La extorsión ya no es un delito marginal se ha convertido en una industria del miedo que en México ha dejado más de 26 mil millones de pesos en pérdidas al año y condiciona el crecimiento económico de miles de negocios, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ante el incremento de este delito en los últimos años, el gobierno federal conformó la Estrategia Nacional contra la Extorsión que anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y respaldado por todas las fuerzas del gabinete de seguridad. Con esta iniciativa las autoridades pretenden contener una amenaza que, hasta ahora, ha crecido sin freno.
Esta estrategia busca desarticular redes criminales que lucran con amenazas y cobros ilegales, actuar directamente contra quienes extorsionan desde penales, y proteger a quienes hasta ahora han sufrido en silencio: pequeños empresarios, comerciantes, transportistas, familias. Pero también plantea un cambio de fondo: que el Estado asuma un rol más activo, que persiga de oficio, que no espere a que la víctima denuncie cuando el miedo ya la paralizó.
La estrategia instrumentada por el gobierno federal tendrá un alcance nacional y tres ejes fundamentales: inteligencia, operación y reforma legal. Las primeras acciones se concentrarán en ocho estados prioritarios –Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guerrero y Michoacán– donde se acumula el 66 por ciento de los reportes.
Uno de los principales cambios será la creación de Unidades Antiextorsión estatales, especializadas, con agentes capacitados y respuesta inmediata. También se reforzará el uso de inteligencia financiera para rastrear cuentas y bloquear recursos, y se intensificará la intervención en penales para frenar llamadas criminales desde el interior de las cárceles.
“Vamos a perseguir este delito como lo que es: una amenaza directa al desarrollo y a la vida cotidiana de millones de personas”, dijo García Harfuch durante el anuncio de esta estrategia nacional. Agregó que para ello, se contempla un nuevo protocolo nacional de atención a víctimas vía 089, con personal capacitado en manejo de crisis, así como nuevos canales digitales de denuncia anónima.
Crece como hongo
De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de 2025 se registraron más de tres mil 800 víctimas de extorsión, un aumento del 26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El Estado de México concentra más de la mitad de los casos, seguido de Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz. Tan sólo en la capital del país, la extorsión repuntó 172 por ciento en los primeros cinco meses del año.
Cabe señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estiman que entre el 95 y el 99 por ciento de los casos no se denuncian. La extorsión telefónica, por ejemplo, ocurre todos los días en todo el país. En muchos casos no se concreta, pero el impacto emocional persiste.
La Coparmex indicó que cada día, 32 personas son víctimas de extorsión en México, y afirmó que el 12.8 por ciento de sus empresas afiliadas ha sido blanco de este delito. Siete de cada diez casos se dan por vía telefónica. Y casi la mitad del empresariado considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer.
El sindicato empresarial indicó a través de un comunicado de prensa que respaldaba la medida tomada por el gobierno federal para combatir la extorsión, sin embargo, también mantuvo sus reservas.
El organismo patronal indicó que desde 2023, venía exigiendo una Ley General de Extorsión, y aunque reconoció el esfuerzo federal, advirtió que sin un marco legal claro, todo podría quedarse en buenas intenciones.
“La estrategia representa un paso indispensable, pero para que tenga impacto real debe acompañarse de reformas legales profundas”, apuntó. En este sentido, respaldó la intención de la presidenta Sheinbaum de enviar una iniciativa de ley al Congreso, y recordó que desde hace dos años impulsó una reforma al artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión pueda legislar de forma uniforme en esta materia.
La Coparmex recordó que la propuesta empresarial incluye penas más claras, coordinación federal-local, eliminación de “puertas giratorias” judiciales y atención diferenciada según la región. También urgen medidas específicas para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 65 por ciento del empleo formal y, paradójicamente, son las más vulnerables frente a este delito.
Insistió en la necesidad de reconstruir el tejido social desde la base a través de la educación en legalidad, prevención en comunidades y campañas que no solo informen, sino transformen mentalidades. “La extorsión no puede seguir siendo parte de la normalidad”, resaltó.
La administración federal busca contener este delito como símbolo de una nueva etapa: de un Estado que no espera a que la violencia escale, sino que actúa antes. Pero la transformación no será inmediata. En un país donde el miedo ha aprendido a disfrazarse de rutina, la verdadera prueba será recuperar la confianza.
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