El juicio de amparo, considerado la mayor aportación de México al constitucionalismo mundial, ha sido por más de un siglo el instrumento que garantiza que los derechos de los ciudadanos no se queden en letra muerta. Desde su origen en el siglo XIX, este mecanismo judicial se adelantó a democracias de Europa y del mundo al ofrecer a cualquier persona una vía para defenderse del poder del Estado.
La Constitución de 1917 consolidó al amparo como herramienta central de control constitucional, haciendo de México un referente internacional. Países como Alemania y Austria adoptaron instituciones inspiradas en este modelo. El amparo no es un privilegio de unos cuantos; es un derecho histórico que pertenece a todos los ciudadanos. Es el escudo frente al abuso de poder.
Sin embargo, la reciente reforma publicada el 13 de marzo de 2025, y reforzada con nuevas modificaciones aprobadas el 15 de septiembre del mismo año, ha encendido las alarmas en la sociedad civil, en la academia y en el sector empresarial. Lo que está en juego no es solo un aspecto técnico de derecho procesal: es el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos
Reformas que debilitan la justicia
Las modificaciones aprobadas a la Ley de Amparo cambian radicalmente el alcance de este recurso. Hasta ahora, cuando un juez declaraba inconstitucional una norma, los efectos podían extenderse más allá del ciudadano quejoso, depurando el orden jurídico en beneficio de la sociedad. Con la reforma, el amparo queda reducido a un remedio individual.
Esto implica que una ley declarada inconstitucional seguirá aplicándose a los demás ciudadanos, generando un mosaico de resoluciones contradictorias y, en consecuencia, inseguridad jurídica. Con cada candado que se pone al amparo, se debilita la seguridad jurídica y se desprotege al ciudadano.
Otro golpe significativo es la limitación de la figura de la suspensión. Antes, esta herramienta evitaba daños irreparables mientras se resolvía el juicio. Ahora, políticas o actos lesivos podrán seguir aplicándose aun cuando estén siendo cuestionados, exponiendo a los ciudadanos a consecuencias graves e irreversibles.
Impacto en la economía y la vida cotidiana
El debilitamiento del amparo no afecta únicamente a juristas o a litigantes. Tiene implicaciones directas en la vida de los ciudadanos y en la operación de empresas.
En materia fiscal, la reforma al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, restringe revisiones judiciales y amplía facultades de ejecución inmediata al fisco. Esto se traduce en mayor riesgo para emprendedores y pequeñas empresas que podrían ver suspendidos sus certificados o enfrentar ejecuciones prematuras sin oportunidad de defensa efectiva.
Laura, dueña de una pequeña empresa de manufactura en Querétaro, lo explica con claridad: “Antes, si teníamos un problema con el SAT, podíamos frenar un abuso con un amparo. Ahora, aunque la autoridad se equivoque, puede ejecutar de inmediato y eso nos puede dejar sin operar. No es un tema de abogados, es nuestra fuente de trabajo”.
A ello se suma la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que impone evaluaciones y mecanismos de presión política sobre magistrados, y la digitalización obligatoria de procesos, que aunque busca modernizar, corre el riesgo de excluir a quienes carecen de recursos o capacitación tecnológica.
Riesgos políticos y democráticos
La reforma también abre un frente político delicado: la Consejería Jurídica del Ejecutivo podrá solicitar a la Suprema Corte que priorice ciertos asuntos, lo que erosiona la independencia del Poder Judicial. Además, se elevan los requisitos de votación para declarar la invalidez de leyes, lo que encarece y retrasa la depuración del orden jurídico.
En otras palabras, se fortalece el poder del Ejecutivo en detrimento de la ciudadanía y se debilitan los contrapesos que sostienen la democracia mexicana. Debilitar al amparo es debilitar la democracia. Es poner en entredicho la certeza jurídica que necesitan los ciudadanos para vivir en libertad y las empresas para invertir.
Lo que está en juego
No se trata de un debate exclusivo de juristas, sino de un principio fundamental de convivencia democrática: el equilibrio entre el poder y la libertad. En cada modificación a la Ley de Amparo, se reduce la capacidad de la ciudadanía para defenderse y se incrementa la discrecionalidad de las autoridades.
En el México actual, donde la incertidumbre política y económica es un factor permanente, la seguridad jurídica se convierte en condición básica para la paz social y la competitividad. Sin amparo, los abusos de poder encontrarán menos frenos y los derechos ciudadanos perderán fuerza real.
Un llamado a la acción
Urge un diálogo amplio entre el Poder Legislativo, la sociedad civil, las organizaciones empresariales, la academia y los colegios de abogados para reconsiderar estas reformas. El amparo no debe debilitarse, sino fortalecerse como patrimonio histórico de la democracia mexicana.
El llamado va más allá de la defensa de un mecanismo jurídico: es una defensa de la libertad, de la certeza jurídica, de la inversión y del empleo. Solo con instituciones sólidas e independientes se puede garantizar justicia, prosperidad y paz.
La seguridad jurídica no es un lujo: es el fundamento mismo de la vida democrática, de la competitividad económica y de la paz social.
El juicio de amparo ha sido durante más de un siglo el escudo que protege a los mexicanos frente al abuso de poder. Hoy, ese escudo corre el riesgo de convertirse en una herramienta debilitada, insuficiente y cada vez más lejana a la ciudadanía.
La pregunta que queda en el aire es si México permitirá retroceder en su legado jurídico más importante o si, por el contrario, será capaz de defenderlo y fortalecerlo en beneficio de las generaciones futuras.
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