Ante el incremento desbordado de la violencia y la extorsión en el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al Senado a dictaminar a la brevedad la iniciativa de Ley General para Prevenir, investigar y Sancionar la Extorsión recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, ya que esta permitirá homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías estatales para combatir ese delito.
El organismo patronal señaló que en lo que va del año, en el país se han registrado ocho mil 585 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento de 5.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, y resaltó que de esta cifra el 11.8 por ciento ocurrió en los 43 municipios fronterizos, lo que refleja un aumento del 15.2 po4 ciento en comparación con el año pasado.
Con estos niveles de inseguridad, la frontera norte se ha convertido en una amenaza directa a crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.
En este sentido, la Coparmex recalcó que la seguridad es la base del Estado de Derechos, así como condición indispensable para el desarrollo económico y social.
“Las extorsiones, el cobro de piso y las amenazas afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son el corazón productivo de nuestras comunidades. Cuando un empresario se ve obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierde mucho más que un negocio: se pierden empleos, oportunidades y confianza”, aseveró.
Abundó que la Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025. Aunque el 74 por ciento de estos intentos no se concretó, cinco mil 959 extorsiones fueron consumadas o contaron con datos suficientes para abrir carpeta de investigación. Sin embargo, la cifra negra por este delito alcanza el 97 por ciento,, lo que implicaría que solo se está atendiendo al tres por ciento de los casos reales. Este fenómeno crece a un ritmo inaceptable, sin que existan respuestas proporcionales ni políticas públicas efectivas para frenarlo.
Advirió que la frontera norte, que abarca tres mil 200 kilómetros de extensión y seis estados estratégicos —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, representa el principal motor exportador del país. Sin embargo, esta región enfrenta graves desafíos derivados del tráfico ilegal de personas y mercancías, del contrabando y de la disputa entre grupos que operan bajo la ley por el control de rutas. Esta combinación de factores incrementa la violencia y la vulnerabilidad de la actividad económica.
Añadio que a esto se suma el impacto humano: más de 135 mil personas permanecen desaparecidas en México, y en estados fronterizos como Tamaulipas y Nuevo León se concentra una parte significativa de estos casos. Además, en lo que va del año, uno de cada cuatro asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios) ocurrieron en alguna entidad fronteriza.
El sindicto patronal destacó que la impunidad en materia de desapariciones y delitos violentos mina la confianza en las instituciones y debilita la percepción de justicia, un pilar esencial del Estado de Derechos.
Nuestros Centros Empresariales de Coparmex que se encuentran en ciudades fronterizas han documentado el creciente clima de inseguridad y extorsión que enfrentan sus agremiados.
Las amenazas, cobros ilegales y hostigamientos han limitado la actividad productiva y desincentivado nuevas inversiones. Esta situación no puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda nacional.
Es por ello que urgió al Senado a dictaminar a la brevedad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados.
Recalcó que esta legislación representa una oportunidad para homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías estatales.
Si bien en algunos puntos de la frontera se perciben momentos de relativa estabilidad, esta no puede depender de factores informales o circunstancias coyunturales. La seguridad y la tranquilidad deben ser resultado de instituciones sólidas, de cuerpos policiales profesionales y de un Estado de Derecho que garantice la protección de las personas y la libre actividad económica. Cualquier control que no provenga de la autoridad legítima es insostenible y termina afectando el desarrollo, la inversión y la confianza. Por ello, es indispensable reforzar la coordinación institucional para asegurar condiciones de paz duraderas y garantizar que la actividad productiva pueda desarrollarse sin riesgo ni presiones de ningún tipo.
El organismo empresarial exigió una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, la depuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, y el uso de inteligencia financiera para rastrear el dinero que alimenta la extorsión. Además, dijo que es indispensable garantizar condiciones de seguridad para empresarios, trabajadores y ciudadanos, porque sin seguridad no hay inversión, ni empleo, ni desarrollo posible.
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