Apenas iniciado el sexenio de Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión vivió uno de los episodios más vertiginosos y polémicos en la historia legislativa reciente: la aprobación exprés de cerca de 20 reformas legales durante un periodo extraordinario que duró solo diez días. Con la mayoría calificada en ambas cámaras, Morena y sus aliados empujaron cambios de gran calado en seguridad, telecomunicaciones, medio ambiente, órganos autónomos y desarrollo social.
Mientras el oficialismo aplaude lo que llama un “mandato democrático” emanado de las urnas, una parte significativa de la sociedad civil, la oposición y analistas advierten que se ha cruzado una peligrosa línea de autoritarismo legislativo. Las reformas, aseguran, no sólo fueron impuestas sin un verdadero proceso deliberativo, sino que apuntan a una creciente concentración del poder.
“Ni el PRI de los años 80 se atrevió a tanto”, lanzó Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, al criticar que ahora los militares puedan ser candidatos sin retirarse del servicio activo.
Albazos y sumisión parlamentaria
Uno de los aspectos más criticados fue la forma. El procedimiento legislativo fue, según múltiples voces, atropellado y opaco. Se presentaron dictámenes horas antes de su votación, sin discusión pública, sin parlamento abierto y en algunos casos, sin que las comisiones dictaminadoras se reunieran formalmente.
“Todo es turbio”, denunció el periodista Ciro Gómez Leyva al evidenciar que muchas reformas fueron aprobadas sin debate y sin transparencia.
La oposición (PAN, PRI, PRD, MC) acusó a Morena de “legislar al vapor”, subordinando el Congreso al Ejecutivo. El bloque oficialista, por su parte, justificó la celeridad con el argumento de que muchas iniciativas ya venían trabajándose desde la legislatura pasada y que la urgencia era dotar de herramientas jurídicas a un nuevo gobierno aún fresco.
Seguridad, telecom y poder militarizado
El contenido de las reformas ha encendido alarmas en organismos nacionales e internacionales. En materia de seguridad pública, se oficializó la participación militar en tareas civiles a través de la Guardia Nacional. La Comisión Internacional de Juristas advirtió que esto “puede vulnerar derechos fundamentales” y solicitó al Senado revisar su constitucionalidad.
En telecomunicaciones, la iniciativa original contemplaba la posibilidad de bloquear contenido por razones de “seguridad nacional”. Aunque ese artículo fue eliminado, críticos como Carlos Loret de Mola alertaron que subsisten amenazas de censura bajo la figura de regulación de propaganda extranjera.
“Se trata de un intento de instaurar un Internet bajo control gubernamental”, afirmó Loret desde Latinus.
Autonomías debilitadas, poder centralizado
Las reformas también tocan a órganos constitucionales autónomos como el IFT, el Coneval y la Cofece, instituciones nacidas tras décadas de exigencia ciudadana para limitar el poder presidencial. En la narrativa oficial, estas entidades fueron “creadas por el régimen neoliberal” y su integración o fusión busca “ahorrar duplicidades”.
No obstante, analistas políticos como René Delgado y Denise Dresser han alertado que estamos ante un nuevo hiperpresidencialismo donde el Ejecutivo no solo dicta la agenda, sino que somete al Legislativo, debilita al Judicial y ahora, también, encuadra a las fuerzas armadas dentro de su estructura de poder político.
Sociedad civil dividida
La reacción de la sociedad ha sido desigual. Mientras colectivos afines al gobierno aplauden la rapidez con que se están cumpliendo promesas, otros –como organizaciones de familiares de desaparecidos, ONGs de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión– han expresado su indignación ante la falta de consulta real.
Aunque Sheinbaum aseguró que “más de 100 colectivos de búsqueda” participaron en la reforma sobre desaparición forzada, varios de ellos desmintieron su apoyo al dictamen final. En redes sociales, se viralizó la frase: “No hablen por nosotras”.
Mariana Rodríguez, asesora parlamentaria con 15 años de experiencia, narra así lo vivido durante el periodo extraordinario: “Vi a senadores y diputados que no sabían qué votaban. Uno me dijo: ‘me lo mandó mi coordinador, así que votamos en bloque’. Es doloroso ver al Congreso convertirse en oficina de trámites del Ejecutivo. Aprobar sin leer es una traición a la República”.
¿Cambio de régimen o repetición de vicios?
Las reformas aprobadas durante junio de 2025 abren una nueva etapa en la vida política mexicana. Para algunos, representan el inicio de una transformación real con respaldo popular; para otros, el cierre de las últimas compuertas del equilibrio republicano.
El verdadero juicio no será inmediato, sino progresivo: estará en la aplicación de estas leyes, en la vigilancia ciudadana y en la capacidad de las instituciones (incluida la Suprema Corte) para mantener vivas las garantías democráticas.
Por lo pronto, el Congreso quedó reducido a un eco del poder presidencial, mientras la historia aún no decide si el “reformatón” fue el acto fundacional de una democracia renovada o el epitafio de un sistema de contrapesos que alguna vez aspiró a ser moderno.
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