenta de controversias, preocupaciones ciudadanas y advertencias de organismos de derechos humanos.
¿Qué dice la reforma?
La nueva Ley General de Población, aprobada el 28 de junio de 2025, introduce modificaciones sustanciales al sistema de registro e identificación de personas en México. Entre los principales cambios destacan:
- Creación de un Sistema Nacional de Identidad Personal que centraliza la información biométrica y datos personales de toda la población.
- Actualización y depuración de los registros civiles con el fin de tener información precisa y actualizada para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
- Interconexión entre instituciones como el Registro Civil, la Fiscalía General de la República (FGR) y las comisiones de búsqueda estatales y federal.
- Fortalecimiento de la emisión de documentos oficiales de identidad y lineamientos más estrictos para su expedición y resguardo.
“Esta reforma es un avance necesario para enfrentar la emergencia de las desapariciones en México. La identificación de personas debe ser un derecho garantizado y una herramienta para la justicia,” afirmó la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado.
¿Por qué fue impulsada?
La reforma responde al creciente número de desapariciones forzadas y la urgencia de contar con registros más sólidos para la localización e identificación de personas. En México, la falta de una base de datos robusta y de interconexión entre autoridades ha sido señalada como un obstáculo clave en la localización de víctimas.
“La base de esta reforma es el reconocimiento de un derecho fundamental: tener una identidad. Sin identidad, las personas se vuelven invisibles para el Estado,” explicó el diputado Jorge Triana Tena en tribuna durante el debate legislativo.
Además, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU había recomendado a México la mejora de los sistemas de identificación y registros civiles como medida preventiva ante la desaparición forzada y la trata de personas.
Riesgos y críticas
A pesar de las buenas intenciones, la reforma ha generado preocupaciones en materia de privacidad, derechos humanos y vigilancia estatal.
Organizaciones como Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, han advertido sobre el peligro de una concentración excesiva de datos biométricos sin mecanismos robustos de protección.
“Si no se garantiza la confidencialidad y el uso ético de estos datos, la reforma podría abrir la puerta a perfiles discriminatorios, vigilancia indebida o uso indebido por parte de autoridades o empresas privadas,” alertó Ana Cristina Ruelas, defensora de derechos digitales.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Congreso fortalecer los controles de acceso a esta base de datos, así como los recursos de amparo para los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos.
Beneficios y fortalezas
No obstante, diversos sectores ven en esta reforma una herramienta vital para enfrentar un drama nacional que ha dejado huellas imborrables en miles de familias mexicanas.
La creación de un Sistema Nacional de Identidad podría:
- Facilitar la localización y restitución de personas desaparecidas, en especial en casos donde no existen huellas documentales previas.
- Mejorar la certeza jurídica en actos civiles como matrimonios, nacimientos y defunciones.
- Fortalecer la entrega de servicios públicos y programas sociales, al contar con datos verificados de los beneficiarios.
“Hoy en día las familias buscan a sus seres queridos casi a ciegas. Un sistema como este puede dar esperanza y herramientas reales para encontrarlos,” señaló María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos y activista de la organización Familiares en Búsqueda.
¿Cómo impactará a los ciudadanos comunes?
Los cambios afectarán la vida diaria de los mexicanos en varios aspectos prácticos:
- Todos los ciudadanos deberán actualizar su información ante el Registro Civil y vincular su identidad con datos biométricos.
- Se espera una mayor exigencia en la verificación de identidad para trámites públicos y privados, desde abrir cuentas bancarias hasta obtener licencias de conducir.
- Se establecerán plazos obligatorios para registrar nacimientos, defunciones y cambios de domicilio.
- Habrá mayores sanciones para el uso de documentos falsos.
En palabras de Laura Jiménez, joven trabajadora social de Guadalajara: “Me parece positivo si ayuda a encontrar personas desaparecidas, pero también me preocupa tener que dar tantas cosas privadas al gobierno sin saber cómo las cuidarán”.
Además, algunos especialistas advierten que la falta de conectividad en zonas rurales podría provocar la exclusión digital de comunidades indígenas o de bajos recursos, algo que el gobierno deberá atender con estrategias de inclusión tecnológica.
La reforma a la Ley General de Población es un reflejo de la tensión constante entre seguridad, derechos humanos y modernización estatal. Por un lado, representa una esperanza real para miles de familias que buscan justicia en un país donde la desaparición forzada ha sido una tragedia recurrente y silenciada.
Por otro lado, plantea serios desafíos en materia de privacidad, ciberseguridad y confianza ciudadana en las instituciones, aspectos que serán determinantes en su éxito o fracaso.
La próxima administración y los organismos de supervisión tendrán la responsabilidad de implementar salvaguardas legales y tecnológicas robustas que impidan el abuso o la filtración de datos, manteniendo en todo momento el respeto a la dignidad humana.
Al final, como señaló el analista Carlos Bravo Regidor en entrevista con Expansión Política: “La verdadera pregunta no es si debemos tener un sistema de identidad, sino cómo se diseña, quién lo controla y para qué se usa”.
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