El narcotráfico no se combate solo con decomisos ni detenciones espectaculares. En los últimos años, Estados Unidos ha afinado una estrategia de gran impacto: convertir a los capos capturados en piezas clave del ajedrez legal. Los testimonios de jefes de cárteles extraditados o arrestados directamente en suelo estadounidense se han transformado en armas silenciosas que desarticulan redes criminales, exhiben complicidades políticas y reconfiguran alianzas en el crimen organizado.
Uno de los casos más conocidos es el del narcotraficante mexicano Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, quien declaró en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán y ofreció detalles sobre sobornos a funcionarios de alto nivel. Pero no ha sido el único. La reciente colaboración de Dámaso López Núñez, ex aliado de El Chapo, y de varios operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha puesto a temblar a más de una red de poder.
Capturas recientes: golpes estratégicos
De acuerdo con la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU., entre 2023 y 2025 se han concretado al menos 40 capturas de alto nivel de miembros de cárteles mexicanos. Según un informe del Washington Office on Latin America (WOLA), estas detenciones forman parte de una política de “desarticulación sistemática de cúpulas” que busca no solo frenar el flujo de drogas, sino romper las cadenas de protección institucional y financiera.
Los cárteles más golpeados han sido el de Sinaloa y el CJNG, principales proveedores de fentanilo hacia Estados Unidos. La detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y su posterior extradición en 2023, se convirtió en una operación simbólica. A su vez, el arresto en Colombia de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de sicarios de Los Chapitos, envió una señal clara de cooperación trasnacional.
¿Qué significa que un narco “cante”?
En la jerga judicial, “cantar” implica colaborar con las autoridades a cambio de beneficios legales. Esto puede significar una reducción de sentencias, mayor seguridad en prisión o incluso cambio de identidad tras cumplir su condena.
“Estos testimonios valen oro. Revelan rutas de tráfico, estructuras internas, redes de lavado de dinero, ubicaciones de laboratorios y, lo más delicado, nombres de cómplices en las fuerzas del orden o en el poder político”, señala Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings Institution experta en crimen organizado.
A diferencia de los métodos tradicionales de espionaje o infiltración, la palabra de un testigo cooperante puede tener consecuencias legales inmediatas. Por ello, las fiscalías federales estadounidenses preparan durante meses a estos testigos antes de presentarlos ante un jurado.
Ecos de sus palabras: consecuencias directas
Las declaraciones de estos testigos han derivado en detenciones adicionales, congelamiento de cuentas bancarias y órdenes de aprehensión en México, Estados Unidos y otros países. Pero también han tenido un efecto disruptivo dentro de los cárteles, provocando reacomodos violentos, traiciones y purgas internas.
Además, cuando estos testimonios tocan nombres de políticos, alcaldes, gobernadores o elementos del ejército o la policía, el impacto es mayor. La información que sale en estos juicios no solo sirve para sentencias individuales. También evidencia redes de corrupción estructural.
Un caso emblemático fue el del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, detenido en EE.UU. en 2020 con base en investigaciones que incluían testimonios de narcos. Aunque fue liberado por presiones diplomáticas, el daño a la confianza institucional fue significativo.
Riesgos de hablar
El precio de cooperar puede ser altísimo. Las represalias contra familiares de los testigos, las amenazas de muerte dentro de las prisiones y el riesgo permanente de ser “cazados” por los mismos cárteles son realidades frecuentes.
Una fuente de la DEA, citada por el New York Times, confesó que al menos 12 testigos cooperantes han sido trasladados bajo identidad nueva al Programa de Protección de Testigos. “No solo están rompiendo el código del silencio del narco. Están desarmando una economía criminal basada en la intimidación”, afirma.
Sin embargo, en México, este tipo de colaboración no siempre encuentra respaldo. La falta de mecanismos de protección sólidos, el miedo a filtraciones dentro del propio sistema judicial y la desconfianza generalizada hacia las instituciones limitan las posibilidades de replicar esta estrategia.
Hacia un uso estratégico de los testimonios
Para que estos testimonios generen un cambio duradero, deben ser utilizados de forma inteligente y ética. No basta con obtener confesiones: hace falta que la inteligencia generada se traduzca en operativos quirúrgicos, reformas legales y políticas públicas que prevengan la corrupción.
Expertos como Edgardo Buscaglia, investigador de Columbia University, han insistido en que “la guerra contra el narco debe pasar del espectáculo al desmantelamiento real de redes”. Esto implica ir tras los empresarios que lavan dinero, los funcionarios que otorgan protección y los mercados que consumen drogas.
En el mismo sentido, la cooperación entre México y Estados Unidos debe dejar de centrarse solo en extradiciones y comenzar a compartir inteligencia financiera, fortalecer los sistemas judiciales y atacar la raíz del problema: la demanda de drogas y la impunidad.
Una oportunidad para México: legalidad y reconstrucción
Desde la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia, el combate al narcotráfico no puede reducirse a la lógica punitiva. Es necesario reconstruir el tejido social, garantizar el acceso a oportunidades para los jóvenes, y fomentar una cultura de legalidad y justicia con rostro humano.
El padre Alejandro Solalinde ha declarado en múltiples ocasiones que “el crimen organizado se alimenta del abandono institucional y la desesperanza de las familias”. Recuperar el sentido de comunidad, la ética del servicio público y la corresponsabilidad social son pasos esenciales.
Cuando un narco “canta”, lo que está en juego no es solo su sentencia, sino la posibilidad de derribar estructuras criminales enteras… o protegerlas si no se actúa con transparencia. Su voz puede ser un instrumento de justicia o una moneda de cambio. El desafío para nuestras sociedades está en elegir el camino del compromiso, la legalidad y la verdad.
La cooperación internacional, la protección a testigos y la voluntad política son claves. Pero también lo es nuestra exigencia ciudadana de que la justicia no se negocie, sino que se construya desde la verdad y para el bien común.
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