La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Indicó que esta nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país.
El organismo patronal indicó que en México, la dimensión del problema es innegable, por lo que durante mucho tiempo insistió en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar su expansión, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyes) del país.
Sin considerar la cifra negra de 97 por ciento de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos. Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general –no se especifica por empresas o comercios– e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodología de la ENVIPE.
El organismo patronal reveló que el 12.8 por ciento de sus empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5 por ciento). Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5 por ciento de sus afiliados consideran que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse, por tal motivo, la Coparmex indicó que estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles.
El sindicato patronal consideró que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que el gobierno federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables.
Consideró que para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables:
1. Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
2. Capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
3. Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.
Señaló que la minuta incorpora progresos relevantes como el incremento de penalidades, donde las sanciones generales oscilan entre 15 y 20 años de prisión y pueden llegar hasta 30 años en casos agravados. Reconoció también las disposiciones que refuerzan las obligaciones de los servidores públicos encargados de seguridad, investigación y custodia, quienes enfrentarán penas hasta en un tercio mayores e inhabilitación cuando participen en la comisión del delito. Dicha medida es fundamental para impedir que redes que operan al margen de la ley, incluso con apoyo interno, continúen afectando a personas y Empresas en todo el país.
El organismo patronal indicó que valora la incorporación de mecanismos de protección reforzada para víctimas, como el resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnológicas que garanticen el anonimato, así como la inclusión de una perspectiva de género en la atención.
Añadió que es relevante la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles. Desde la Confederación hemos reiterado que una parte significativa de las extorsiones se origina en estos espacios, por lo que esta disposición es indispensable para cortar de raíz una fuente persistente de intimidación y daño económico.
Además, para las mipymes, que son el motor del empleo y del desarrollo local la nueva ley es un instrumento indispensable. La extorsión frena su capacidad de invertir, operar y crecer; en muchos casos las obliga a cerrar y rompe cadenas productivas completas. Contar con un marco jurídico homologado y con sanciones claras ofrece certidumbre y fortalece las condiciones necesarias para que comercios, pequeños negocios y emprendedores trabajen, inviertan y crezcan en un entorno seguro, libre de amenazas y cobros ilícitos.
Finalmente, la Coparmex reafirmó su disposición para colaborar con el Poder Legislativo, autoridades de seguridad y gobiernos estatales y municipales en una reglamentación clara que brinde certeza a las víctimas y asegure definiciones precisas que protejan plenamente los derechos humanos y eviten interpretaciones discrecionales.
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